Tras una discusión de cuatro horas con 35 minutos, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobaron en lo general, el 24 de junio de 2025 -con 349 votos a favor, los grupos legislativos de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT)-, el dictamen que creó una nueva Ley de la Guardia Nacional (GN), y modificó ocho ordenamientos, siete de ellos militares, para que sus integrantes asumieran tareas de seguridad pública y defensa exterior en el país, además de que transfirió el mando operativo y administrativo a la Secretaria de la Defensa Nacional (DEFENSA).
Los 132 sufragios en contra fueron emitidos por los diputados federales de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM). Además, hubo cero abstenciones. Tras ello, los legisladores comenzaron la discusión de reservas al proyecto, en el que se perfilaba la aprobación de tres cambios, uno que presentaría el PVEM y dos de Morena.
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La propuesta fue enviada, el 9 de junio de 2025, por la titular del Poder Ejecutivo Federal a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y fue turnada a San Lázaro, dos días después. La Comisión de Justicia de la Cámara Baja la dictaminó el día 18 del mismo mes y año.
En su fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia de San Lázaro, Julio César Moreno Rivera, aseguró que con la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “los ciudadanos tendremos una corporación de seguridad pública transexenal, fuerte, profesional y permanente”.
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“La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial civil fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos y al imperio de la ley”, destacó el diputado federal de Morena.
La iniciativa planteó, por ejemplo, que la Guardia Nacional estaría integrada por personal militar con formación policial, mientras que su titular, quien ostentaría la jerarquía de General de División, sería nombrado por el presidente de la República en turno, a propuesta del titular de la DEFENSA y los grados de sus integrantes serían homólogos a los del Ejército.
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El proyecto agregó que el personal de dicha institución se sujetaría a la jurisdicción penal militar y al fuero de guerra, además de que actuaría en todos los lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal y en instalaciones estratégicas.
La reforma también autorizó que, bajo la conducción del Ministerio Público, la Guardia Nacional realizara operaciones encubiertas y de usuarios simulados para prevenir delitos, así como verificaciones para la prevención de infracciones.
Además, la iniciativa facultó a la Guardia Nacional, solicitar a concesionarios y permisionarios de telefonía móvil información de usuarios, incluida la georreferenciación de los equipos en tiempo real y para realizar intervenciones telefónicas privadas, previa autorización de un juez.
“Solicitar por escrito y bajo el mando y conducción del Ministerio Público, en los términos del artículo 16 Constitucional, a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones o de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos”, planteó el dictamen.
Asimismo, según el artículo 44 de la nueva Ley, se permitiría que los integrantes de la Guardia Nacional pudieran solicitar una “licencia especial”, para contender por cargos de elección popular.
“La licencia especial es la que concede o en la que se coloca al personal militar con formación policial integrante de la Guardia Nacional para desempeñar cargos de elección popular”, indicó la iniciativa presidencial.
Además, dicho artículo permitiría a los integrantes de la GN desempeñar actividades o empleos civiles en instituciones del Poder Ejecutivo Federal, en los gobiernos de los estados, municipios, organismos descentralizados o empresas de participación estatal.
Con la nueva Ley, a la Guardia Nacional también se le dotó de facultades para que revisara los documentos para corroborar el estatus migratorio de extranjeros.
“En coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras, a fin de verificar su estancia regular, con excepción de las instalaciones destinadas al tránsito internacional de personas y, en su caso, proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos previstos en la ley de la materia”, señaló el proyecto.
