En un fallo unánime de votos a favor y cero sufragios en contra, el Pleno de la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó, el 5 de junio de 2025, la demanda que interpuso, en agosto de 2021, el Gobierno de México, en contra de al menos dos de las ocho compañías de la industria armamentista -el fabricante Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms-, ante la Corte Federal del Distrito de Massachussets, en Boston.
“México alega que las empresas ayudaron e instigaron ventas ilícitas que canalizaron armas a cárteles mexicanos. La cuestión presentada es si la demanda de México demuestra plausiblemente esa conducta. Concluimos que no lo hace”, escribió la jueza progresista Elena Kagan, en nombre de la Corte Suprema de Estados Unidos.
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“Dado que la demanda de México no alega de manera plausible que los fabricantes de armas demandados ayudaron e incitaron a los distribuidores de armas a vender ilegalmente armas de fuego a traficantes mexicanos, la PLCAA [Ley de Protección del Comercio Legal de Armas] impide la demanda”, indicó el fallo unánime de los nueve magistrados de la Corte Suprema de EE. UU., seis de ellos conservadores y tres progresistas.
En este caso los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos debían dar respuesta a dos cuestiones. Primero, si la producción y venta de armas de fuego en EE. UU. era la “causa inmediata” de las presuntas lesiones al Gobierno mexicano, derivadas de la violencia cometida por los cárteles de la droga en México.
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Segundo, si la producción y venta de armas de fuego en Estados Unidos equivalía a “ayudar e instigar” el tráfico ilegal de las mismas, porque las empresas que las fabricaban y comercializaban supuestamente sabían que algunos de sus productos eran objeto de tráfico ilegal.
“No nos cabe duda de que, tal y como afirma la demanda, algunas de estas ventas tienen lugar y que los fabricantes son conscientes de ello. Sin embargo, México no ha alegado adecuadamente lo que debe: que los fabricantes ‘participan en’ esas ventas ‘como en algo que desean llevar a cabo’ y ‘pretenden, con [su] actuación, que se lleve a cabo”, agregó el fallo del máximo tribunal constitucional estadounidense.
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Asimismo, Kagan subrayó que la demanda no señalaba ninguna transacción delictiva específica, en la que los demandados presuntamente hubieran prestado ayuda. No decía, por ejemplo, que un fabricante en particular ayudó a un comerciante de armas determinado, en un momento y lugar concretos, a vender armas a un traficante mexicano determinado, que no estaba legalmente autorizado a comprarlas en virtud de una ley específica.
En cambio, la demanda del Gobierno mexicano formuló una acusación más general: que todos los fabricantes ayudaban a un número indeterminado de comerciantes de armas sin escrúpulos, a realizar numerosas ventas de armas de fuego, en violación de diversas prohibiciones legales.
El carácter sistémico de esa acusación aumentó la carga de la prueba del Gobierno de México, por lo que la Corte Suprema de Estados Unidos enfatizó que, para que la acusación prosperara, debía estar respaldada por alegaciones plausibles de “asistencia generalizada, sistémica y culpable”, lo que no ocurrió.
Además, la Corte Suprema de EE. UU. subrayó que la estructura comercial del sector pasaba por intermediarios mayoristas, lo que dejaba en precario la acusación de que los fabricantes vendían a algunas tiendas de armas en concreto, mismas que facilitaban el acceso a los cárteles de la droga.
“Al afirmar que los fabricantes suministran intencionadamente armas a distribuidores sin escrúpulos, México nunca reconoce que los fabricantes no suministran directamente a ningún distribuidor, sea este sin escrúpulos o no. En su lugar, venden armas de fuego a distribuidores intermediarios, cuya independencia nunca ha cuestionado México”, destacó el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.
El martes 4 de marzo del mismo año, representantes del Gobierno de México expusieron,ante la Corte Suprema de Estados Unidos, sus argumentos respecto la demanda que interpuso, en agosto de 2021, en contra de ocho compañías de la industria armamentista ante la Corte Federal del Distrito de Massachussets, en Boston.
