El Pleno del Senado aprobó, en lo general, el 24 de junio de 2025 -con 75 votos a favor, los grupos legislativos de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT)-, el dictamen que creó una nueva Ley de la Guardia Nacional (GN), y modificó ocho ordenamientos, siete de ellos militares, para que sus integrantes asumieran tareas de seguridad pública y defensa exterior en el país, además de que transfirió el mando operativo y administrativo a la Secretaria de la Defensa Nacional (DEFENSA).
Los 34 sufragios en contra fueron emitidos por los senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). Además, hubo cero abstenciones. Tras ello, los legisladores comenzaron la discusión de reservas al proyecto, en el que se perfilaba la aprobación de tres cambios, uno que presentaría el PVEM y dos de Morena.
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Después, con 75 votos a favor y 32 sufragios en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo particular y los artículos reservados en los términos del dictamen que crearon la Ley de la Guardia Nacional y reforma diversas leyes, en materia de seguridad.
El 27 de junio de 2025, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) en México, alertó que ls facultades de inteligencia que serían otorgadas a la Guardia Nacional para procesar información, ponían en riesgo la privacidad de los ciudadanos.
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“Preocupan las facultades que se darían al Ejército para procesar información de inteligencia, así como otras disposiciones que, sin las salvaguardas adecuadas, pondrían en riesgo el derecho a la privacidad”, publicó la ONU-DH México, en su cuenta de la red social X.
“Manifestamos preocupación ante las propuestas de nueva Ley de la #GuardiaNacional y de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública que aborda el Congreso”, agregó la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México.
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La ONU-DH expuso que la seguridad pública debía ser una responsabilidad de las autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos, ser objeto de una amplia deliberación pública, además de realizarse con pleno respeto y observancia de los derechos humanos.
Tras una discusión de cuatro horas con 35 minutos, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó en lo general, el 24 de junio de 2025 -con 349 votos a favor, los grupos legislativos de los partidos Morena, PVEM y del PT-, el dictamen que creó una nueva Ley de la Guardia Nacional, y modificó ocho ordenamientos, siete de ellos militares, para que sus integrantes asumieran tareas de seguridad pública y defensa exterior en el país, además de que transfirió el mando operativo y administrativo a la DEFENSA.
Los 132 sufragios en contra fueron emitidos por los diputados federales de los partidos PAN, PRI y MC. Además, hubo cero abstenciones. Tras ello, los legisladores comenzaron la discusión de reservas al proyecto, en el que se perfilaba la aprobación de tres cambios, uno que presentaría el PVEM y dos de Morena.
La propuesta fue enviada, el 9 de junio de 2025, por la titular del Poder Ejecutivo Federal a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y fue turnada a San Lázaro, dos días después. La Comisión de Justicia de la Cámara Baja la dictaminó el día 18 del mismo mes y año.
En su fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia de San Lázaro, Julio César Moreno Rivera, aseguró que con la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “los ciudadanos tendremos una corporación de seguridad pública transexenal, fuerte, profesional y permanente”.
“La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial civil fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos y al imperio de la ley”, destacó el diputado federal de Morena.
La iniciativa planteó, por ejemplo, que la Guardia Nacional estaría integrada por personal militar con formación policial, mientras que su titular, quien ostentaría la jerarquía de General de División, sería nombrado por el presidente de la República en turno, a propuesta del titular de la DEFENSA y los grados de sus integrantes serían homólogos a los del Ejército.
El proyecto agregó que el personal de dicha institución se sujetaría a la jurisdicción penal militar y al fuero de guerra, además de que actuaría en todos los lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal y en instalaciones estratégicas.
La reforma también autorizó que, bajo la conducción del Ministerio Público, la Guardia Nacional realizara operaciones encubiertas y de usuarios simulados para prevenir delitos, así como verificaciones para la prevención de infracciones.
Además, la iniciativa facultó a la Guardia Nacional, solicitar a concesionarios y permisionarios de telefonía móvil información de usuarios, incluida la georreferenciación de los equipos en tiempo real y para realizar intervenciones telefónicas privadas, previa autorización de un juez.
“Solicitar por escrito y bajo el mando y conducción del Ministerio Público, en los términos del artículo 16 Constitucional, a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones o de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos”, planteó el dictamen.
Asimismo, según el artículo 44 de la nueva Ley, se permitiría que los integrantes de la Guardia Nacional pudieran solicitar una “licencia especial”, para contender por cargos de elección popular.
“La licencia especial es la que concede o en la que se coloca al personal militar con formación policial integrante de la Guardia Nacional para desempeñar cargos de elección popular”, indicó la iniciativa presidencial.
Además, dicho artículo permitiría a los integrantes de la GN desempeñar actividades o empleos civiles en instituciones del Poder Ejecutivo Federal, en los gobiernos de los estados, municipios, organismos descentralizados o empresas de participación estatal.
Con la nueva Ley, a la Guardia Nacional también se le dotó de facultades para que revisara los documentos para corroborar el estatus migratorio de extranjeros.
“En coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras, a fin de verificar su estancia regular, con excepción de las instalaciones destinadas al tránsito internacional de personas y, en su caso, proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos previstos en la ley de la materia”, señaló el proyecto.
