El gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, determinó rechazar la publicación del Programa de Desarrollo Urbano (PDU) 2040 de Los Cabos, aprobado en sesión de Cabildo el 20 de enero de este año, instrumento con el que autoridades y regidores municipales pretendían dejar en “desuso” el viejo camino costero de Cabo del Este, moviendo las rutas de 3.9 kilómetros de entrada al mar hacia zonas más lejanas para la población.
Diversas movilizaciones sociales se desencadenaron luego de que la regidora de Los Cabos, Petra Juárez, evidenciara esta situación en sesión de Cabildo del XV Ayuntamiento, al grado de que la problemática llegó hasta “La Mañanera” de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, quien ordenó al gobernador investigar y atender este tema.
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Casi cuatro meses después, regidores y el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, manifestaron su descontento ante la decisión del mandatario, incluso señalando que el Gobierno del Estado está afectando al municipio por cuestiones políticas.
El regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Celestino Atienzo, argumentó que Los Cabos es el motor económico de Baja California Sur, donde viven más de 350 mil personas y se estima que para 2040 sean más de 700 mil.
“Actualmente se tiene un censo de que hay más de 60 mil personas viviendo en zonas de alto riesgo, en zonas irregulares y zonas de invasión, y tener un plan de desarrollo urbano actualizado, que es bien sabido lleva más de 13 años sin actualizarse en Los Cabos, permitiría que se pudiera completar la inversión que ha instruido la propia Presidenta, Claudia Sheinbaum, en el tema de vivienda”, alegó.
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Es por ello que rechazó la respuesta al dictamen de congruencia de la tercera actualización del PDU 2040 por parte del Gobierno del Estado, acusando al Poder Ejecutivo de usar argucias legales para impedir el desarrollo de Los Cabos, afectando con ello el empleo y el modo de vida de numerosas familias cabeñas.
“Quiero mencionar que al Gobierno del Estado no le importó el Plan Nacional de Vivienda promovido por su Presidenta, quien atinadamente decidió iniciarlo en Los Cabos; no les importó la reserva territorial que contemplaba esta actualización que permitiría garantizar la seguridad de todos esos habitantes que están en las zonas de riesgo e invasión”, arremetió el regidor.
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“No les importó resolver el problema de movilidad que contemplaba esta actualización en la vía intermedia, que es una obra muy importante que está contemplada en este Plan de Desarrollo Urbano; no les importó tampoco el esfuerzo de muchos ciudadanos que participaron con más de 60 propuestas en la Consulta Pública”, agregó.
Con ello señaló directamente al Gobierno del Estado de esforzarse en empañar el buen desempeño del Gobierno de Los Cabos y que hay un interés político detrás de esta decisión.
“Los Cabos no puede ser rehén de decisiones políticas o de intereses políticos previstos para el próximo periodo electoral 2027. Es evidente que el Gobierno del Estado no tiene en prioridad el Ayuntamiento de Los Cabos para ese proceso electoral. Es evidente que todas estas acciones, porque no es la primera; ya son varias que han afectado de manera importante la imagen de este ayuntamiento”, manifestó.
ALCALDE BUSCARÁ DAR REVERSA A LA NEGATIVA
El alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez, emanado del Partido del Trabajo (PT), y quien públicamente es reconocido por ser un aliado político del gobernador, precisó que pedirá una revisión de esta negativa.
Tras la postura fija de Castro Cosío de mantener en uso el camino costero de Cabo del Este, se han dejado ver las divergencias políticas en cuanto a este tema.
“Nosotros estamos preocupados por el Programa Nacional de Vivienda; la Sedatu nos ha estado presionando un poquito para que pueda salir aprobado el PDU, sin embargo, obviamente el Gobierno del Estado tiene sus propias consideraciones”, comentó el alcalde.
“Vamos a procurar de alguna manera legal que se pueda dar reversa a este dictamen de congruencia y, a lo mejor, eso que se está solicitando, que era particularmente el poder señalar la Consulta Pública o el poder tener un acta de Cabildo de la Consulta Pública, que pueda ser puesto hacia un lado y que realmente tuviéramos la legalidad, como en algún momento se tuvo”, insistió.
Recordó que quien llevó a cabo la Consulta Pública de este instrumento fue el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), por lo que insiste que todo este proceso se realizó con legalidad.
“La Consulta Pública es legal y vamos a solicitar que se revise minuciosamente”, finalizó el presidente municipal.
EL CAMINO COSTERO SE QUEDA EN USO: CASTRO
El gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, reconoció que no ha habido coincidencias con el Ayuntamiento de Los Cabos y sus representantes, quienes insisten en dejar el camino costero de Cabo del Este en desuso.
Sin embargo, luego de que en abril de este año el mismo mandatario abriera de nuevo este tramo, sostiene que las playas y sus accesos deben ser para las y los ciudadanos y que los proyectos turísticos no pueden estar por encima del bien común y de la herencia natural de la población.
“El PDU de Los Cabos en ese proceso está; hay una mesa de diálogo que está trabajando el secretario de Gobierno con el alcalde directamente”, mencionó.
