Como parte de las investigaciones relacionadas con el llamado “huachicol fiscal” en Baja California, tanto la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) como la Fiscalía General del Estado (FGE) han abierto líneas de investigación en las que se menciona a Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como a su hermano Luis Torres Torres, quien ha ocupado cargos dentro del sistema aduanal en la entidad.
La atención se ha centrado particularmente en Luis Torres, tras la difusión de información que lo vincula con operaciones de contrabando de combustible bajo la modalidad conocida como “huachicol fiscal” o “huachicol marítimo”.
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Este esquema ilegal consiste en la importación, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, principalmente diésel, a través de puertos mexicanos, utilizando documentos falsificados para evadir impuestos.
En este contexto, varios importadores han denunciado corrupción con prácticas de extorsión dentro de las aduanas. Dos comerciantes dedicados a la compra-venta de vehículos fronterizos, uno de ellos empleado de base del Gobierno del Estado, accedieron a hablar con Semanario ZETA bajo condición de anonimato.
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Aseguraron haber tenido contacto directo con Luis Torres, quien se presenta como interlocutor de las autoridades aduanales para conocer los problemas del sector.
“En reuniones recientes con importadores, Luis Torres se presentó como representante de la autoridad. Escucha, pero no resuelve. En cambio, seguimos siendo víctimas de cobros ilegales por parte de diversas corporaciones”, denunció uno de los comerciantes entrevistados.
Relataron que los pagos extraoficiales son exigidos por elementos de la Guardia Nacional y personal adscrito a otras dependencias federales. “Primero es la Guardia, luego viene la policía federal, y todos piden su parte. Nos exprimen en cada filtro”, señaló uno de los afectados, plenamente identificado por este medio.
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Según su testimonio, cuando se niegan a pagar, los vehículos son retenidos sin fundamentos legales claros. “Ellos son quienes dan el ‘banderazo’ para liberar los vehículos, pero si no pagamos, los detienen en los patios hasta que se les da dinero”, agregó.
Los comerciantes insistieron en que estos actos de extorsión han convertido la importación de vehículos en una actividad de alto riesgo, con costos impredecibles y sin garantías legales. Consideran que estas prácticas están institucionalizadas y vinculadas a altos niveles de poder dentro del sistema aduanal.
Las autoridades federales y estatales no han emitido declaraciones oficiales respecto a las acusaciones, aunque la presencia de familiares cercanos a la titular del Ejecutivo estatal en puestos clave del sector aduanal ha generado inquietud en el gremio importador.
MÁS ÓRDENES DE APREHENSIÓN POR “HUACHICOL FISCAL”
A dos meses del hallazgo de un terreno donde se almacenaba de manera clandestina combustible en la delegación El Sauzal, en Ensenada, el almacén fue vaciado por completo y las autoridades federales han extendido acciones legales a más empresarios.
Hasta ahora, al menos dos personas han promovido amparos contra órdenes de aprehensión, mientras que todo el material asegurado, que anteriormente había ingresado por el recinto portuario, fue trasladado a instalaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Además del exsenador morenista Gerardo Novelo Osuna, propietario del predio, también obtuvo protección judicial José Isabel Murguía Santiago, administrador general de la empresa Mefra Fletes S.A. de C.V., relacionada con el manejo del combustible.
José Isabel Murguía es hermano de José Ascención Murguía, actual alcalde de Teuchitlán, Jalisco, quien permanece detenido tras el hallazgo de un campo de adiestramiento criminal dentro del rancho Izaguirre, en ese municipio.
Ascención Murguía figura desde 2020 como administrador, socio y accionista principal de varias empresas de autotransporte federal de carga constituidas recientemente, y las investigaciones apuntan a presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Al igual que el hermano, José Isabel está siendo procesado bajo la causa penal 216/2025 en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano (Almoloya de Juárez).
Los delitos que se le han impuesto son por posesión ilícita de hidrocarburos (gasolina y diésel), y hace unos días el Ministerio Público Federal solicitó la audiencia para formular imputación.
Aunque en un inicio se deslindó de responsabilidad, asegurando que él sólo es arrendatario del inmueble, la Fiscalía General de la República (FGR) incluyó a Novelo Osuna en la investigación; y si bien se libró una orden de aprehensión en su contra, el ex senador obtuvo una suspensión provisional tras promover un amparo contra actos atribuidos a 14 autoridades judiciales y ministeriales, tanto en Baja California como en Ciudad de México.
El Juzgado Octavo de Distrito en Baja California admitió la demanda. La audiencia de imputación, originalmente programada para el 10 de junio, fue pospuesta para el próximo 16 de julio, según fuentes del Poder Judicial. Bajo el número 413/2025-I-B, se inició un incidente de suspensión provisional para determinar la viabilidad de detener los actos reclamados con el pago de una fianza por la cantidad de seis mil pesos.
Hay otro empresario implicado, según lo publicado en un documento por el mismo Gerardo Novelo, quien se deslinda de responsabilidad, asegurando que él firmó un contrato con Luis Francisco Rodríguez Orozco, quien aparece en la lista de prestadores de servicios para el puerto de Ensenada.
Información de la extinta Administración Portuaria Integral (API), ahora Administración Portuaria Nacional, en su padrón aparece Rodríguez Orozco como prestador del servicio de maniobras, carga y descarga, a través de Estibadores de Ensenada.
Todos los integrantes del padrón tienen acceso al recinto portuario.
FUERON CASI 9 MILLONES DE LITROS DE COMBUSTIBLE
Imágenes satelitales y aplicaciones de rastreo revelan que desde marzo de 2024 se inició el desalojo del lugar, retirando contenedores metálicos en mal estado y plataformas de carga pesada.
Posteriormente, maquinaria pesada fue ingresada para limpiar el terreno. Para mayo, ya se habían instalado grandes tanques blancos de almacenamiento. En enero de 2025, las instalaciones estaban acondicionadas para realizar cargas y descargas de combustible de forma clandestina.
La operación masiva de tráfico ilegal de hidrocarburos fue de ocho millones 885 mil litros de hidrocarburos almacenados en condiciones irregulares, y que además se le suma que había derrame de este material en el exterior del inmueble, ubicado a un costado de la carretera Ensenada-Tijuana, donde la Guardia Nacional mantiene una vigilancia constante.
El operativo para sacar el combustible terminó en Ensenada, luego de que las pipas realizaron el traslado del material por 22 días.
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