Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, confirmaron, el 20 de junio de 2025, una sanción contra Karla María Estrella Murrieta, usuaria de la red social X, por una publicación donde acusó al diputado Sergio Gutiérrez Luna -actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión-, de haber operado para que la coalición “Sigamos Haciendo Historia” -conformada por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM)-, diera una candidatura a su esposa, Diana Karina Barreras Samaniego, como legisladora federal.
Soto Fregoso y Fuentes Barrera desecharon un proyecto de resolución del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y confirmaron una decisión de la Sala Regional Especializada del TEPJF, según la cual Estrella Murrieta supuestamente ejerció violencia política en razón de género contra Barreras Samaniego, por lo que le ordenó pagar una multa y pedir una disculpa pública a la ahora diputada federal del grupo legislativo del PT.
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“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”, indicó Estrella Murrieta en su publicación, realizada el 14 de febrero de 2024, en la que la usuaria de X hacía referencia a la decisión de la citada Coalición, para postular a Barreras Samaniego, como candidata en el Distrito 3, de Hermosillo, Sonora, el cual ganó, en la elección llevada a cabo el 2 de junio del mismo año, con 95 mil 053 sufragios, el 46.8 por ciento de la votación.
El 11 de abril de 2024, la Sala Regional Especializada del TEPJF consideró que la publicación de Estrella Murrieta no representó una calumnia, pero sí una violencia política contra mujeres en razón de género, por lo que ameritaba una sanción contra la usuaria de la red social X, antes Twitter.
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En su proyecto, el magistrado Rodríguez Mondragón pretendía revocar dicha sanción, al considerar que la publicación de Estrella Murrieta representaba una “crítica fuerte sobre el presunto nepotismo en el contexto del debate público, que no se basa en elementos de género, sino que se encuentran amparadas bajo la libertad de expresión”.
“La expresión realizada por la recurrente se limitó a hacer una crítica a un servidor público que presuntamente ejerció nepotismo o influyentismo, con el propósito de favorecer a su cónyuge”, planteó el magistrado del TEPJF.
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“Él [Gutiérrez Luna] es esposo de ella, más bien aquí la situación, que es uno de los argumentos que se utilizan de manera muy recurrente para invisibilizar o menoscabar las capacidades de las mujeres es llevarla siempre a la esquina de la pertenencia o la dependencia de algún hombre”, argumentó, sin embargo, Soto Fregoso.
“El mensaje trata de ser subliminal, pero es, evidentemente, muy claro que la violencia se le está ejerciendo a la mujer de la que se está hablando y no al hombre al que se está refiriendo”, sostuvo la presidenta del TEPJF.
Soto Fregoso citó el artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como el referente para aclarar cuando los mensajes no estaban enmarcados en libertad de expresión, sino que derivaban a una situación de violencia política.
La presidenta del TEPJF insistió que no se hablaba de nepotismo cuando se ponía en desventaja o en falta de credibilidad las capacidades de las mujeres para ejercer sus liderazgos, independientemente de quién fuera su familiar.
“No lo sustentaría en el nepotismo, porque estaríamos desviando el análisis. En realidad a quién se estaba menospreciando es a la mujer, y no en este caso al cónyuge”, agregó Soto Fregoso. Por su parte, Fuentes Barrera sostuvo que “para mí es claro que la crítica se dirigió a señalar, que la obtención de la candidatura era resultado solamente del vínculo matrimonial de la presunta víctima, y no por sus logros o capacidades políticas”.
“Se atribuyó la obtención de la candidatura al simple hecho del vínculo matrimonial y a la reacción emocional, al que supuestamente habría hecho su cónyuge para incluirla como candidata”, destacó el magistrado, quien fue cuestionado por Reyes Rodríguez respecto hasta dónde los ciudadanos debían cuidar el lenguaje para referirse a un hecho de nepotismo.
“Se está ejerciendo una opinión respecto de un diputado, es decir, de una persona pública que tiene, desde la doctrina convencional y constitucional, al que se le aplica un estándar de mayor tolerancia a la crítica […] Veo muy peligroso entrar en un debate respecto de cuáles son las palabras políticamente correctas o que cuáles van a tener una connotación de violencia política de género, tratándose de críticas sobre nepotismo”, expuso el magistrado ponente.
Además, Reyes Rodríguez se pronunció a favor de balancear la libertad de expresión y la tolerancia a la crítica de servidores públicos, con la protección a las mujeres de la violencia política. Comentó que el contexto era la expresión de una ciudadana sobre un diputado, al que critica, desde una opinión personal, por presuntamente presionar a un partido para favorecer la candidatura de su esposa.
“Es decir, un contexto de un interés público respecto de una elección de representantes populares, y en donde se hace referencia a un servidor público […] En el discurso político es preferible en un contexto de elecciones, en un contexto democrático balancear a favor de la libertad de expresión, porque claramente lo que sí hay es una expresión dirigida a un hombre, servidor público y criticando, hipotéticamente, una actitud”, subrayó el magistrado ponente.
