“50 años sin buscar a ‘El Mayo’ y ahora sí lo quiere”, dice abogado de Ovidio a Gobierno de MX

Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López -alias “El Ratón”, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, así como presunto líder de “Los Chapitos”, “Los Menores” y/o “Los Chiquillos”-, criticó, el 24 de julio de 2025, al Gobierno Federal de México, por el caso del capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”, cofundador y ex líder del Cártel de Sinaloa.

“Durante 50 años no le interesó llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no para de pedir su regreso”, escribió Lichtman, en su cuenta de la red social, aludiendo a las declaraciones que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo, el mismo día, en el Salón Tesorería, del Palacio Nacional.

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La titular del Poder Ejecutivo Federal fue cuestionada respecto a si el Gobierno de México iba a seguir insistiendo en solicitar a su homólogo de Estados Unidos, información del presunto secuestro de Zambada García, que el viernes 25 de julio cumpliría un año de que se llevó a cabo.

La presidenta informó, el 14 de julio de 2025, que demandaría, por difamación, al abogado de “El Ratón”. Asimismo, detalló que dicho recurso contra Lichtman la presentaría en México, mediante la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, “porque no se puede dejar pasar”.

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“Primero, no voy a establecer diálogo con el abogado de un narcotraficante”, afirmó la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Ya el contenido de lo que dijo en relación con mi persona, no vale la pena entrar a eso”, comentó la mandataria nacional, quien además, mencionó que era importante que la Fiscalía General de la República (FGR) aclarara los dichos de Lichtman sobre el caso del el general de División en retiro, Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) -durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018-, quien fue detenido en Estados Unidos presunto narcotráfico y posteriormente fue extraditado a México, durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Al parecer, la presidenta de México @Claudiashein está disgustada con mis veraces comentarios sobre su oficina y gobierno corruptos. Puede convocar tantas conferencias de prensa apresuradas como quiera, pero el pueblo mexicano (y yo mismo) sabemos que actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder honesta que merece el pueblo mexicano. Tendré más que decir al respecto en breve”, dijo Lichtman, el 11 de julio de 2025, también en X.

Antes, Sheinbaum Pardo deslindó a su Administración de cualquier responsabilidad en el proceso judicial relacionado con la extradición de “El Ratón”, y tildó de irrespetuosas las declaraciones del abogado del hijo de “El Chapo”.

“Primero decir que son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial […] nosotros no establecemos relaciones de contubernio ni complicidad con nadie. Eso lo sabe el pueblo de México y lo saben todas y todos”, expuso la mandataria nacional, durante una gira de trabajo por Sinaloa.

La titular del Poder Ejecutivo Federal expresó que dicho asunto competía exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) y subrayó que la actuación en este caso se daba en el marco de tratados internacionales de extradición vigentes entre México y Estados Unidos.

“La Fiscalía es la responsable de cumplir con la orden de extradición y de mantener la coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos [DOJ, por sus siglas en inglés]. Esto no es una decisión política, es un tema judicial con base en la ley”, insistió la presidenta.

Horas antes, luego de que Guzmán López se declaró culpable de cuatro cargos federales ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, durante una audiencia presidida por la jueza Sharon Johnson Coleman, el abogado acusó a Sheinbaum Pardo de actuar como “el brazo de relaciones públicas de la organización narcotraficante” de “El Mayo”.

Durante una conferencia de prensa posterior a la audiencia, el litigante calificó de absurdos los comentarios de la mandataria mexicana, de que el Gobierno estadounidense no debió negociar con “El Ratón”, dado que, según recordó ella, el capo sinaloense era considerado terrorista y EE. UU. no negociaba con ese tipo de personas.

“Lo que le diría a la presidenta Sheinbaum es que tal vez debería fijarse en sus predecesores en la Presidencia y tratar de averiguar por qué sucedió eso. Por qué nunca se hizo ningún esfuerzo por detenerlo [a ‘El Mayo’], ni siquiera sé si Zambada ha sido acusado en México, de alguna manera, de alguna forma. En lugar de actuar como la publirrelacionista, el brazo de relaciones públicas de la organización de narcotráfico de Zambada, que es lo que parece”, expresó Lichtman.

“Si pensamos en el caso del general Cienfuegos, se le acusó de proteger a miembros del narco y después de que se le imputaran los cargos se insistió en que volviera a México porque México quería someterlo a juicio. Fue devuelto a México y fue exonerado de inmediato, y no solamente se le exoneró, sino que el presidente de México [López Obrador] dijo que la [Administración Antidrogas] DEA había fabricado la evidencia, algo otra vez absurdo, algo peor” declaró el abogado.

El mismo día, la Fiscalía General de la República rechazó las descalificaciones “injustas”, “irresponsables” y “oportunistas” contra las autoridades mexicanas, expresadas durante la audiencia en la que Guzmán López se declaró culpable de narcotráfico.

Sin identificar al responsable de emitir dichas descalificaciones, ni mencionar su contenido, la FGR respondió que quien denunciaba un delito, debía aportar pruebas, porque de lo contrario incurría en una ilegalidad.

“La FGR rechaza, de manera absoluta y contundente, descalificaciones injustas expresadas de manera irresponsable, sin aportar pruebas, y, todo ello, en busca de un oportunismo mediático que descalifica a quien dolosamente lo utiliza”, comunicó la Fiscalía.

