Miembros de los grupos legislativos de los partidos Morena y Verde Ecologista Mexicano (PVEM) en el Senado presentaron, el 11 de junio de 2025, una iniciativa para eliminar el uso obligatorio de la toga para los ministros, en las audiencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Los senadores de la auto denominada “cuarta transformación” -Laura Estrada Mauro y Antonino Morales Toledo, de Morena, así como Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM-, argumentaron que “la nueva época del máximo tribunal [constitucional] debe comenzar sin los símbolos de lejanía y elitismo que lo caracterizaron”.
La iniciativa de Morena y PVEM propuso cambiar el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obligaba al uso de togas de seda negra y puños blancos, conforme al decreto emitido 84 años atrás, en 1941.
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Los senadores Estrada Mauro, Morales Toledo y Silva Romo plantearon que su iniciativa buscaría que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “cuando concurran a las audiencias, vestirán de manera formal o tradicional, acorde con sus orígenes, costumbres y preferencias”.
Los legisladores de la “4t” también argumentaron que los ministros que tomarían posesión a partir del 1 de septiembre de 2025, no sólo debían ser percibidos como cercanos a la gente, sino que debían estar en sintonía para atender y resolver el fondo de las injusticias en México. Sostuvieron que “la toga y el birrete son símbolos de lejanía y elitismo, los cuales ya no son acordes con los tiempos de transformación actual”.
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“En efecto, la Suprema Corte inicia un nuevo tiempo, una nueva época judicial y la inminente llegada a la Presidencia de nuestro máximo tribunal de un jurista indígena, oaxaqueño, representa un avance histórico y la oportunidad de que el pluralismo jurídico contribuya a reposicionar y dotar de vigencia plena a los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas”, insistieron los senadores de Morena y PVEM.
Hugo Aguilar Ortiz, actual titular de la Coordinación de Derechos Indígenas, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), se convirtió en el virtual ministro presidente la SCJN, al mantener la ventaja de entre 64 candidatos, que desde la noche del 1 de junio de 2025 comenzó a perfilarse. En su campaña adelantó que no usaría toga y modificaría la ley.
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“Voy a marcar la diferencia y vamos a llevar los trajes de gala de los pueblos y comunidades indígenas […] La Corte inicia una nueva época judicial y la inminente llegada a la Presidencia de nuestro máximo tribunal de un jurista indígena, oaxaqueño, representa un avance histórico”, comentó Aguilar Ortiz.
El 8 de junio de 2025, el próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación agradeció a la población que lo apoyó con su voto, durante la jornada electoral del domingo 1 del mismo mes y año, a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.
Hermanos y hermanas, les saludo con afecto, gracias por hacer historia el pasado 1 de junio. Su participación trasciende la vida de México y la vida de los pueblos indígenas y afromexicanos. Otro México es posible”, escribió el llamado “abogado indigenista”.
Luego, en un video publicado también en X, Aguilar Ortiz pidió un voto de confianza a quienes no salieron a votar el domingo 1 de junio de 2025 y ofreció hacer justicia para todos. El abogado de origen mixteco dio unas primeras palabras en lengua indígena, para luego hablar en español.
“A todos los hermanos y hermanas que no acudieron a votar el pasado domingo, quiero pedirles un voto de confianza porque esta será una Suprema Corte de Justicia de la nación de todos y para todos”, enfatizó el próximo presidente de la SCJN.
“Quiero decirles que la Suprema Corte estará cercana a la ciudadanía, cercana al pueblo, y cumplirá su mandato constitucional de dar certeza a todas y a todos”, dijo, en su mensaje, Aguilar Ortiz.
El abogado informó en mixteco que concluyó el cómputo de votos de las personas juzgadoras y que ese cómputo lo colocó como “juez en la casa grande de la justicia de nuestro pueblo, México”, por lo cual agradeció a quienes participaron en los comicios.
“Para nuestras hermanas y hermanos que somos hijos de un mismo pueblo, aquí estamos todos. Por lo que tenemos que ser iguales y estar unidos. Yo trabajaré para todas y todos, para nuestro bienestar. Tal como lo hablamos, llegó el día en que el pueblo manda. Llegó el día en que los pueblos pueden decidir”, destacó Aguilar Ortiz, en mixteco.
Luego, el abogado mixteco agradeció a los 13 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas y a quienes confiaron en el nuevo camino emprendido para contar con un Poder Judicial de la Federación (PJF), que surgiera directamente del pueblo.
“Hoy tenemos una Suprema Corte surgida del mandato popular. La Suprema Corte nace con el respaldo de la ciudadanía y con ello fortalece la división de poderes y la independencia judicial”, subrayó Aguilar Ortiz.
“También tenemos una Suprema Corte pluricultural. La voz y el pensamiento del México profundo estará presente todos los días en la Suprema Corte y será parte fundamental en la toma de decisiones”, abundo el abogado mixteco.
“A los pueblos ya nos tocaba un espacio digno en las instituciones fundamentales de la nación y tengan la seguridad que con ello vamos a construir una justicia real, verdadera, y con enfoque intercultural. Iniciaremos la etapa del pluralismo jurídico”, reseñó Aguilar Ortiz.
