Si bien desde 2008 se estableció el Sistema Procesal Penal Acusatorio, con una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el mandamiento constitucional no se está cumpliendo a cabalidad. Así lo consideró René Octavio Cardona González, candidato a juez penal federal en el Décimo Quinto Circuito.
“Uno de los principales obstáculos que se encuentra ahora en la impartición de justicia es que en materia penal al menos no se cumple con la reforma del 2008, que transitó de un sistema escrito lento a uno más dinámico y de corte acusatorio eminentemente oral”, manifestó el abogado penalista en entrevista con ZETA.
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Explicó que a pesar de que la enmienda decretada el 18 de junio de 2008 trajo consigo dos medidas de solución orientadas a eludir el juicio oral, no se ha hecho un uso recurrente de semejantes medios.
“No se aplica el corazón de esta reforma: las salidas alternas y el procedimiento abreviado. Es decir, que no todo llegue a juicio oral. Actualmente no se hace un uso adecuado de las salidas alternas y el procedimiento abreviado, porque se tarda mucho una autorización y se retrasa la impartición de justicia por meses”, consideró el candidato, quien participa como tal en el distrito 2 del Décimo Quinto Circuito (demarcación distrital que comprende Tijuana, Tecate, Rosarito).
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“Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial”, establece el decreto correspondiente, expedido por Felipe Calderón Hinojosa (presidente de México de 2006 a 2012).
El entrevistado detalló que la salida alterna constituye un acuerdo entre las partes para resolver el conflicto, en tanto que el procedimiento abreviado implica que el imputado, con la debida orientación de por medio, “acepte su participación en los hechos” de tal suerte que se dicte sentencia a la brevedad.
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“Pero esto se atrasa: los asuntos de enero se suman a los de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y no se imparte justicia en los términos que establece la Constitución”, enfatizó Cardona González.
“Despresurizar el sistema no se hace. Tijuana es el Centro de Justicia con mayor retraso laboral. Lo dice el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía); en el último censo de impartición y procuración de justicia coloca a Baja California en retraso laboral y carga procesal por encima de la media nacional”, advirtió.
“Entonces eso debe de cambiar”, afirmó el contendiente en cuanto a sus expectativas del desempeño de los juzgadores que entren en funciones el 1 de septiembre, derivado de la elección a llevarse a cabo el próximo domingo, 1 de junio.
De la participación en las urnas y las voces de rechazo a la elección popular de juzgadores (entre éstas la del coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, quien anticipó que no acudiría a votar), el candidato a juez penal estableció que la reforma respectiva, decretada por Andrés Manuel López Obrador, “ya es Constitución y ya se impusieron las reglas”.
De ahí que hiciera un llamado a “que se respeten las reglas impuestas y se promueva la elección” en aras de que el ejercicio de participación ciudadana “sea inédito”.
