El Juzgado Octavo de Distrito en Baja California admitió una demanda de amparo promovida por el ex senador de Morena, Gerardo Novelo Osuna, contra actos atribuidos a autoridades judiciales y ministeriales en Baja California y en la Ciudad de México.
Hay una orden de aprehensión en su contra la cual se giró tras el hallazgo del pasado 26 de marzo, cuando agentes federales aseguraron ocho millones de litros de hidrocarburo almacenados de manera ilegal y de dudosa procedencia en un terreno de la delegación El Sauzal, en Ensenada, propiedad de Gerardo Novelo, hermano del ex presidente municipal, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Novelo Osuna.
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En la demanda de amparo se menciona a 14 autoridades, entre ellas jueces de control adscritos a Centros de Justicia Penal Federal en Ensenada, distintos reclusorios de la Ciudad de México, agentes del Ministerio Público de la Federación y altos mandos de la Fiscalía General de la República.
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Bajo el número 413/2025-I-B, y abrió un incidente de suspensión provisional para determinar la viabilidad de detener los actos reclamados con el pago de una fianza por la cantidad de 6 mil pesos.
La audiencia constitucional está programada para el próximo 10 de junio de 2025 a las 10:50 horas, y se requirió a las autoridades responsables rendir un informe justificado en un plazo de 15 días.
Además, el juzgado autorizó que las notificaciones personales a la parte quejosa se realicen por vía electrónica y le otorgó acceso al expediente digital a través del portal institucional del Consejo de la Judicatura Federal. El amparo fue tramitado luego de que el ex funcionario no asistió a un citatorio el cual fue notificado en su domicilio en Ensenada.
Entre los actos reclamados por el exfuncionario se encuentran:
“Libramiento de una orden de comparecencia y/o aprehensión en mi contra”;
“Orden de presentación y/o detención en mi contra”,
“Toda vez que no he cometido ningún delito que amerite las órdenes antes descritas, ni algún otro ilícito que justifique ser presentado o detenido por las autoridades ordenadoras o diversas”, de acuerdo con la declaración del ex Senador.
El empresario se amparó contra las siguientes autoridades:
-Juez de Distrito en Funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada
-Juez de Distrito en Funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con residencia en el Reclusorio Sur
-Juez de Distrito en Funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con residencia en el Reclusorio Norte
-Juez de Distrito en Funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con residencia en el Reclusorio Oriente.
-Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.
-Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.
-Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.
-Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.
-Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Delegación de Baja California, con residencia en Ensenada.
-Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, con sede en la Ciudad de México.
-Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos, con sede en la Ciudad de México.
-Fiscal General de la República, con sede en la Ciudad de México.
-Coordinador de Métodos de Investigación de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México.
-Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México.
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