“Ha habido algunas dificultades porque no ha habido coincidencias con la revisión que el Gobierno del Estado está haciendo; entonces tenemos que coordinarnos para que haya armonía y no tengamos divergencias”, reiteró.
Por su parte, el secretario general de Gobierno del Estado, Saúl González Núñez, informó que han iniciado con las mesas de trabajo con el Ayuntamiento de Los Cabos para avanzar con la revisión del PDU 2040.
“La propuesta es que el camino costero se declare en uso para que esto pueda caminar muy bien. Creo que hay la voluntad del Ayuntamiento de Los Cabos para poder trabajar y, sobre todo, que se necesita el PDU para darle el orden a todo el municipio de Los Cabos”, detalló.
REGIDORA DENUNCIA REPRESALIAS
Petra Juárez, la regidora que evidenció públicamente en sesión de Cabildo la intención de autoridades de dejar en desuso el camino costero durante la votación del PDU 2040, denunció que está siendo víctima de represalias.
La representante popular mencionó que el Ayuntamiento de Los Cabos no ha pagado la renta de su oficina de representación, siendo la única regidora de este municipio que atraviesa por esta situación.
Además, denunció que han dejado de pagar a las ocho personas que trabajan como parte de su equipo, a pesar de que no se puede despedir a personal de un representante sin consentimiento de un regidor o regidora; tampoco se da difusión a su trabajo.
Asegura que ha intentado obtener una explicación y resolver el problema con el alcalde, así como con las titulares de las Direcciones de Recursos Humanos y Comunicación Social, sin que hasta la fecha haya podido concretar una sola entrevista con las autoridades.
“Realmente yo sí siento que se me está violentando mis derechos, se me está violentando como mujer y como mujer indígena; la verdad siento discriminación de esas actitudes del presidente. Lamentablemente no he tenido ninguna solución del tema”, expuso.
“Lo único que pido es que me regresen mi equipo, porque nadie tiene la facultad de dar de baja mi equipo”, agregó.
Destacó lo grave de la situación ya que, siendo una representante popular no puede tener acceso al diálogo y a explicaciones por parte de funcionarios básicos del gabinete municipal, como la directora de Recursos Humanos y de Comunicación Social.
“Es lo que estamos pasando por ser clara y porque quiero que se trabaje con transparencia y es lo que les molesta. Todo empezó cuando yo voté en contra del PDU porque para mí no era claro, no era con transparencia. De ahí viene toda esta situación”, declaró.
Por ello, considera que son represalias directas por haber evidenciado la intención de dejar en desuso el camino costero de Cabo del Este y otras irregularidades del PDU.
“Yo la verdad siento que desde ahí viene todo esto, pero la verdad he tratado de hablar con los regidores; yo siempre les he dicho que mi forma de hablar es con transparencia y si eso les molesta, pues ni modo, pero tampoco pueden llegar a este extremo de quitarme el derecho de tener un equipo para trabajar”, prosiguió.
Asimismo, afirmó que estas represalias se han intensificado desde que el gobernador decidió no publicar el PDU 2040 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
“Yo no estoy de acuerdo que no se haga un trabajo que no sea transparente y yo me doy cuenta que por alzar la voz por ese tema, yo me doy cuenta que por eso me bloquean de esta forma, pero yo sí veo que se está violentando mi derecho como regidora, mujer e indígena”, comentó.
“Imagínese, esto llegó hasta la mañanera. Entonces la presidenta dio la instrucción de que el gobernador checará bien qué es lo que estaba pasando en Los Cabos; y fue donde intervino el gobernador y se tomó la decisión de que se abriera el camino costero”, expresó.
En este escenario, respaldó la decisión del mandatario con respecto al PDU 2024, argumentando que el reglamento del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) establece que deben tomarse en cuenta las consultas ciudadanas de este instrumento.
Además, recordó que en la administración pasada se llevaron dos años en consulta; y aunque se supone que era lo que este nuevo gobierno iba a aprobar en sesión de Cabildo, se hicieron diversos cambios.
Por ello, considera que el PDU 2040, que se aprobó en enero, no se consultó al pueblo como debería de ser.
“Ya le hiciste muchos cambios, entonces yo sí estoy de acuerdo en que se vuelva a consultar. Si no le hubieran hecho cambios, entonces publícalo, pero en este caso ya no es así. Si vas a una consulta, estás opinando y estás participando, se supone que lo marca la ley y tienes que contemplarlo”, detalló.
“El PDU que fue consultado no es el que se aprobó porque aquí se cambiaron varios puntos; yo sí estoy de acuerdo que la gente decida”, añadió.
Por último, aclaró que los promoventes de proyectos turísticos e inmobiliarios ya tienen la obligación de realizar diversas obras de donación, que deben otorgar a beneficio social desde que se autorizan sus permisos y que esto no tiene que ver con la publicación del PDU, como se ha intentado tergiversar.
ZETA solicitó a través de la Dirección de Comunicación Social una réplica al Ayuntamiento de Los Cabos sobre las denuncias de Petra Juárez, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta ni explicaciones por parte del Gobierno Municipal.
