Por seis votos a favor y tres en contra, el Pleno de la Corte Suprema de Estados Unidos declaró, el 27 de junio de 2025, que las suspensiones a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores “probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales”.
“¡VICTORIA GIGANTESCA en la Corte Suprema de Estados Unidos! Incluso el fraude de la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha visto, indirectamente, duramente afectado”, escribió el presidente Donald Trump, en su cuenta de la red social Truth y anunció que daría una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
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“Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del Poder Ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso”, declaró la magistrada Amy Coney Barrett, autora del dictamen.
“Cuando un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades”, añadió Barrett, en un fallo al que se adhirieron los otros cinco magistrados conservadores del tribunal, mientras que los tres liberales discreparon.
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En su opinión, en nombre de los tres miembros liberales del tribunal, la magistrada Sonia Sotomayor afirmó que la mayoría había seguido “vergonzosamente” la estrategia de la Administración encabezada por Trump en el caso.
Sotomayor lo describió como un intento de imponer una política “manifiestamente inconstitucional”, al no pedir a los jueces que la aprobaran, sino limitar el poder de los jueces federales en todo el país. Advirtió que, según el fallo, “ningún derecho está a salvo en el nuevo régimen legal que crea la Corte”.
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Por su parte, la Fiscal General de EE. UU., Pamela Jo “Pam” Bondi, respondió al fallo judicial de la Suprema Corte de Estados Unidos, respaldando el esfuerzo del presidente Trump, por restringir las órdenes judiciales de tribunales inferiores, que habían obstaculizado su agenda durante meses.
“Hoy, la Corte Suprema investigó a los tribunales de distrito para DETENER el aluvión interminable de órdenes judiciales a nivel nacional contra el presidente Trump. Esto no habría sido posible sin el trabajo incansable de nuestros excelentes abogados @TheJusticeDept y nuestro procurador general, John Sauer […] Este Departamento de Justicia continuará defendiendo con celo las políticas de @POTUS y su autoridad para implementarlas”, dijo Bondi en la red social X.
El caso se centró en si un solo juez de un tribunal federal de distrito tenía derecho a bloquear a nivel nacional un decreto presidencial mediante una orden universal, mientras el asunto se litigaba en las cortes.
Durante los argumentos orales del caso ante la Corte Suprema de EE. UU., presentados en mayo de 2025, la mayoría de los magistrados expresaron su preocupación por el creciente uso de órdenes judiciales a nivel nacional, por parte de los tribunales de distrito en los últimos años.
El magistrado Samuel Alito afirmó que las órdenes judiciales a nivel nacional planteaban un “problema práctico”, porque había cientos de jueces de tribunales de distrito y cada uno de ellos estaba “convencido” de estar en lo cierto.
El asesor jurídico de la administración John Sauer, quien argumentó a favor de Trump en la vista judicial, comparó las órdenes judiciales a nivel nacional con un “arma nuclear”. Según él alteraban el “equilibrio constitucional de la separación de poderes”.
La Administración de Trump había solicitado a la Corte Suprema de EE. UU. que restringiera la aplicación de una orden judicial de un tribunal de distrito a las partes que presentaron el caso y al distrito donde preside el juez.
