En México se identifica al “huachicol” como el combustible robado a través de las tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), traficado ilícitamente por organizaciones criminales y por comunidades inmersas en contexto de pobreza, que hacen de esta práctica su modus vivendi. Sin embargo, en tiempos recientes, un nuevo tipo de huachicol ha emergido como una amenaza silenciosa pero devastadora para las finanzas públicas: el huachicol fiscal, llamado así por los diversos procesos de una cadena que tiende a “lavar” la ilicitud, exentar al hidrocarburo del pago de impuestos y dejar mayores ganancias a los delincuentes.
Este delito, menos visible que la sustracción física de combustible, pero igual de perjudicial, involucra sofisticadas redes de corrupción, complicidades institucionales y un impacto económico que asciende a miles de millones de pesos anuales. Se trata de la exportación clandestina de petróleo crudo robado, su refinación en los Estados Unidos, de nuevo su importación al país, comercialización y distribución de hidrocarburos sin el cumplimiento de las obligaciones fiscales, principalmente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
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A diferencia del huachicol tradicional, que implica la extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex, el huachicol fiscal es un delito de “cuello blanco” que opera en las sombras de la legalidad, utilizando maniobras administrativas y documentación falsificada para evadir impuestos. Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en 2024, se estimó que el 14 por ciento de la demanda total de gasolina y diésel en México provino de combustibles importados ilegalmente, generando pérdidas fiscales de hasta 130 mil millones de pesos anuales.
Este negocio ilícito no sólo afecta las arcas del Estado mexicano, sino que también distorsiona el mercado legal de combustibles, perjudicando a empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales y se fortalece a redes criminales que diversifican sus ingresos más allá del narcotráfico, trata de personas o el tráfico de armas. El huachicol fiscal es, en esencia, un esquema de evasión fiscal masiva que se disfraza de operaciones comerciales legítimas, pero que en realidad alimenta la corrupción y el crimen organizado.
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MODUS OPERANDI
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El huachicol fiscal es un delito sofisticado que requiere una red de complicidades entre importadores, agentes aduanales, autoridades gubernamentales, empresas fachada y distribuidores. Su modus operandi se basa en explotar las vulnerabilidades del sistema aduanal y fiscal mexicano. A continuación, se detalla el proceso típico:
*Importación con declaraciones falsas: Los combustibles, principalmente gasolina y diésel, son importados desde países como Estados Unidos a través de puertos o cruces fronterizos. Para evadir el IEPS (que puede superar los 7 pesos por litro) y el IVA, los importadores declaran los hidrocarburos bajo clasificaciones arancelarias incorrectas, como lubricantes, aditivos, desechos petrolíferos o productos exentos de impuestos. Por ejemplo, en un caso reciente en Tamaulipas, un buque que transportaba 10 millones de litros de diésel fue declarado como “aditivos para lubricantes”, según confirmó el fiscal general Alejandro Gertz Manero.
*Documentación fraudulenta: Las empresas involucradas presentan pedimentos aduanales manipulados o facturas falsas para respaldar la importación. En algunos casos, sólo se declara una fracción del volumen real importado, reduciendo significativamente el pago de impuestos. Estas maniobras suelen contar con la complicidad de agentes aduanales y funcionarios corruptos que autorizan los despachos sin inspecciones físicas.
*Distribución en el mercado negro: Una vez ingresado al país, el combustible ilegal se distribuye a través de gasolineras, transportistas o empresas que lo adquieren a precios más bajos que los del mercado legal. Los consumidores finales, desde empresarios hasta ciudadanos comunes, a menudo desconocen que están comprando combustible de origen ilícito.
*Lavado de dinero: Las ganancias obtenidas se integran al sistema financiero a través de empresas fachada, transferencias internacionales o inversiones en sectores como el inmobiliario. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado depósitos en efectivo y movimientos financieros sospechosos relacionados con estas operaciones, como en un caso reciente donde se denunciaron transacciones por más de 80 millones de pesos.
Este esquema requiere una logística compleja y una red de actores que incluye desde cárteles hasta funcionarios públicos, lo que lo convierte en un delito de alta sofisticación.
