Luego de que Margarita Ríos-Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuso, un día antes, declarar inconstitucional la reforma que amplió el catálogo de delitos que ameritan cárcel de forma preventiva, La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió, el 19 de junio de 2025, la prisión preventiva oficiosa y aseguró que era necesaria frente al contexto de inseguridad que enfrentaba México.
“Frente a la situación de inseguridad que vive el país, los grupos de la delincuencia organizada, es importante, incluso para la protección de los propios jueces, ahora viéndolo en apoyo a los jueces. Que haya delitos donde no quede al criterio del juez si es prisión o no, sino que haya una orientación previa”, señaló la presidenta.
Publicidad
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal argumentó que la prisión preventiva estaba regulada en el artículo 19 de la Constitución.
“Frente a la situación actual pienso yo que es correcto, lo planteé yo incluso cuando estaba la discusión que se quede la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos. Eso tiene que ver incluso con que el juez no ponga en riesgo su vida frente a un delincuente peligroso”, explicó la mandataria nacional.
Publicidad
Sheinbaum Pardo consideró que, aunque la oposición estaba en contra de la prisión preventiva oficiosa, tampoco proponía otras opciones, por lo que, entonces, ella consideraba que era la mejor opción que tenía el país para que quienes incurrieran en delitos, como el homicidio, enfrentaran su proceso en prisión.
“Hay quien dice que todo debería ser prisión preventiva justificada, de tal manera que esté a criterio del juez si se es privado de su libertad quien comete un delito. De todas maneras en la prisión preventiva oficiosa no es que siempre se va a detener, está siempre a criterio del juez, de acuerdo con las pruebas que presenta el ministerio público”, expuso la presidenta.
Publicidad
El proyecto de la ministra Ríos-Farjat, en respuesta a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), proponía que la prisión preventiva oficiosa se aplicara de manera excepcional.
“Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, propuso Ríos-Farjat, en su proyecto, publicado el miércoles 19 de junio de 2025.
Al considerar que la prisión preventiva oficiosa vulneraba los derechos a la libertad personal, el debido proceso, las garantías judiciales y el principio de presunción de inocencia, la CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
El proyecto de la ministra Ríos-Farjat formaba parte de los proyectos a discutir el 24 de junio de 2025. Entre los delitos que en la actulidad ameritan prisión preventiva oficiosa están el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación y uso de programas sociales con fines electorales.
El 30 de mayo de 2025, el Poder Ejecutivo Federal pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abstenerse de fijar un criterio definitivo sobre la aplicación de la prisión preventiva, con el argumento de que los ministros electos el domingo 1 de junio del mismo año, eran quienes deberían resolver.
“Dada la relevancia del criterio que se fijará en dicho expediente y atendiendo a que el 1 de septiembre de 2025 las ministras y ministros electos por voto popular tomarán protesta en el cargo, se solicita respetuosamente al Pleno de la Corte retire el proyecto de resolución listado para que su estudio, discusión y eventual resolución, sea realizado por la integración que derive de las elecciones que renovarán al Poder Judicial de la Federación (PJF)”, señaló la petición presentada por Raúl Jiménez Vázquez, Consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF).
El asunto era parte de un expediente para que el PJF ejecutara una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que en enero de 2023 ordenó al Estado mexicano, dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, prevista en el Artículo 19 de la Constitución.