Durante la audiencia, los representantes del Gobierno mexicano reiteraron que las empresas no gozaban de inmunidad por su conducta negligente, como resolvió en su favor, Rosemary Márquez, de la Corte Federal para el Distrito de Arizona, con sede en Tucson, dictaminó, el 25 de marzo de 2024.
Dicha juzgadora indicó que el Gobierno mexicano podría seguir adelante con una demanda que acusaba a cinco empresas vendedoras de armamento de dicho entidad de Estados Unidos -Barrett Firearms, Beretta USA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing, Ruger, así como Glock y Strum-, de participar en el tráfico de armas y municiones a los cárteles del narcotráfico en México.
La juzgadora federal rechazó los argumentos de los distribuidores -Diamondback Shooting Sports Inc, SnG Tactical LLC, Loan Prairie LLC, Ammo AZ LLC y Sprague’s Sports Inc-, que argumentaron que gozaban de una llamada “inmunidad procesal” de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), que desde 2005 escudaba a los fabricantes y distribuidores de EE.UU., de recibir querellas por la vía civil, por el mal uso de sus productos.
Los argumentos del Gobierno de México ante la Corte Suprema de EE. UU. fueron presentados por la abogada Cate Stetson, quien estuvo acompañada de los abogados Jonathan Lowy, presidente de la organización de la sociedad civil Global Action on Gun Violence y Steve Shadowen, que representaron a México en este litigio. También estuvieron Fadia Ibrahim Nader, directora de Litigios sobre Privilegios e Inmunidades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el consultor jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha Olabuenaga.
“Se trata de un río de hierro que bombea hasta medio millón de armas, o más, cada año a México. Los fabricantes de armas estadounidenses, así como los distribuidores y los vendedores, alimentan este río, con pleno conocimiento de causa. Para frenar a los cárteles, es imperante cortar el suministro de sus armas de fuego”, indicó Arrocha Olabuenaga, durante la audiencia ante la Suprema Corte de EE. UU.
El máximo tribunal constitucional de Estados Unidos podría emitir una decisión a finales del segundo trimestre del presente año, cuando determinaría si estas empresas demandadas gozarían de inmunidad, aun cuando incurrieran en este tipo de prácticas.
En un comunicado, la SRE informó que en enero de 2024, lo que calificó como “un hecho sin precedentes”, México superó la inmunidad que otorgaba la ley estadounidense a estas empresas, tras una resolución favorable de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito.
Según la Cancillería, durante la audiencia ante la Suprema Corte de EE. UU., el Gobierno mexicano sostuvo que las acciones y omisiones de estas empresas permitían que sus armas de fuego fueran traficadas a México, causando violencia y sufrimiento a su población, por lo que no gozaban de inmunidad a la luz de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos.
Respecto a la Segunda Enmienda, el Gobierno de México indicó que respetaba el derecho de autogobernarse y reiteraba que este caso no versaba respecto a la misma, ni sobre el derecho de los estadounidenses a portar armas.
El Gobierno de México anunció, el 4 de agosto del 2021, que demandó a 11 grandes fabricantes de armas de Estados Unidos en una Corte Federal del Distrito de Massachusetts, en Boston, acusándolos de prácticas negligentes y de ser conscientes de que sus productos eran traficados ilegalmente a territorio mexicano.
Según un documento citado por la agencia británica Reuters y el diario estadounidense The Washington Post, la demanda señalaba que el Gobierno de México buscaba una compensación de hasta 10 mil millones de dólares.
Ello alegando que las unidades de Smith & Wesson Brands; Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A. Corp.; Beretta Holding; Century International Arms; Colt´s Manufacturing Company; Glock, Inc.; Glock GES; Sturm, Ruger & Co.; Witmer Public Safety Group; e, Interstate Arms; sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país latinoamericano.