SITIOS DE PASO
El hidrocarburo “lavado” o huachicol fiscal tiene una presencia notable en puertos y aduanas cercanos a la frontera con Estados Unidos, donde ingresa aproximadamente el 70 por ciento del combustible importado a México. Los principales puntos de operación incluyen:
*Puertos marítimos: Altamira y Tampico, en Tamaulipas; Ensenada, Baja California; Guaymas, Sonora; Tuxpan, Veracruz; y Manzanillo, Colima, han sido identificados como centros clave para el contrabando de hidrocarburos. Por ejemplo, el 26 de marzo de 2025, en un operativo realizado en la Delegación El Sauzal de Rodríguez, en Ensenada, autoridades federales aseguraron 7.9 millones de litros de combustible y una flotilla de tractocamiones y tanques para su transporte; mientras que, el 18 de marzo previo, la Secretaría de Marina aseguró 10 millones de litros de diésel en un buque mercante, en el puerto de Tampico.
*Cruces fronterizos: Ciudades como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas son puntos críticos para la importación terrestre de combustible en pipas, a menudo con documentación falsificada. También destaca su paso por sitios aledaños en Nuevo León.
Estados con alta demanda de combustible: Una vez ingresado, el combustible se distribuye hacia estados con gran consumo, como la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y el Estado de México. Estas regiones, con una alta densidad de gasolineras y actividad industrial, facilitan la mezcla del combustible ilegal con el legal.
La concentración en puertos y fronteras refleja la dependencia de México de las importaciones de combustible, así como las debilidades en la vigilancia aduanal y portuaria, que han sido infiltradas por el crimen organizado.
MODALIDADES
El huachicol fiscal se manifiesta en diversas modalidades, cada una diseñada para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos de detección:
*Contrabando simple: Importar combustibles sin declarar o con declaraciones falsas para evadir impuestos. Esta es la forma más común y directa que se conoce.
*Subdeclaración de volumen: Se reporta sólo una parte del combustible importado, pagando impuestos por una fracción del total.
*Facturación falsa: Se utiliza a empresas fantasma para generar comprobantes fiscales que legitimen la venta de combustible ilegal. Estas empresas suelen desaparecer tras operar por corto tiempo.
*Triangulación internacional: El combustible es importado a través de terceros países o empresas offshore para ocultar el origen y dificultar el rastreo.
*Corrupción institucional: funcionarios de aduanas, Pemex, el SAT o la Secretaría de Seguridad Pública son sobornados para garantizar la autorización de importaciones fraudulentas. En 2025, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, admitió que el delito ha infiltrado múltiples niveles del gobierno, incluyendo Aduanas y el SAT.
Estas modalidades reflejan la adaptabilidad del huachicol fiscal, que ha evolucionado desde el robo físico de combustible hacia un esquema más complejo y lucrativo.
LOS OPERADORES
Esta actividad ilícita involucra una amplia gama de actores, desde organizaciones criminales hasta funcionarios públicos y empresarios. Los principales implicados en el huachicol fiscal son:
*Cárteles del crimen organizado: Grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo (CDG) y de Sinaloa (CDS) han diversificado sus operaciones hacia el huachicol fiscal, aprovechando su experiencia en logística y lavado de dinero. En 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionó a 26 empresas y 9 personas vinculadas al CJNG por estas actividades.
*Empresarios y empresas fachada: Figuras como Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, construyeron imperios financieros mediante el contrabando de combustibles. Carmona, asesinado en 2021, operaba a través de empresas fantasma y tenía nexos con políticos y funcionarios.
*Funcionarios corruptos: La complicidad de agentes aduanales, empleados de Pemex y autoridades portuarias es esencial. Auditorías recientes, como la AU-47/2025, revelaron omisiones deliberadas en la aduana de Tuxpan, Veracruz, que facilitaron el ingreso de combustibles ilegales.
*Gasolineras y distribuidores: Algunas estaciones de servicio compran combustible ilegal para ofrecer precios competitivos, mientras que transportistas y empresas consumidoras finales participan, consciente o inconscientemente, en la cadena.
*Políticos y financiamiento de campañas: Hay denuncias de que las ganancias del huachicol fiscal han financiado campañas políticas, como las de Morena en Tamaulipas, según investigaciones periodísticas.
Esta red de operadores muestra que el huachicol fiscal no es únicamente un problema criminal, sino un reflejo de la corrupción sistémica en México.
DELITOS ASOCIADOS
El huachicol fiscal encuadra en varios tipos penales, principalmente regulados por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos (2016) y otras disposiciones legales. Los delitos más comunes son:
*Contrabando (Código Fiscal de la Federación, Art. 102): Importar hidrocarburos sin cumplir con las regulaciones aduanales. Establece penalidades de 3 a 9 años de prisión, dependiendo del monto evadido.
*Defraudación fiscal (Código Fiscal de la Federación, Art. 108): Evadir impuestos como el IEPS y el IVA mediante maniobras fraudulentas. Las penas van de 3 meses a 7 años, según la cantidad defraudada.