Además, el abogado mixteco reconoció el papel del Instituto Nacional Electoral (INE), por conducir un proceso electoral en paz y en libertad, y a los funcionarios electorales, por formar parte de un ejercicio para que “el pueblo decida”. Dedicó también una felicitación a las próximos ministros de la SCJN.
“Estoy seguro que haremos del proceso electoral una colectiva de soluciones, nuestro método de trabajo. A los hermanas y hermanas que participaron en el proceso, también les expreso mi reconocimiento. El esfuerzo y el trabajo que han realizado contribuye a iniciar y fortalecer este diálogo necesario entre juristas y el pueblo”, insistió Aguilar Ortiz.
“A todas las comunidades, a todos los hermanos que me abrieron sus puertas y su corazón durante el proceso. Estoy seguro que en este trabajo conjunto vamos a lograr un poder judicial y un sistema de justicia que nos beneficie a todos”, enfatizó el abogado mixteco.
El mismo día, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el obispo Ramón Castro Castro, afirmó que las elecciones judiciales y sus resultados “no son ni lo más justo ni lo más democrático” y eso “debería hacer pensar a nuestras autoridades”.
El también obispo de Cuernavaca fue cuestionado respecto a las denuncias ciudadanas y de trabajadores de Morelos, en a presuntas operaciones desde estructuras de los gobiernos federal, estatales, municipales y de la organización civil “Construyendo Justicia, para favorecer una lista de aspirantes afines al partido Morena, en la elección judicial.
Durante una entrevista, en el marco del Día de la Libertad de Expresión, conmemorado el 7 de junio de 2024, durante el cual fue reconocido por su labor en favor de la libertad de expresión, Castro Castro confirmó que la CEM emitió un mensaje oficial previo a la jornada electoral, donde se expresó preocupación por los riesgos de la reforma judicial, impulsada por el Gobierno Federal.
“Hemos escrito un mensaje de parte de la Conferencia Episcopal, en donde reflejamos precisamente esa preocupación tan grave que tenemos los obispos de que esta reforma quizás no ha sido el mejor instrumento para reformar el Poder Judicial”, explicó el obispo de Cuernavaca.
Asimismo, Castro Castro aseguró que los efectos de esa reforma ya se reflejaban en el proceso electoral. “Lo estamos diciendo, lo repetimos y ahora tristemente se refleja el acordeón en las elecciones. Eso hace pensar, hace reflexionar y hace dudar”, destacó.
Consultado respecto a la participación de actores civiles en el proceso, evitó descalificaciones, pero el obispo de Cuernavaca insistió en que los métodos debían ser éticamente sostenibles. “Sus razones deben tener, y no creo que hablen nada más para hablar, sino que tienen argumentos que nos hacen decir algo que es tan importante que nos debe también a todos hacer reflexión”, abundó.
El posicionamiento público de la CEM alertaba desde días antes sobre los riesgos de una reforma que no garantizara la independencia judicial. Para la Conferencia del Episcopado, el proceso propuesto podría derivar en una mayor politización del Poder Judicial, lo que atentaba contra su función autónoma y equilibradora, dentro del sistema democrático.
“México necesita confianza en sus instituciones, y eso no se logra si la percepción de manipulación o imposición persiste en procesos que deberían estar guiados por la transparencia y la equidad”, concluyó Castro Castro.
El 7 de junio de 2025, el Consejo General del INE rechazó las solicitudes de tres candidatas para hacer un recuento de la totalidad de los votos de la elección de ministros de la SCJN, así como de juezas y jueces de distrito en competencia mixta y laboral, en los que estuvieran sus representantes.
Los 11 consejeros del INE acordaron que en la reforma judicial no existía disposición expresa que permitiera un nuevo cómputo de la totalidad de votos, ni tampoco que los candidatos contaran con representación ante los consejos distritales, ni ante los grupos de trabajo que se encontraban llevando a cabo las labores de escrutinio y cómputo.
El proyecto de decreto aprobado por unanimidad indicaba, además, que la presencia de personas ajenas a los trabajos de cómputo en los consejos distritales del INE podría implicar un “riesgo operativo”, que afectara el proceso de cómputo, ya que todavía se realizaba el conteo de los votos para otros cargos disputados en la elección del 1 de junio de 2025.
Los consejeros del INE reconocieron que aunque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, (LGIPE) ordenaba que en caso de ausencia de disposiciones expresa se aplicara lo dispuesto para los procesos electorales ordinarios, no se podría aplicar en la primera elección judicial por haber sido una elección extraordinaria, con su propia normatividad específica.
Las solicitudes de recuento total de votos con la presencia de representantes de los candidatos -64 para la SCJN-, fue planteada por Dora Alicia Martínez Valero, aspirante a ministra, así como Melissa Peláez Badilla y Yajaira Arellano Morales, candidatas a juezas de distrito con competencia mixta.
Durante una sesión virtual, los consejeros del INE informaron que se había concluido el cómputo de la elección de ministros de la SCJN, de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de las salas regionales del TEPJF, en los 300 consejos distritales.
