La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), documentó transacciones por de Vector Casa de Bolsa, por 40 millones de dólares, vinculados a supuestos sobornos del Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna, ex titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP), durante el Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012.
Entre la documentación exhibida por el Departamento del Tesoro de EE. UU., el 25 de junio de 2025, se identificaron transacciones hacia Vector Casa de Bolsa, de recursos provenientes de sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa, al que fuera el “máximo responsable de la seguridad pública” en México.
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Según la FinCEN, entre 2013 y 2019, una empresa controlada por García Luna realizó transacciones con Vector, por un monto superior a los 40 millones de dólares. Por ello, el USDT consideró que estas transacciones involucraron recursos provenientes de sobornos al ex funcionario federal mexicano y, junto con las transacciones realizadas por una “mula”, probablemente facilitaron el tráfico ilícito de opioides, por parte del Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, según una investigación realizada por la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), las transacciones financieras vinculadas a García Luna, a través de Vector Casa de Bolsa, fueron indagadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)-, desde 2024.
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Édgar Abraham Amador Zamora -actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nombrado, el 7 de marzo de 2025, como el relevo de Rogelio Ramírez de la O, quién renunció, el mismo día, a dicho cargo-, trabajó en Vector. Mientras que Alfonso Carlos Romo Garza -de 74 años de edad y Jefe de Gabinete del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 2 de diciembre de 2020-, es el propietario de dicha casa de bolsa.
Según lo detalló MCCI, Nunvav Inc, empresa de Samuel Weinberg López y su hijo Alexis Weinberg Pinto, a quienes la Administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideraron como los prestanombres de García Luna, transfirió 47 millones de dólares a Vector, mismas que fueron investigadas por la UIF, en 2024.
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Ello como parte de la demanda civil que el Gobierno mexicano presentó en 2021, ante un Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, en contra de los Weinberg y de García Luna, con el objetivo de recuperar unos 600 millones de dólares que supuestamente fueron desviados del erario, a través de Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc.
Los requerimientos de la UIF respecto a la información bancaria de Vector comenzaron el 12 de junio del 2024, cuando, a solicitud del despacho de abogados que representaba a la Unidad de Inteligencia Financiera, la jueza del caso, Lisa Walsh, envió una carta rogatoria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para solicitar información sobre las operaciones realizadas por la cuenta 36885306 de la casa de bolsa.
Además, el 9 de agosto de 2024, la UIF presentó una moción para que los Weinberg entregaran documentación que permitiera identificar el propósito de 35 transferencias que realizaron a Vector, entre septiembre del 2015 y septiembre del 2016, por un total de 47 millones de dólares.
La UIF también solicitó a los supuestos prestanombres de García Luna, copias de estados de cuenta o comunicaciones que hubieran tenido con Vector, respecto a estas operaciones. Las transferencias a dicha casa de bolsa se realizaron desde la cuenta que Nunvav Inc tenía aperturada en el Occidental Bank, de Barbados.
Esta cuenta, según la UIF, concentraba una parte de los fondos malversados que provenían de 30 contratos que fueron otorgados irregularmente a Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc, por el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OAD- PRS), durante los gobiernos de Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
En su respuesta, los Weinberg comunicaron a la UIF que no poseían ningún tipo de documentación respecto a las transacciones con Vector y señalaron que la solicitud debía ser canalizada a Nunvav, que era una parte acusada con representación independiente en la demanda.
Sin embargo, según MCCI, en los expedientes de la demanda civil no había registros de que Nunvav hubiera justificado las 35 transferencias que hizo a Vector, entre el 2015 y el 2016. Tampoco de qué ruta siguió el dinero una vez que fue recibido en la cuenta de la casa de bolsa, en Citibank.
A pesar de ello, el 26 de junio de 2025, durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el Gobierno de México no podría reconocer el delito de lavado de dinero, de parte de CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector), porque el USDT no había presentado pruebas contundentes.
“Hacienda insiste al Departamento del Tesoro que envíe información, pruebas contundentes de lavado de dinero; si ustedes leen la documentación que se publica ayer, pues no hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero, entonces cuál es nuestra posición: ‘Si hay pruebas se actúa, no hay impunidad, no importa quién sea, pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, afirmó la titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Entonces ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente, no hay pruebas. Si hay pruebas de la propia investigación de la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores [CNBV] de que hay lavado de dinero, se actúa administrativamente e incluso penalmente”, destacó la mandataria nacional.
La jueza Lisa Walsh, del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, desestimó, el 9 de junio de 2025, todas las reclamaciones restantes contra la familia Weinberg, debido a que la UIF no lo hizo de manera voluntaria, por lo que cerró el caso, pero indicó que sólo mantendría jurisdicción para verificar que se cumpliera un supuesto acuerdo alcanzado entre las partes.
