La novela de amor-odio entre Morena y Partido Encuentro Solidario (PES) llegó a su episodio final, este miércoles 11 de junio, cuando los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sepultaron las intenciones del vinotinto por reducir el financiamiento público del partido franquicia de la familia Hank, que este año se embolsará 74 millones de pesos derivados de prerrogativas.
El amasiato de ambos partidos en temas torales y en alianzas político-económicas, llegó a su máximo nivel el año pasado, luego que los allegados a la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y al exinterno del complejo penitenciario de El Hongo, Jorge Hank Rhon, tejieron una alianza política material para contender en coalición durante los pasados comicios de 2024. Ésta se habría concretado de no ser por la intervención de la dirigencia nacional de Morena, los cuales vieron con malos ojos los nexos con el casinero radicado en Tijuana.
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El PES, como herramienta política de la familia Hank, ha sido complaciente con las intenciones de la gobernadora morenista, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pero hubo un sólo punto de discrepancia donde el pragmatismo político se vio comprometido: el dinero.
El pasado miércoles, la Sala Superior le dio la razón al PES, un partido que apenas consiguió el 3 por ciento de la votación en Baja California, pero que recibirá casi tres veces más financiamiento público para gasto corriente y actividades partidistas, que el propio Morena, pese a que este último alcanzó el “carro completo” durante el pasado proceso electoral y una votación histórica.
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Con dos votos a favor y dos en contra, pero respaldado por el desempate de la magistrada presidenta, Mónica Aralí Soto Fregoso, el tribunal federal desechó el expediente SUP-REC-53-2025, que intentaría dar reversa al cálculo emitido por el Instituto Estatal Electoral (IEE), bajo el argumento de que la entrega de dicho recurso viola el principio de equidad en la contienda, pues el partido registrado con menos votos recibirá más dinero que el de mayor representación popular.
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DESECHAN RECURSO DE MORENA
Desde el pasado 2 de abril, la Sala Superior estaba lista para presentar analizar el recurso de reconsideración relativo a la distribución del financiamiento público en favor del PES, único partido político local con registro.
Este 2025, Morena reinició la batalla legal contra el partido de Hank, debido a que -afirman- entregar todo el dinero destinado a los partidos políticos locales a un sólo organismo vulnera el principio de equidad, toda vez que el PES recibirá 74 millones, mientras que Morena, el partido ganador, apenas alcanzará los 29 millones de pesos para 2025.
Hay que recordar que el conflicto se generó a raíz de una modificación legal realizada por el Congreso de Baja California, impulsada por el diputado Juan Manuel Molina, pero avalada por toda la bancada morenista y sus aliados, donde en un intento por reducir el financiamiento de los partidos políticos a la mitad, modificaron el dinero de los organismos locales. Los abogados morenistas no advirtieron que carecían de facultades para regular el financiamiento público de los partidos locales, ya que su regulación es competencia federal.
El error legislativo motivó la impugnación del PES que luego de una serie de procesos judiciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los congresos locales no tienen libertad configurativa para modificar los financiamientos a partidos políticos. Como consecuencia, el PES quedó exento de la modificación establecida por Morena desde el Congreso bajacaliforniano, por lo que el recurso público para los partidos políticos locales quedó intacto, y al ser el único partido con estas características, se hizo de 114 millones de pesos en 2024 y ahora de 74 millones en 2025, calculados del 70 por ciento derivado del nivel de votación obtenido (un total de 6 millones de pesos) y 30 por ciento por distribución equitativa (68 millones por tratarse de un sólo partido local registrado).
Morena intentó nuevamente redistribuir el recurso público para que sólo se le otorgaran 16 millones de pesos al PES, y tras una serie de rechazos, la Sala Superior desechó el recurso de reconsideración por los mismos motivos que todas las instancias: es constitucional y se siguió la fórmula establecida por la Ley para llegar a la millonaria cifra.
Mucha rareza envolvió al caso, máxime porque la primera vez que el tema se subió al Pleno, el proyecto del magistrado Reyes Mondragón, desechaba la queja de Morena, bajo el argumento de que la SCJN calificó de constitucional la distribución del recurso.
Los magistrados consideraron que ese análisis provocaba inequidad en la contienda, por lo que decidieron desecharlo y turnar el nuevo estudio al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, a efecto de que reconsiderara el análisis.
Semanas después, el nuevo proyecto reconocía la inequidad en la contienda y la reducción sustancial del recurso del PES, pero luego de intentar subirse el tema en tres ocasiones durante todo el mes de abril y mayo; increíblemente, los magistrados ahora estaban de acuerdo con el primer proyecto que inicialmente desestimaron.
Fue así como la magistrada, Janine M. Otálora Malassis y la presidenta, Mónica Aralí Soto Fregoso, se pusieron en contra del proyecto; mientras que los togados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y de la Mata Pizaña, lo avalaron; el voto de desempate de la presidencia volcó el sufragio en favor del PES.
Tras la sentencia emitida por el máximo tribunal del país en material electoral, el Poder Ejecutivo tendrá que entregar las ministraciones mensuales como lo había venido haciendo hasta el mes de abril, cuando la Secretaría de Hacienda dejó de pagar las prerrogativas a los partidos políticos.
Esto fue confirmado por el presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), Luis Alberto Hernández Morales, por lo que afirmó que analizaban interponer un recurso en contra del Poder Ejecutivo para liberar las ministraciones.
Extraoficialmente, se supo que la intención era retrasar el pago hasta la sentencia, con la intención de no pagarle los seis millones correspondientes al mes de mayo. Sin embargo, con esta sentencia, el plan se vino abajo.
