CJNG trafica mercurio, desde minas de Querétaro, hacia Sudamérica; lo usan para separar oro

Una investigación de la organización no gubernamental estadounidense Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), publicada el 24 de julio de 2025, expuso la operación de contrabando de mercurio más grande documentada, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tomó el control de minas de mercurio en México, facilitando el tráfico de 200 toneladas de mercurio hacia países sudamericanos, donde era usado para la minería ilegal de oro, generando ocho mil millones de dólares en dich ilegal, entre 2019-2025, todo a costa de un grave impacto ambiental, humano y legal en la región.

Según el informe de la ONG con sede en Washington D.C., titulado ‘Los traficantes no dejan piedra sin remover’, la incursión del CJNG en la minería queretana convirtió la extracción local en una operación casi industrial, con presencia de hombres armados y torres de vigilancia en los yacimientos, indicios del control criminal. Bajo este dominio criminal, la producción de mercurio se disparó para alimentar mercados ilícitos, mostrando cómo el narcotráfico diversificaba sus negocios.

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El Cártel -liderado por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”- ha establecido control sobre un clúster de cinco minas estratégicas (Cristo Vive, La Fe, El Mono, La Peña y La Perla), ubicado en la Sierra Gorda de Querétaro, elevando la producción a niveles “casi industriales”, según fuentes locales citadas por EIA.

Los investigadores de la ONG estadounidense documentaron la construcción de fortificaciones militares en diciembre 2023, incluyendo puertas, puntos de control, torres de observación con cámaras y alambres de púas, evidenciando la militarización de la zona minera. Además, recibieron amenazas directas con gestos de degollamiento y fueron seguidos por elementos del cártel, demostrando el nivel de control territorial y la disposición a usar violencia para proteger la operación.

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Según la EIA, la organización criminal manejaba una sofisticada red que exportaba mercurio disfrazado como “material de construcción”, desde puertos mexicanos como Manzanillo, Colima, y Veracruz, logrando eludir incluso inspecciones con rayos X, hacia Bolivia, Colombia y Perú, donde se procesaba para la minería aurífera ilegal.

Entre 2019 y 2025 se realizaron unas 50 exportaciones sospechosas, enviando aproximadamente 200 toneladas de mercurio ilegal hacia Perú, Colombia y Bolivia, sin detección. El impacto económico resultó en que los precios del mercurio alcanzaron 330 dólares estadounidenses por kilogramo, en mayo de 2025, generando una “fiebre del mercurio”, que incentivó la expansión de las operaciones criminales y atrajo una mayor participación del crimen organizado.

Según la ONG estadounidense, las operaciones contaminaban la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda -miembro del Programa Hombre y Biósfera (MaB), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)- con concentraciones de mercurio 150 veces superiores a las normas mexicanas en suelos residenciales y 1,400 veces en sedimentos de ríos.

Asimismo, la investigación reveló la consolidación de la “trifecta oro-mercurio-drogas” en América Latina, donde el CJNG participaba en múltiples actividades ilícitas interconectadas, que incluían tráfico de armas y violaciones de derechos humanos. A pesar de que México ratificó la Convención de Minamata en 2017, la producción de mercurio persistía sin control efectivo, con el período de gracia que se extendería hasta 2032, siendo aprovechado por organizaciones criminales.

La red incluía a Alejandra Pulido Briseño, ex diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), quien fue identificada por la EIA como pareja sentimental y socia de Juan José Zamorano Dávila, el líder de la operación. Según la investigación, la ex legisladora conoció el esquema de contrabando y trabajó previamente para los Gobiernos de Querétaro y Puebla.

Además, el auge del oro ilegal en Sudamérica disparó la demanda clandestina de mercurio. “No hay oro sin mercurio”, resumió un minero sobre la dependencia de este insumo. La mayor parte de la minería de oro artesanal -a menudo ilegal- usaba mercurio diariamente para separar el oro, generando contaminación en el proceso. Debido a las prohibiciones, el mercurio mexicano se cotizaba hasta 400 por ciento más caro en las minas del Amazonas que en su punto de origen, creando márgenes enormes que atraían a grupos criminales.

El mercurio figura entre las 10 sustancias más mortíferas del mundo y, una vez dispersado, prácticamente no se destruye. La exposición continua deja una estela de graves daños a la salud pública: mineros y pobladores sufren efectos crónicos por la contaminación con este metal pesado.

Según la ONG internacional, en México ya ocurrió un caso alarmante: una comunidad entera fue intoxicada tras la contaminación de su río con mercurio proveniente de las minas locales. Por su impacto en la vida y el bienestar, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificaron esta crisis toxicológica como una violación a los derechos humanos básicos.