Tres meses; cinco, seis, nueve y hasta 17 años es el tiempo que denuncian viudas de policías municipales, sin que reciban la pensión que les corresponde tras el deceso de sus parejas y padres de sus hijos, y aunque han buscado el apoyo del actual gobierno municipal, encabezado por Ismael Burgueño Ruiz, siguen sin resultados.
“Hay un video en TikTok, donde él -Ismael Burgueño- dice que les iba a dar un bono a los policías por lo que trabajan, y que iba a estar al 100 por ciento con las viudas y con los hijos de los policías caídos; lo dijo hace como tres cuatro meses y nomás nada”, manifestó una de las enlutadas.
El oficial de la Policía Municipal, Juan Gualberto Jáuregui Ruvalcaba, adscrito al Distrito de Los Pinos, le dio 10 años de su vida a la corporación y fue asesinado de un disparo en la nuca la mañana del 20 de mayo de 2015, al salir de su casa ubicada en la colonia Mariano Matamoros Centro; y desde entonces, ni su esposa Ana Karen Sánchez Medina, ni sus hijos, han visto un sólo peso de la pensión que les corresponde.
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En el caso de Ana Karen, quien no cuenta con un trabajo fijo y prácticamente vive al día vendiendo cosas, pues su esposo era el sostén de su familia, sólo recibe un apoyo para sus hijos de menos de 10 mil pesos cada trimestre, lo que es insuficiente.
“Nos dan un apoyo para los hijos de policías caídos -de mil pesos por mes-, pero pues es cada mes, pero el municipio te lo da cada tres mes cuando no te alcanza, se juntan los tres meses -sumando 9 mil pesos-, pero ellos -hijos- estudian todos los días. No nos alcanza”, expresó Karen Sánchez.
Tampoco Zaira Marcela Duarte García-esposa del Supervisor Operativo del Distrito San Antonio de los Buenos, Enrique Gerardo Ramos Telledos, quien contaba con siete años y cinco meses en la corporación al momento de ser asesinado por un sujeto que le disparó a él y a sus compañeros, al circular por la calle De la Perla de la colonia Obrera Primera Sección, el 5 de marzo de 2019-, ha recibido la compensación de ley.
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Mismo caso es el de Clara González Alonso, esposa del agente Efraín Flores Munguía, quien estaba adscrito al Distrito Florido-Mariano y tenía 22 años de servicio en la Policía Municipal, cuando falleció de un infarto el 4 de febrero de 2025. Fue por esta misma razón que, dijo, se excusaron en que su caso no ameritaba la pensión.
“No nos han dicho nada -sobre el dinero-, me dijeron que no, que porque a mi esposo no lo habían matado no hay ayuda para mí”, mencionó la señora González, agregando que desde ese entonces ha vivido prácticamente de la caridad de su familia, quienes se cooperan para pagar su casa.
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“Estoy pagando casa, son más de 9 mil pesos. A mi hijo cada 6 meses le cobran 4 mil 800 de la inscripción de la universidad; tengo que pagar luz, agua, teléfono, gas; se paga la privada, se paga la luz de la privada, la seguridad, la basura, se paga todo. Yo vivo de lo que me va dando la familia, porque vendo comida, pero no es algo seguro porque hay días que puedo vender y hay días que no”, comentó Clara con la voz entrecortada.
Otros casos
Otros casos de viudas que están en el desamparo junto a sus hijos por la falta de pensión son María Araceli Rafael Raygoza, viuda del oficial Esaú Ríos Montiel, adscrito al Distrito Centenario, cuyo cuerpo decapitado fue dejado junto al de otras ocho personas, entre ellas dos policías más, en un camino vecinal del área de Granjas Familiares, la madrugada del 29 de noviembre de 2008.
También Magdalena Cervantes Anguiano, esposa del policía comercial caído con 10 años de servicio, Saúl Mateo Calderón, asesinado de un disparo en el pecho y otro en el estómago, el 28 de mayo de 2016, mientras regresaba a su casa ubicada en la colonia 3 de Octubre; y la viuda es la del oficial Joel Huerta Ramírez, adscrito al Distrito Cerro Colorado, quien tenía 12 años en la Policía Municipal cuando fue asesinado a balazos la madrugada del 24 de noviembre de 2018 sobre el bulevar El Refugio, en la delegación La Presa.
Así como María Elena Zalpa Álvarez, viuda del oficial Omar Araujo, quien dio 21 años de servicio y falleció el 5 de enero de 2019; Jesús Karina Valdez Cota, cónyuge de Israel Meza Durán, fallecido el 14 de diciembre de 2019 a los 14 años de servicio; Janeth Rodríguez Reyes, esposa del oficial Joel Saraos Ruiz, asesinado el 7 de junio de 2020 en el cumplimiento de su deber, cuando fue atacado con un arma blanca el 24 de mayo del mismo año, al acudir a un domicilio ubicado en la calle 5 de febrero de la colonia 10 de Mayo, tras recibir un reporte de intento de agresión armada.
Otra afectada es Ana Navarro, cónyuge del oficial adscrito a Tránsito Municipal, Pedro Servín Chávez, quien fue ultimado a balazos por cuatro sujetos, resultando lesionado en el cuello, cuando documentaba un accidente vial en las calles Hacienda de las Delicias y Santa Cecilia, en la colonia Terrazas del Valle, la noche del 3 de septiembre de 2023; y Gilda Haydee Báez Vásquez, esposa del policía de protección comercial, Armando Aguilar Ángel, fallecido el 21 de noviembre de 2024.
Cuestionado por ZETA sobre la falta de entrega de pensión a las viudas de los oficiales fallecidos, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz aceptó que existe un rezago en dicho tema, aunque no dijo de cuánto, por lo que ya instruyó al secretario de Seguridad, José Alejandro Avilés Amezcua, a atender el tema.
“Realmente sí hay una situación que se tiene que seguir atendiendo. Encontramos un rezago de una situación algo compleja, en donde ya instruí al secretario de Seguridad y él está viendo ya el tema y teniendo acercamiento con quienes lamentablemente perdieron a su pareja por el cumplimento de su deber. El esquema no es sencillo, porque todo es dinero. Confío en que pronto ya tendremos algo que decir respecto a ese tema”, respondió Burgueño, aunque no dio fecha para ello.
De acuerdo con las entrevistadas, son 80 las afectadas que están faltas de recibir la pensión tras el fallecimiento de sus parejas.
