En el principal destino turístico de Baja California Sur no todo es mar, arena, sol, hoteles lujosos y excesos de vacacionistas; la población que vive en las entrañas del municipio de Los Cabos enfrenta problemáticas graves que dañan el derecho al agua, con una crisis hídrica cada vez remarcada que encarece un servicio sin que tengan una garantía de que lo recibirán.
Esto no sólo según testimonios de habitantes de las ciudades de Cabo San Lucas y San José del Cabo, sino estudios desarrollados por investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), que remarcan la cruda realidad de una sociedad que vive sin acceso digno al agua.
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En el imaginario colectivo Los Cabos representa zonas paradisíacas, que se venden turísticamente como exclusivas y deseables, sin embargo, detrás de todo esto hay una población que sostiene la actividad del municipio mientras enfrenta la crisis hídrica permanente.
Habitantes de Cabo San Lucas comentan que en sus hogares el servicio de agua llega a presentarse hasta cada 30 días en promedio; en otras situaciones más extremas, hasta seis meses.
“Hace poco me mudé; vivía en alto de Miramar y ahí nunca me llegó el agua en los seis meses que estuve ahí, quizás porque estaba en alto, no sé. Ahora vivo en Villas de la Joya; según me dijeron que nunca me faltaría agua porque está cerca del hospital general, pero sí me hizo falta”, compartió la ciudadana Celia Salgado.
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Enfatizan que la situación se ha agravado administración tras administración. Una ciudadana de la colonia Miramar en Cabo San Lucas refiere que con el gobierno municipal de Armida Castro (2018-2021) el agua llegaba cada 10-12 días; con el exalcalde, Óscar Leggs, de 15 a 20 días; sin embargo, ahora con el presidente, Cristian Agúndez, los hogares pueden estar hasta 30 días sin recibir una gota del vital líquido.
Toda esta situación orilla a la población a invertir en mecanismos de recolección de agua y otro tipo de servicios para poder desarrollar sus actividades básicas.
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Hay quienes comentan que se vieron obligados a comprar más de dos tinacos y otros mencionan que las pipas “son un lujo muy necesario” para poder vivir en la joya de la corona turística de Baja California Sur.
“Tengo una cisterna de cinco mil litros y tres tinacos de mil 100 cada uno; todos los meses pago una pipa de mil pesos para llenar la de cinco mil una vez que se me acaba la que suministra OOMSAPAS, esto ya es permanente”, compartió el ciudadano Ricardo Rodríguez.
“También pago el recibo de agua que ronda aproximadamente en los 400-600 pesos, es decir de mil 400 a mil 600 pesos de agua mensual. Cae agua al menos en el fraccionamiento cada 36 días”, agregó.
Hay otros testimonios, como el de la ciudadana Cinthia Morales, quien expone que lleva 10 años pagando el servicio de pipas porque no tiene tubería. Paga 500 pesos a la semana por dos tinacos; en total, dos mil pesos al mes.
ZETA ha buscado declaraciones y entrevistas sobre este tema a través de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Los Cabos, sin embargo, la titular del área, Cristina Medina, no ha respondido a ninguna de las solicitudes que he hecho este Semanario, a pesar de que mantiene un enlace diario con un grupo de reporteros y comunicadores.
En redes sociales, el alcalde Christian Agúndez ha compartido información sobre apoyo con pipas enviadas a viviendas que están asentadas en Los Cabos para combatir la problemática.
El Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) dio a conocer que han implementado tecnología de última generación a través del Proyecto MIG.
Este programa, según precisó OOMSAPAS, contempla la instalación de 35 macromedidores y 42 dispositivos que permiten monitorear en tiempo real variables críticas como presión, caudal, niveles de almacenamiento y funcionamiento de los equipos.
No obstante, para los habitantes de Los Cabos es una realidad de que desde la llegada de Christian Agúndez al ayuntamiento se ha agudizado una problemática que, enfatizan, no creían que podía ser más crítica, sin que el alcalde y su equipo respondan a cuestionamientos claves en el tema.
