La candidata a ministra de la Corte Ingrid Tapia refirió que el método para definir candidaturas a cargos en el Poder Judicial se debe mejorar en aras de evitar que perfiles señalados de vínculos con la delincuencia u otras inconsistencias asuman como contendientes.
“Lo que tenemos es que mejorar con urgencia, la sociedad en general, es este método de selección, porque hay otra elección en el 27, donde se renueva el Tribunal Federal Electoral, la Sala Superior, y vamos a seguir teniendo al malandro, a la loca, al indolente, al del chicharrón, a la que se encuera, a la representante del Chapo, al de los Zetas. ¿Es de verdad? No, lo que tenemos es que reflexionar el mecanismo”, manifestó este martes 6 de mayo en Tijuana.
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Opinó que la participación de personas con presuntos nexos delictivos o con un promedio inferior a 8 de calificación en la carrera de derecho no es responsabilidad plena de los Comités de Evaluación que avalaron su candidatura.
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“Una de las cosas más difíciles de investigar es la de un comité que va a elegir jueces, porque necesitas acceso a información reservada o privilegiada. Es decir, cómo un comité va a tener acceso a mis estados de cuenta, a mi situación patrimonial o al histórico de mis clientes que yo representé si ya no tenemos al INAI (Instituto Nacional de Transparencia) y no metes un mecanismo que permita el acceso al comité de esta información”, indicó en entrevista con ZETA.
“Si tú tenías que depurar una lista entre 15 mil candidatos para llegar a solo una integración de 64 (en el caso de quienes contienden por el cargo de ministro), solo contaste con mes y medio para hacer eso y tú comité está integrado por cinco o 6 personas la probabilidad humana de que lo hagas y lo hagas correctamente es escasísima”, explicó.
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De ahí que se pronunciara por “repensar el diseño normativo” de la reforma al Poder Judicial de la Federación publicada el 15 de septiembre por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en un afán de elegir jueces, magistrados y ministros por la vía popular.
“Lo que urge para todos los legisladores, para la propia Corte que entra en funciones es revisar el modelo, porque además si va a persistir con independencia de qué partido está en el gobierno más nos vale a todos que se revise ese modelo”, reiteró.
El 4 de mayo los presidentes del Senado de la República y la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, solicitaron al Instituto Nacional Electoral cancelar 26 candidaturas bajo el argumento de que los contendientes estaban siendo investigados por la Fiscalía General de la República por posibles vínculos con la delincuencia organizada o no habían obtenido 8 de promedio en la carrera de Derecho, requisito estipulado en la Reforma Judicial.
Ingrid Tapia estimó que esas candidaturas permanecerán inscritas al proceso, de tal suerte que sean puestas a consideración del electorado en los comicios del 1 de junio.
“Al menos que operaran desde otra perspectiva, penal o administrativa, pero si en el requisito de elegibilidad no estaba que no hubiese sido condenado o que no estés procesado por delitos contra la salud y si tampoco estaba prohibido por el INE que te desnudaras y te pusieras negligé o que hicieras campaña en Tinder o cualquier cosa de estas ridiculeces que los que cretinos indolentes andan haciendo dime cómo so pretexto de eso que claramente está mal le vas a quitar la candidatura a alguien sin violar sus derechos político electorales”, asentó.
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