El 23 de mayo de 2025, abogados de la UIF y de los Weinberg pidieron al Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, cerrar el caso sin perjuicio de que se pudiera reanudar posteriormente. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera afirmó, el día 27 del mismo mes y año, que el acuerdo aún no estaba cerrado.
La UIF informó, el 27 de mayo de 2025, a la jueza Walsh, que había llegado a un “acuerdo confidencial” con la familia Weinberg, por lo que pidieron desechar la demanda por su supuesta participación en un esquema de contratación ilegal gubernamental en México.
“Las partes llegaron a un acuerdo el 28 de febrero de 2025. Este acuerdo requiere que las partes lleven a cabo ciertos procedimientos legales en México”, explicaron la UIF y la familia Weinberg, en un escrito conjunto presentado ante la jueza Walsh, quien, de aceptar la solicitud, sólo vigilaría el cumplimiento del “acuerdo confidencial”.
El escrito de la UIF y la familia Weinberg agregó que las audiencias ante un juez mexicano, necesarias para implementar el acuerdo, estaban agendadas para el lunes 26 y martes 27 de mayo de 2025, en las cuales los Weinberg acordarían convertirse en testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de un criterio de oportunidad que les permitiría librar los cargos penales que enfrentaban, a cambio de pagar una reparación del daño.
Sin embargo, el diario publicó, el 26 de mayo de 2025, que Gregorio Salazar Hernández -juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México-, aplazó las comparecencias de Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo Alexis Weinberg Pinto, así como de su socio Natan Wancier Taub.
La comparecencia de los empresarios se realizaría por videoconferencia desde el extranjero. Uno de ellos, Weinberg Pinto, lo haría desde Madrid, España, donde enfrentaba en libertad provisional su juicio de extradición a México.
Los tres empresarios tenían una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por el caso del presunto desvío de 5 mil 112 millones de pesos del sistema penitenciario federal, a través de 10 contratos ilícitos a empresas relacionadas con García Luna.
Los Weinberg eran proveedores de equipos de seguridad que, durante los sexenios de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, recibieron contratos millonarios a través de empresas como ICIT Holding y Nunvav Inc.
La FGR los acusó de que esos contratos habrían sido adjudicados en forma ilegal y que los Weinberg habrían recibido información privilegiada de la SSP Federal al mando de García Luna, quien también vivió en dos residencias de lujo en Miami, propiedad de dichos empresarios.
Una de ellas era una mansión de 3.3 millones de dólares ubicada en Golden Beach y otra un penthouse de 2.3 mdd, en Aventura, Florida. Por su parte, Natan Wancier Taub, de nacionalidad colombiana, era el presidente de Nunvav, empresa constituida en Panamá, en la que supuestamente se habrían triangulado y lavado una parte importante de los más de 5 mil millones de pesos de la red de García Luna.
En tanto que el juicio en Florida estaba agendado por la jueza para que comenzara el 13 de enero de 2025, con duración de al menos tres semanas, pero ambas partes pidieron aplazarlo para el 28 de abril del mismo año, lo que Walsh concedió.
La jueza advirtió, el 28 de abril de 2025, que la lentitud del litigio podía traerle problemas, por cambios en las reglas de la Corte Suprema de Florida, que hacían difícil estar aplazando los juicios de manera indefinida.
“No concederé una nueva moción del Gobierno de México, si no actúa o si no aprueba [el acuerdo entre las partes], pueden tener la seguridad de que el caso se va a juzgar en la fecha agendada o se va a desechar, y no hay nada más que yo pueda hacer”, afirmó Walsh.
El litigio de la UIF contra los Weinberg se enfocó sobre 28 inmuebles ubicados en Florida, comprados por empresas “fantasma” que dichos empresarios crearon, de los que al menos 18 ya habían sido vendidos por más de 28 millones de dólares, 12 antes del inicio del proceso judicial y seis después.
El Gobierno de México había recuperado al menos 2.8 millones de dólares por la venta de un departamento y tres oficinas que estaban a nombre de una entidad de Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna, quien aceptó entregar los bienes, además de 330 mil dólares que pagó, en abril de 2025, José Francisco Niembro González, quien fue titular de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la SSP.
“Las partes solicitaron a la Jueza Lisa Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio, conforme a la cual, una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo será sometido a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente; o bien, de no concretarse el acuerdo y dentro de un término de 30 días, el Estado Mexicano podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta sentencia”, explicó la UIF, en un comunicado.
“Aún y cuando las partes han avanzado sustancialmente para concretar el acuerdo que permitirá al Estado Mexicano profundizar el conocimiento de la trama de corrupción investigada, además de la recuperación de bienes derivados de ésta, el mismo no pudo suscribirse antes de la fecha límite señalada”, expuso la Unidad de Inteligencia Financiera.