El 24 de febrero de 2024, Estrella Murrieta, joven originaria de Hermosillo, Sonora, recibió una notificación de la Comisión de Quejas y Denuncias, del Instituto Nacional Electoral (INE), en la que le anunciaron que Barreras Samaniego había solicitado medidas cautelares en su contra, “por la presunta comisión de hechos que podrían constituir violencia política en razón de género”.
Días después, el 27 de febrero del mismo año, la Unidad Técnica Ejecutiva del INE notificó a la usuaria de X de la queja interpuesta por Barreras Samaniego. El órgano constitucional autónomo le refirió que debía contestar “cuál era el objetivo” de su publicación y presentar “documentación que justifique” las afirmaciones.
“¿No les parece un uso faccioso de la Violencia Política Contra Las Mujeres en Razón de Género? Pero además, el INE incluyó mi dirección y mi nombre completo en los acuerdos, a pesar de que yo no los publico ni utilizo públicamente, ¿le entrega copia a la denunciante de esa información?”, destacó Estrella Murrieta, en su cuenta de X.
“El día de hoy se votó la propuesta de resolución del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón donde decía que no había violencia de género, sino una crítica ciudadana a un posible caso de nepotismo”, señaló la usuaria de X, el 20 de junio de 2025.
“Pero la votación estuvo dividida y el voto de calidad lo tuvo la magistrada presidenta donde dice ‘que el contenido implícito de mi tuit sugiere que’. O sea, se pusieron a analizar qué es lo que creen que quise decir y no lo que realmente dije”, apuntó Estrella Murrieta.
Ahora, tras la resolución de la Sala Superior del TEPJF, la usuaria de X deberá pagar una multa, ofrecer disculpas públicas por 30 días, tomar un curso de género, realizar lecturas obligatorias de bibliografía especializada y publicar la sentencia en sus cuentas de las diversas redes sociales, además de que será inscrita en el Registro de Personas Sancionadas del INE, por 18 meses.
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión avaló, el 7 de octubre de 2024, el acuerdo que propuso a Gutiérrez Luna, como presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, ello tras el deceso de Ifigenia Martha Martínez y Hernández.
Según lo informó el diario Reforma, se preveía que el 8 de octubre de 2024, el Pleno de la Cámara Baja del Congreso de la Unión podría votar dicho acuerdo, mismo que requeriría de mayoría calificada para su aprobación, la cual podría ser alcanzada por Morena y sus aliados, el PVEM y PT.
Desde el 1 de septiembre de 2024, Gutiérrez Luna ha fungido como presidente en turno de la Mesa Directiva, ante la ausencia de Martínez y Hernández, quien únicamente presidió las sesiones de instalación de la LXVI Legislatura y la Ceremonia de Transmisión del Poder Ejecutivo federal, del 1 de octubre del mismo año.
El acuerdo para que el legislador veracruzano presidiera por segunda vez la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión -la primera vez fue en la LXIV Legislatura-, se realizó el mismo día que el Pleno de San Lázaro rindió un homenaje luctuoso a Martínez y Hernández.
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y militante de Morena, falleció, el 5 de octubre de 2024, a los 94 años de edad, según lo confirmó la mandataria nacional, Claudia Sheinbaum Pardo.
¿QUIÉN ES SERGIO CARLOS GUTIÉRREZ LUNA?
Sergio Carlos Gutiérrez Luna, de 48 años de edad, nació en Minatitlán, Veracruz, el 12 de julio de 1976. Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, cuenta con diplomados en Proceso Penal Acusatorio y Oral, así como en Delitos Fiscales y con una Maestría en Derecho Constitucional y Derecho Electoral.
Entre 1998 y 1999 fue asesor en la Coordinación Central de Recursos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de 2000 a 2003, durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada.
Fue secretario particular de un diputado federal y luego coordinador de asesores en el Senado de la República, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ambos en la LVIII Legislatura. En 2003 se desempeñó como subdirector en la Unidad de Asuntos Jurídicos, del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
De 2003 a 2011 ejerció de forma privada su profesión en un despacho jurídico de su propiedad. De 2011 a 2015 fue secretario ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Sonora, en la administración del gobernador Guillermo Padrés Elías. De 2014 a 2017 fue consejero en el Poder Judicial de Sonora.
Renunció a su militancia del PRD en 2017, y apoyó la precandidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En ese mismo año fue representante del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y en 2018, tuvo el mismo cargo, pero ante el Instituto Electoral de Baja California (IEBC).
En 2018 fue elegido diputado federal suplente por representación proporcional o plurinominal a la LXIV Legislatura. Asumió la titularidad de dicho cargo, el 4 de diciembre de 2018. Fue reelegido en 2021 y 2024.
En la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se desempeñó como secretario de la comisión de Puntos Constitucionales, e integrante de la Comisión Jurisdiccional, de la Comisión de Seguridad Pública, y de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Para el proceso electoral de 2023-2024, Claudia Sheinbaum Pardo -entonces candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT), y Verde Ecologista Mexicano (PVEM)- lo nombró como representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
