La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo vinculación a proceso, el 20 de junio de 2025, en contra de un funcionario de la Secretaría de Educación de Puebla (SEP), por su probable responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, en agravio de una periodista local.
“De acuerdo con la investigación, Andrés ‘G’, servidor público del sector educativo en la referida entidad, presuntamente ordenó iniciar un procedimiento administrativo en contra de la víctima y concluir su relación laboral por difundir notas informativas en las que cuestionaba actos del titular del Poder Ejecutivo estatal, constituyendo una represalia directa por el ejercicio de su libertad de expresión”, indicó la FGR, en un comunicado.
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“Cabe destacar que la víctima trabajaba como servidora pública, y en horario no laboral dirigía un medio de comunicación propio. Fue despedida en 2021, por la situación mencionada”, agregó la institución de procuración de justicia federal, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero.
“Posteriormente, los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la FEMDH, fueron suficientes para que un Juez de Control resolviera vincular a proceso a Andrés ‘G’, al considerar que ejecutó un acto arbitrario y contrario a derecho que limitó, afectó y menoscabó el ejercicio legítimo de la libertad de expresión de la víctima”, agregó la FGR.
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“Esta vinculación se suma a la dictada previamente en contra de Carlos ‘N’, quien fue responsable de cumplir las instrucciones de Andrés ‘G’, en su carácter de superior jerárquico inmediato de la periodista”, finalizó la Fiscalía General de la República.
Según lo reveló el medio digital local Municipios Puebla, la periodista difundió notas informativas, en 2021, en las que cuestionaba actos del entonces mandatario estatal, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, ex militante de Morena y quien desempeñó como gobernador poblano, desde el 1 de agosto de 2019, hasta su muerte, el 13 de diciembre de 2022.
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El 17 de junio de 2025, la FGR anunció que obtuvo vinculación a proceso contra Irene Olea Torres, ex presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, por su probable responsabilidad en el delito de intimidación, en agravio de testigos involucrados en la investigación, sobre un caso de tortura sexual cometida contra dos periodistas, en marzo de 2023.
Según la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, la imputada habría amenazado a testigos clave con la pérdida de su empleo, si declaraban ante las autoridades federales lo ocurrido durante los hechos.
El caso se relaciona con actos de tortura sexual perpetrados por elementos de la Policía Municipal, quienes presuntamente actuaron en represalia contra varias mujeres, incluidas dos periodistas, por ejercer su derecho a la libertad de expresión, señaló la FGR, en un comunicado.
Hasta ese momento, cinco policías municipales y un juez calificador estaban vinculados a proceso por su participación directa en los hechos. Además, 11 personas subordinadas a la ex alcaldesa también enfrentaban proceso penal por delitos vinculados, como la presentación de informes falsos, con el fin de encubrir los actos de tortura.
Durante la audiencia, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal consideró que el Ministerio Público Federal, adscrito a la FEADLE, presentó datos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad de Olea Torres. El juzgador otorgó dos meses para la investigación complementaria y decretó medidas cautelares para proteger a las víctimas.
El 11 de abril de 2025, la Red Puebla de Periodistas solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República que, a través de la FEADLE, investigara las recientes agresiones digitales y físicas dirigidas contra tres comunicadores poblanos.
En un escrito dirigido al titular de la FGR, la organización no gubernamental manifestó su preocupación por el “ambiente adverso” para la libertad de expresión e información que se vivía en Puebla, después de hechos “violentos y preocupantes” que se habían registrado en la entidad en los últimos días.
La Red Puebla de Periodistas pidió, además, que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Federal, brindara medidas de protección a estos comunicadores, mientras que las investigaciones, que se abrieran por cada caso, siguieran su curso.