*Delincuencia organizada (Ley Federal contra la Delincuencia Organizada): Cuando el huachicol fiscal es operado por grupos criminales, como los referidos cárteles, se considera delincuencia organizada, con penas de 20 a 40 años de prisión.
*Lavado de dinero (Código Penal Federal, Art. 400-Bis): Las ganancias del huachicol fiscal suelen blanquearse, lo que conlleva penas de 5 a 15 años de prisión.
*Corrupción (Código Penal Federal, Art. 212): La participación de funcionarios públicos en estos esquemas constituye delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. La sanción será la misma aplicable al delito del que se trate.
Además, la reforma al Artículo 19 constitucional (2019) clasifica los delitos en materia de hidrocarburos como graves, lo que amerita la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, de las 14 mil 172 personas detenidas por huachicol (en general), entre 2014 y 2018, apena 229 enfrentaron cargos por delincuencia organizada, evidenciando fallas en la persecución penal.
CASOS EMBLEMÁTICOS
Aunque se conoce el fenómeno del huachicol habitual, fue a partir de 2021 cuando se visibilizó el floreciente y lucrativo ilícito del huachicol fiscal. Estos son los asuntos más mediáticos al respecto:
*El Caso de Sergio Carmona: Sergio Carmona Angulo, asesinado en 2021, fue el epicentro de una red de huachicol fiscal que operaba desde Tamaulipas. Su imperio, ligado a políticos de Morena y otros partidos, movió millones de litros de combustible ilegal y financió campañas políticas. A pesar de las pruebas, no hay avances significativos en las investigaciones.
*Tuxpan 2023-2024: Una auditoría de la Secretaría Anticorrupción encontró irregularidades en la aduana de Tuxpan, Veracruz, donde funcionarios omitieron registrar importaciones de hidrocarburos, facilitando el huachicol fiscal. Este caso expuso la infiltración de redes criminales en Pemex y las aduanas.
*Tampico 2025: El 18 de marzo, la Secretaría de Marina aseguró 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, a bordo del buque Challenge Procyon. La carga fue reportada como “aditivo para aceite lubricante”. La empresa que importó el combustible reclama que eran 20 millones de litros y no 10 millones.
*Ensenada 2025: El 26 de marzo, las autoridades federales irrumpieron en un predio de El Sauzal, al que denominaron centro clandestino de almacenamiento y distribución de combustible. Fueron asegurados 7.9 millones de hidrocarburo de dudosa procedencia en cien cajas tipo contenedor, autotanques y cisternas. No hubo detenidos.
Estos operativos, los más grandes en la historia de México, revelaron una red vinculada a cárteles de la delincuencia organizada que operan con empresas fachada y documentación falsificada. Los aseguramientos representan unos 452 millones de pesos para Pemex e ilustran la magnitud del problema y la dificultad de desmantelar redes que operan con protección política y administrativa.
EL RUMBO
A pesar de los esfuerzos del gobierno, como los aseguramientos recientes y las sanciones de Estados Unidos contra empresas y personas vinculadas al CJNG, el huachicol fiscal está lejos de ser erradicado, pues sigue creciendo debido a varios factores:
*Corrupción sistémica: La infiltración de redes criminales en aduanas, Pemex y otras instituciones dificulta la erradicación del problema. La falta de castigos ejemplares perpetúa la impunidad.
*Dependencia de importaciones: México importa cerca del 70 por ciento de su combustible, lo que crea oportunidades para el contrabando. Sin una mayor autosuficiencia energética, el huachicol fiscal seguirá siendo rentable.
*Presión internacional: La intervención de Estados Unidos, a través de sanciones y alertas de la FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros, en español), está obligando a México a intensificar sus acciones. Sin embargo, la cooperación bilateral es complicada por intereses políticos y económicos. Tampoco del otro lado de la frontera se hace mucho al respecto.
*Evolución del crimen organizado: Los cárteles están diversificando sus operaciones, combinando huachicol fiscal con tráfico de fentanilo, extorsión y lavado de dinero. Esto los hace más difíciles de combatir.
En el futuro, el combate al huachicol fiscal requerirá una estrategia integral que combine inteligencia financiera, reformas aduanales, sanciones penales más efectivas y cooperación internacional. Se trata de algo más que un delito fiscal; es un reflejo de las profundas fallas estructurales en el sistema mexicano. Con pérdidas de miles de millones de pesos, redes criminales que abarcan desde cárteles hasta políticos, y una impunidad que frustra los esfuerzos de combate, este ilícito representa un inmenso desafío.
