Integrantes del gremio periodístico en Tijuana y familiares de Francisco Javier Ortiz Franco acusaron nulos avances en la investigación del asesinato del periodista y editor de ZETA, perpetrado el 22 de junio de 2004.
Los integrantes del colectivo Yo sí soy periodista, así como los hijos y la viuda de Ortiz Franco, se congregaron al exterior de la Fiscalía General de la República, en la Zona Río de Tijuana. El grueso de los participantes procedió a colocar cerca de 500 engomados dispuestos con el nombre del periodista, su imagen y la leyenda “21 años Crimen Impune”.
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Dos de los hijos de Francisco Javier se posicionaron sobre la falta de resultados en las indagaciones del homicidio, agresión que tuvo lugar cerca de las instalaciones de la entonces Procuraduría General del Estado de Baja California, en Tijuana.
“Esta acción es una exigencia de justicia para las autoridades responsables de la investigación”, mencionaron este domingo 22 de junio de 2025.
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Hicieron hincapié en que 21 años atrás “no sólo la familia perdió a uno de sus pilares, a un padre, esposo, hijo, hermano y hombre de valores firmes, honesto y solidario”, pues ese día igualmente “a los bajacalifornianos se les violentó su derecho a la información”.
Aludieron a la investigación previa, emprendida a nivel estatal: “duró sólo unos pocos meses en Baja California”. De las diligencias subsecuentes expusieron que la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión ejerció su facultad de atracción y que posterior a ello no se tuvo mayor información de la investigación.
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“Se tiene al acuse, el expediente fue enviado y recibido por la fiscalía federal, la que asegura no tener conocimiento del mismo, apostando al cansancio y al olvido”, manifestaron.
De acuerdo con el pronunciamiento de los familiares de Ortiz Franco durante la pasada administración federal (2018-2024) la Sociedad Interamericana de Prensa y organizaciones aliadas consiguieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abriera “un expediente por la inacción de la autoridad en la investigación del crimen”.
Durante ese procedimiento la familia del periodista planteó una solución conciliatoria con el Estado Mexicano, de tal forma que se resolviera sin que el expediente llegara a la Corte Interamericana.
Con motivo de la propuesta el Estado no dio respuesta. Actualmente el expediente se encuentra en fase de estudio para su determinación.
Los consanguíneos aseveraron que no cejarían en su exigencia de “que las omisiones del Estado sean objeto del escrutinio de un tribunal internacional”.
En referencia a Ortiz Franco, Sonia de Anda, del colectivo Yo sí soy periodista, exigió a la presidente de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, “se aplique todo el peso de la ley a quienes de manera cobarde lo asesinaron el pasado 22 de junio del 2004”.
Acusó que las autoridades competentes “no han cumplido con su palabra ni el compromiso de castigar a quienes lo mandaron matar por ejercer el derecho a la libertad de expresión y al libre ejercicio periodístico”.
Puntualizó que “para las autoridades estatales ha sido muy cómodo deslindarse de la responsabilidad y sostener que la carpeta de investigación está en manos de la Fiscalía General de la República”.
En entrevista con ZETA Héctor Ortiz, hijo de Francisco Javier, remarcó que durante la investigación emprendida por la Sociedad Interamericana de Prensa que la FGE estableció que el expediente no estaba localizado o que no había sido recibido por la institución.
“El tema aquí es que el año pasado, que también estuvimos en este tipo de movilizaciones, la familia se movilizó con la fiscalía local y obtuvimos una copia del expediente hasta donde se actuó aquí en Baja California y sí existe una remisión a la Fiscalía Especializada y un acuse de que se recibió allá, pero pues de la federación nunca tuvimos una comunicación respecto a cuál era el seguimiento que le estaban dando a la investigación”, subrayó Héctor Ortiz.
La codirectora de ZETA, Adela Navarro Bello afirmó a pregunta expresa que conforme a las indagaciones desarrolladas por el semanario se abrieron tres líneas de investigación a propósito del asesinato.
“Coincidieron las líneas de investigación de ZETA con las que traía de manera inicial la entonces Procuraduría General del Estado”, expuso.
A decir de la periodista, una de las líneas apuntaba a “un atentado fatal ordenado por el cártel de los Arellano Félix”, en razón de que Ortiz Franco reveló de la presencia de nuevos integrantes criminales de la organización delictiva; otra línea involucraba al líder del cártel de los Zetas Heriberto Lazcano Lazcano, a propósito de un reportaje en el que el finado reportero dio a conocer “cómo los zetas participaron en una fuga de penitenciaría, con el apoyo de autoridades locales”.
Del otro eje indagatorio indicó ser referente a Jorge Hank Rhon, toda vez que Ortiz Franco fue seleccionado por la SIP como abogado “para analizar el expediente de Héctor Félix Miranda”, codirector de ZETA ultimado en 1988, por cuyo asesinato fueron encarcelados los guaruras del propietario de Grupo Caliente Antonio Vera Palestina y Victoriano Medina.
“En caso de que Francisco encontrara que sí habían encontrado elementos que llevaran a un citatorio a Jorge Hank se reabriera el caso. Ese había sido el compromiso del gobernador (Eugenio Elorduy) entonces”, asentó la codirectora.
Luego de colocar alrededor de 485 engomados en el enrejado de la FGE, una panel de la Agencia de Investigación Criminal, un vehículo de la Policía Federal Ministerial, dotado de refuerzos de defensa y conocido como BATT y varios pick up de la misma corporación policíaca, ante la mirada de elementos de la Guardia Nacional, desplegados del otro lado de la vialidad, los manifestantes se dirigieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, ubicada sobre bulevar Sánchez Taboada.
Ahí colocaron quince engomados en la fachada del inmueble y finalmente retornaron a las instalaciones de la FGR en un intento de recolocar el material de protesta que personal de la institución ya se había dispuesto a retirar.
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