El Cabildo del Ayuntamiento de Ensenada aprobó por mayoría de votos el reconocimiento y pago de 13.5 millones de pesos a LUMO Financiera del Centro, S.A. de C.V., por servicios de recolección de basura realizados durante el primer semestre del 2025.
La supuesta deuda no tiene un sustento legal, de acuerdo con las primeras investigaciones hechas por la Sindicatura Municipal, a quien se le solicitaron documentos del contrato vigente, así como los procedimientos jurídicos correspondientes.
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El pasado 15 de julio se llevó a cabo en sesión de Cabildo, en la que se impuso la mayoría a la propuesta hecha por la presidenta municipal Claudia Agatón Muñiz, quien también votó a favor del pago.
Los antecedentes de pagos a esta empresa iniciaron con el exalcalde Armando Ayala Robles, quien le contrató los servicios a LUMO Financiera, propiedad de Luis Montaño García, uno de los colaboradores más cercanos del senador Adán Augusto López Hernández.
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Montaño colaboró en la campaña política rumbo a la Presidencia de la República de Adán Agusto y fue nombrado por él coordinador de asesores del Instituto Belisario Domínguez del Senado. Ayala Robles también fue impulsor de su candidatura, facilitando recursos económicos para sus recorridos por Ensenada; e incluso colaboradores de su gobierno dejaron el cargo para sumarse a la campaña.
Hace más de dos años que Ayala Robles, ahora senador de la República, solicitó renta de al menos 18 camiones recolectores de basura; todos estaban rotulados con su imagen o la de su gobierno.
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Durante el primer semestre de 2025, ya en la actual administración municipal, los mismos vehículos siguieron operando sin ningún contrato renovado, licitación pública ni dictamen del comité de adquisiciones, como lo señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La Tesorería Municipal confirmó que no se procesaron pagos durante ese periodo de seis meses y, por tanto, es una deuda que no existe jurídicamente.
Aun así, el cabildo validó el gasto de LUMO S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) registrada en el Estado de México, que ha celebrado contratos con varios gobiernos municipales ya que se especializa en arrendamiento y financiamiento para el sector público, incluyendo vehículos como camiones recolectores y maquinaria para municipios.
De acuerdo con la Ley Orgánica de los municipios, el haber aprobado un pago sin contrato ni licitación constituye un delito penal, desde peculado y malversación de fondos públicos, colusión entre funcionarios y tráfico de influencias. La ausencia de procesos competitivos también representa una falta a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos.
Durante la rueda de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue acordada sobre este tema de la renta de camiones recolectores y el pago “express” de la supuesta deuda.
La mandataria nacional respondió que hay instancias del gobierno que comenzarán a investigar.
“Será la propia Secretaría Anticorrupción, o de buen gobierno, la Función Pública, no sé cómo se llame en Baja California”, dijo.
“Pero sí recursos federales”, respondió Sheinbaum; tendrá que ser la Secretaría Anticorrupción hasta la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
SINDICATURA MUNICIPAL INVESTIGA
La Sindicatura Municipal, a cargo de Eli Oviedo, contestó que sí hay una carpeta abierta de investigación que analiza posibles responsabilidades administrativas y penales.
De comprobarse faltas graves, los funcionarios involucrados podrían enfrentar, suspensión del cargo, destitución o inhabilitación temporal, sanciones económicas y procesos penales por delitos de corrupción.
El 22 de julio de 2025, el Comité de Adquisiciones inició el análisis de nuevas propuestas para la recolección de residuos, con fallo programado para el 24 de julio y firma de contrato el 25 de julio, nuevamente con LUMO Financiera por un monto de 13.7 millones de pesos.
El nuevo contrato incluye 15 camiones recolectores, tres camiones de redilas y un dompe, a operar hasta diciembre de 2025.
La carpeta de investigación abierta por la Sindicatura determinará si los funcionarios responsables, incluyendo la presidenta municipal y los regidores que votaron a favor, deben enfrentar sanciones administrativas y penales. Y ninguno de los involucrados goza de fuero.
Los funcionarios que están siendo investigados por este pago y nuevo contrato, son el Oficial Mayor, Eleazar López Quihuis; el tesorero municipal, Víctor González Verduzco; la directora de Servicios Públicos, Carolina Rivas; así como los integrantes del cabildo que votaron a favor.