“En relación con las declaraciones que se han hecho en torno a la audiencia judicial de Ovidio Guzmán López, en una Corte del estado de Illinois, en Estados Unidos, la FGR, en territorio nacional y en ese país, a través de nuestros Consulados y de la Embajada de México, está en disposición de recibir y documentar, de inmediato, cualquier denuncia al respecto”, subrayó la Fiscalía.

“Garantizando toda la libertad que nuestras leyes le reconocen a quienes pongan en el conocimiento de la autoridad, los delitos cometidos en nuestro País, o por alguna autoridad mexicana; refrendando que, de acuerdo con nuestras leyes, quienquiera que conozca de un delito tiene la obligación de denunciarlo ante las autoridades competentes, aportando las pruebas correspondientes. Y, quien no lo haga, incurre en una infracción legal por ello”, abundó la FGR.

“En el caso específico de Ovidio Guzmán López, quien fue aprehendido y extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica, en un operativo realizado por elementos de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano, y en cuyo enfrentamiento perdieron la vida diez elementos militares, en enero de 2023; y que, ya extraditado, fue imputado en la corte del estado de Illinois por diversos delitos de tráfico de drogas, delincuencia organizada y otros, casi dos años después, y posteriormente a diversos acuerdos judiciales, declaraciones de culpabilidad y retrasos de audiencias, el día de hoy dicho individuo, ante las autoridades judiciales norteamericanas, aceptó su culpabilidad en los principales delitos de los que fue acusado, asumiendo la responsabilidad penal y la prisión que se le vaya a imponer”, recordó la FGR, en un comunicado.

“Asimismo, se comprometió a ser testigo y a declarar en juicios de otros miembros de la delincuencia organizada, colaborando con las autoridades de ese país, de conformidad con los acuerdos que hayan establecido. La Fiscalía Federal de los Estados Unidos de Norteamérica propuso pena de prisión de por vida, pagando una cantidad aproximada de 80 millones de dólares”, señaló la FGR.

“Todos esos resultados tienen como origen fundamental el compromiso y las tareas realizadas por las autoridades mexicanas, al haber obtenido las órdenes de aprehensión originales, y al haber detenido en territorio nacional a dicho individuo, para ser extraditado. Lo cual demuestra, con resultados indudables, el compromiso de legalidad de nuestro país y de sus autoridades”, finalizó la Fiscalía General de la República.

Sheinbaum Pardo cuestionó, el 3 de julio de 2025, los acuerdos que “El Ratón” -de 35 años de edad-, firmó, el 30 de junio del mismo año, en el que aceptó declararse culpable y autorizó que su caso fuera resuelto en el Distrito Norte de Illinois, lo que también le permitiría cerrar el proceso penal que enfrentaba en el Distrito Sur de Nueva York.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal recordó que fue la Administración del presidente Donald Trump la que decidió clasificar como terroristas a algunas de las organizaciones criminales mexicanas, por lo que no era comprensible que el Gobierno de EE. UU. aceptara negociar con las mismas.

“Voy a hacer preguntas sobre el caso: ¿Cómo nombró el Gobierno de Estados Unidos a las organizaciones de la delincuencia organizada en México? y ¿qué ha dicho el Gobierno de Estados Unidos con relación a organizaciones terroristas? Y ¿qué está haciendo en este caso en particular?”, preguntó la mandataria nacional.

Sheinbaum Pardo recordó que fue el Gobierno mexicano el que detuvo y extraditó al hijo de “El Chapo”, por lo que la FGR debería ser informada de todo lo que ocurriera en el proceso penal contra el imputado en EE. UU. Sin embargo, aclaró que su Administración no saldría en defensa de ningún criminal, pero sí exigiría coordinación bilateral.

“Fue una detención que hizo el Gobierno de México, durante esa detención fallecieron soldados mexicanos y se extraditó. Entonces, todavía se está concentrando en un juicio, pero pues sí vale la pena hacer esa pregunta ¿no?”, enfatizó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Que quede claro nosotros no defendemos a nadie, no se trata de eso, porque hay que recordar el conflicto de Sinaloa cómo surgió, eso es importante para nuestro País. Nosotros, por supuesto que combatimos al crimen organizado, a la delincuencia organizada, pero es un caso de extradición, por lo menos deberían tener coordinación e información con la FGR”, reclamó Sheinbaum Pardo, quien, por otra parte, admitió que los homicidios dolosos se habían reducido en todo el país, con excepción de Sinaloa.

“Reducción en los homicidios, prácticamente en todas las entidades de la República, con excepción de Sinaloa”, manifestó la presidenta cuestionada respecto al caso del presunto secuestro de Zambada García.

“Se está llevando el juicio [de ‘El Mayo’, en Estados Unidos], lo que nosotros planteamos, pues es esta situación y los impactos que tuvo una detención como se dio en el caso de Sinaloa, que es uno de los estados que hoy tiene los mayores niveles de homicidios”, destacó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

El 25 de julio de 2024, en una finca ubicada en Culiacán de Rosales, Sinaloa, “El Mayo”, de 76 años de edad, fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno” -de 38 años de edad-, hijo de “El Chapo”. Zambada García fue trasladado a Nuevo México, en Estados Unidos, y luego detenido por elementos de la Administración Antidrogas de EE. UU. (DEA, por sus siglas en inglés), a las afueras de El Paso, Texas.