Édgar Damián Sandoval Albarrán, alias “La Rana” o “El Wereke”, identificado como vigilante y sicario de Guerreros Unidos, fue deportado desde Estados Unidos, el 27 de junio de 2025. El individuo enfrenta cargos por delincuencia organizada y desaparición forzada de personas relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, Guerrero, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.
La Fiscalía General de la República (FGR) había presentado ante el Gobierno de Estados Unidos la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Sandoval Albarrán. El 9 de junio de 2025, autoridades estadounidenses comunicaron que el sujeto había sido detenido y sometido a procedimiento migratorio, por encontrarse de manera ilegal en territorio estadounidense.
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Tras la audiencia migratoria de Sandoval Albarrán, un juez ordenó su deportación a México para enfrentar los cargos criminales pendientes. La Fiscalía confirmó que la entrega del mexicano “se ejecutó en las últimas horas, entregándolo a Interpol México, de la FGR, por la frontera que comunica a las ciudades de Nogales, Arizona, de los Estados Unidos, con Nogales, Sonora, México”.
El acusado supuestamente había fungido como halcón y matón a sueldo de la organización criminal Guerreros Unidos durante los hechos relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas.
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El 25 de junio de 2025, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó echar abajo la resolución que ordenó a la FGR dar a conocer la versión pública de la carpeta de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La decisión fue tomada durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala de la SCJN avaló la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. El proyecto señaló que en hechos relacionados con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, la información no puede clasificarse como reservada.
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La resolución del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) también fue impugnada por tres presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos. Estos individuos fueron señalados de participar en el secuestro, desaparición y homicidio de los normalistas, pero posteriormente se convirtieron en testigos colaboradores durante la Administración de López Obrador.
Según el expediente consultado, el 15 de febrero de 2023 el INAI impuso a la FGR la obligación de entregar la versión pública. Entre los que impugnaron la resolución estuvieron Agustín García Reyes, “El Chereje”; Salvador Reza Jacobo, “El Lucas”, y Patricio Reyes Landa, “El Pato”. Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto fueron señalados de presuntamente formar parte de dicho grupo criminal.
En 2018 fueron liberados por orden de un Tribunal Federal, el cual determinó que en sus casos se violó el debido proceso y que fueron torturados. De los tres testigos, solo dos sobreviven, ya que, el 15 de junio de 2025, fue asesinado “El Pato”, en un domicilio particular, ubicado en Jilotepec, en el Estado de México.
La FGR tendrá que publicar la versión pública de la carpeta en su micrositio del Caso Iguala, donde están los diversos tomos de la investigación del caso iniciada desde 2014. González Alcántara Carrancá consideró que los argumentos eran inoperantes, ya que al tratarse de violaciones graves de derechos humanos, la información solicitada revestía el carácter de pública.