AFECTACIONES A UN DERECHO HUMANO
La profesora investigadora de tiempo completo de la UABCS, la doctora Lizzeth Aguirre Osuna, en una presentación virtual a través de la página del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (Coscyt), realizó la ponencia “El Derecho humano al agua y saneamiento”, en donde expuso la situación que enfrenta la población de Los Cabos desde la perspectiva del estudio académico.
En esta investigación detectaron diversas afectaciones al derecho humano al agua, a través de testimonios y la percepción de habitantes de Cabo San Lucas.
Desde un inicio reportan que el 82 por ciento de la población afirmó que cuenta con servicio de agua potable en sus domicilios; asimismo, el 71.2 por ciento cuenta con alcantarillado, lo que limita el goce de este derecho.
Con respecto al gasto mensual en este servicio, el 26 por ciento confirmó que paga 250 pesos o menos; el 32 por ciento habla de 500 pesos; un 13.7 por ciento gasta aproximadamente mil pesos; y el 27.4 por ciento mil 500 pesos o más.
La doctora precisó que quienes gastan más de mil 500 pesos al mes se debe a que, principalmente, recurren a la compra de servicio de agua en pipas.
Asimismo, enfatizó que uno de los elementos del derecho al agua es que el costo no sea un obstáculo para acceder a este derecho, requerimiento que según el testimonio de pobladores no se cumple.
Sobre el tiempo que tardan en recibir el servicio, el estudio arrojó que el 52 por ciento registra distribución de agua cada 20 días o más; el 18.6 por ciento cada 15 días; el 11 por ciento una vez por semana; el 11 por ciento nunca y un 5 por ciento a diario.
Al ser cuestionados sobre si se han quedado sin agua potable para las actividades diarias, el 89 por ciento respondió que sí, mientras que el 75 por ciento se ha visto obligado a hacer adecuaciones en su vivienda para recolectar el vital líquido.
En este sentido, el 58 por ciento de las personas encuestadas consideran que las autoridades no garantizan su derecho al acceso al agua, mientras que un 41 por ciento considera que lo hacen parcialmente.
Aguirre Osuna expuso que la mayoría de la población empleaba recipientes para usar el agua, también recurren a la reutilización del líquido después de usar la lavadora, evitan baños prolongados, o incluso utilizaban el agua para reutilizarla después de haber lavado frutas o el agua después de bañarse para regar las plantas.
“Se requiere que el organismo encargado de dar este servicio tenga un mejor sistema de distribución, un tandeo más frecuente, más justo, más transparente para todas las colonias para que no se dé este desabasto. Estamos hablando de 20 días sin recibir este servicio; esto nos habla de una precarización de este derecho y que se requiere tomar acciones definitivas”, expuso la investigadora.
¿CÓMO GARANTIZAR EL ACCESO A ESTE DERECHO EN LOS CABOS?
La profesora investigadora subrayó que el derecho al agua, al estar consagrado en la Constitución, con las reformas que se implementaron en 2022, existen medios que se pueden interponer para exigir el cumplimiento del servicio.
Aguirre Osuna reiteró que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) ya ha vinculado el cumplimiento al principio de progresividad de derechos humanos.
En este escenario, informó que como gobernados “podemos hacer uso del juicio de amparo para exigir el cumplimiento del acceso al agua”.
“Es un derecho que se puede judicializar, podemos exigir al Estado el respeto a este derecho humano; ya la Suprema Corte de Justicia lo ha señalado con resoluciones en las que obliga al Estado a proteger este derecho”, indicó.
En su ponencia recordó que fue en 2002 cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció el derecho al agua en la observación general número 15, documento que, por primera vez, de manera explícita habla del derecho al agua potable y al saneamiento.
Posteriormente la ONU, en 2010, lo reconoce como un derecho esencial y con la reforma en México en 2012 al artículo cuarto Constitucional ya lo incorpora expresamente como un derecho humano.
“Este artículo 4 si bien habla del derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para uso personal y doméstico, también habla de otros derechos fundamentales o incluso explica cómo debe darse de una manera suficiente, salubre, aceptable y asequible y que el Estado tiene la obligación de garantizarlo”, explicó la investigadora.
También recordó que México ha firmado tratados internacionales en los que se obliga a aceptar el ejercicio de este derecho, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer.