El 23 de mayo de 2025, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, detalló cómo fue el proceso legal que se tomó contra García Luna y su esposa Pereyra Gálvez.
El funcionario federal aseguró que el Gobierno de México ganó el caso contra García Luna y su esposa, quienes deberían pagar una cantidad de 748 millones 829 mil 676 dólares. También comentó que al tener un indicio de los datos y cifras por contratos irregulares, procedieron ante una demanda en Florida, localidad donde se encontraba registrado el domicilio particular del ex titular de la SSP y Pereyra Gálvez.
“Debemos recordar que en el periodo de 2009 a 2018 se realizaron contratos en la Policía Federal en el [Centro de Investigación y Seguridad Nacional] CISEN y el Organismo de Prisiones, 30 contratos por una cantidad de 625 millones 188 mil dólares y 93 millones 866 mil pesos”, explicó el titular de la UIF.
Gómez Álvarez enfatizó que el Gobierno de México presentó dos demandas separadas en Florida, que tenían que ver entre sí, por medio de las empresas fachada utilizadas por García Luna y su esposa.
Según el funcionario federal, al no obtener una respuesta positiva por parte del ex funcionario federal y su esposa, las autoridades estadounidenses resolvieron el caso a favor de sus homólogos mexicanos y traspasaron las propiedades ahí registradas a los demandantes, en este caso el Gobierno mexicano.
Asimismo, Gómez Álvarez informó que primero se había demandado a García Luna por 250 millones de dólares, mismo pago que serviría para cubrir parte de los gastos conocidos por la corrupción del ex funcionario federal.
Posteriormente, según el titular de la UIF se presentó un reclamo contra Pereyra Gálvez, con una demanda de 580 millones de dólares, dinero que restaba del total del fraude y se conoció en investigaciones posteriores.
“La situación fue mejorando. Rosa Icela Rodríguez [Velázquez], jugó un papel importante como secretaria de Seguridad Pública (sic), abrió completamente todo y dio un aporte invaluable para el esclarecimiento de las operaciones que se hicieron dentro de la trama corrupta de Genaro García Luna”, subrayó el funcionario federal.
Según Gómez Álvarez, la sentencia de 748.8 millones de dólares que dictó la juez en Florida, se refería a tres veces los 250 mdd que fueron demandados por García Luna y los mil 740 mdd que le impuso como sentencia a Pereyra Gálvaez, era por los 580 millones de dólares que la UIF presentó contra ella.
“Hablamos de dineros distintos presentadas en momentos distintos con notificaciones diferentes y la sentencia que dicta la juez no es en contra de dos personas, se trata de cada persona en lo individual y de las empresas que eran propiedad de cada una”, abundó el titular de la UIF.
El funcionario federal mencionó que el proceso que seguiría sería una sentencia de la juez de Florida sobre las empresas que participaron en el esquema corrupto y que a pesar de que aún no se conocía cómo terminaría el litigio, preveía que se llegara a un arreglo con dichas compañías.
Según la información revelada durante la conferencia de prensa matutina presidencial, por parte de Gómez Álvarez, se tenía una lista de 15 empresas partícipes en el caso, algunas de estas involucradas en la trama corrupta de García Luna, entre ellas NUNVAV Inc; NUNVAV Technologies Inc; Nice Systems Ltd y Distribuidora GLAC.
Por último, el titular de la UIF destacó que se usaron mecanismos gubernamentales corruptos para su funcionamiento y añadió que parte del dinero obtenido de manera ilícita, terminó en uso de promociones a campañas políticas.
En su turno, Sheinbaum Pardo resaltó que un tribunal mexicano, no dijo cuál, a pesar de las pruebas, continuaba con amparos y apelaciones contra el Gobierno mexicano, ya que, según ella, defendía el hecho de descongelar las cuentas de los implicados y dejar que se utilizara ese dinero libremente.
“Desde 2021 se abrió el juicio, se dieron todas las pruebas, acaba de resolverse que todo ese dinero no era propiedad privada, sino pública, o sea corrupción. Después de que salió del gobierno seguía haciendo negocios con recursos públicos, esto no se trató en el juicio de García Luna, no permitieron que esa parte entrara, solo la parte cuando fue servidor público. Es un resultado muy importante, porque significa que había un ‘modus operandi’ con funcionarios del Gobierno de Calderón y Enrique Peña Nieto“, afirmó la presidenta.
La jueza Lisa Walsh, del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, condenó, el 22 de mayo de 2025, a García Luna, y a su esposa, a pagar una multa de 748 millones de dólares y mil 740 mdd, respectivamente, por su supuesta participación en un esquema de contratación ilegal gubernamental en México.
