Citando a “funcionarios” de EE. UU. que decidieron mantener en el anonimato, el medio Propublica -una agencia de noticias estadounidense independiente y sin ánimo de lucro, con sede en Manhattan, Nueva York-, publicó, el de 15 de mayo de 2025, un reportaje titulado ‘La administración Trump busca bloquear los viajes a Estados Unidos de políticos mexicanos que, según afirma, están vinculados al narcotráfico’.
El reportaje fue firmado por el periodista Tim Golden -dos veces ganador del premio Pulitzer, galardones otorgados por la Universidad de Columbia-, quien mencionó el caso de Marina del Pilar Ávila Olmeda -gobernadora de Baja California, desde el 1 de noviembre de 2021 y militante de Morena-, a quien el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa, así como a su esposo, Carlos Torres Torres.
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“En lo que podría ser una escalada significativa de la presión estadounidense sobre México, la administración Trump ha comenzado a imponer restricciones de viaje y otras sanciones a destacados políticos mexicanos que cree que están vinculados con la corrupción en el tráfico de drogas, dijeron funcionarios estadounidenses”, indicó el reportero.
“Hasta el momento, dos figuras políticas mexicanas han reconocido tener prohibido viajar a Estados Unidos. Sin embargo, funcionarios estadounidenses anticipan que más mexicanos serán objeto de persecución a medida que el gobierno revisa una lista de varias docenas de figuras políticas identificadas por agencias policiales y de inteligencia como vinculadas al narcotráfico”, agregó Golden.
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“La lista incluye a líderes del partido gobernante de la presidenta Claudia Sheinbaum, varios gobernadores estatales y figuras políticas cercanas a su predecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, según informaron los funcionarios estadounidenses. Insistieron en el anonimato para poder hablar sobre planes políticos delicados”, abundó el periodista.
“Un portavoz del Departamento de Estado se negó a hacer comentarios, señalando que los registros de visas son confidenciales según la ley estadounidense. Tres funcionarios estadounidenses afirmaron que las medidas relacionadas con las visas probablemente irán acompañadas, en algunos casos, de sanciones del Departamento del Tesoro que impedirán a las personas realizar negocios con empresas estadounidenses y congelarán sus activos financieros en Estados Unidos. Un portavoz del Departamento del Tesoro se negó a hacer comentarios sobre el plan de sanciones”, enfatizó Golden.
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“Como parte de lo que ha descrito como una lucha total contra el fentanilo y otras drogas ilegales, la administración ha designado a algunas de las mayores bandas de narcotraficantes mexicanos como organizaciones terroristas y ha explorado la posibilidad de acciones militares estadounidenses unilaterales contra ellas, dijeron funcionarios”, comentó el periodista.
“La revisión de la corrupción del narcotráfico en México fue iniciada por un pequeño equipo de la Casa Blanca que solicitó información a las agencias policiales y a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sobre figuras políticas, gubernamentales y militares mexicanas con vínculos criminales”, aseguró Golden.
“Los funcionarios afirmaron que el grupo ha estado definiendo la política de seguridad de la administración con México bajo el liderazgo de Anthony Salisbury, asesor adjunto de seguridad nacional de la Casa Blanca. Está supervisado por Stephen Miller, subjefe de gabinete. Un portavoz de la Casa Blanca se negó a hacer comentarios en respuesta a preguntas sobre el papel del grupo en el inicio de las sanciones de viaje”, afirmó el reportero.
“Un funcionario familiarizado con la lista del equipo dijo que se superpone con un archivo de unos 35 funcionarios mexicanos que fue compilado por investigadores de la Administración de Control de Drogas en 2019, después de que López Obrador comenzara a cerrar la cooperación de México con Estados Unidos en programas antidrogas”, comentó Golden.
“Ese esfuerzo previo buscó identificar a figuras del gobierno mexicano que pudieran ser procesadas penalmente por ayudar al narcotráfico. Esto condujo a la acusación formal en 2019 en Estados Unidos del exjefe de seguridad del país, Genaro García Luna, y a su condena por narcotráfico tres años después en un tribunal federal de Nueva York”, recordó el periodista.
“Los dos exfuncionarios de la [Administración de Control de Drogas] DEA en la Ciudad de México que supervisaron la compilación de la lista de 2019, Terrance Cole y Matthew Donahue, también propusieron que el Departamento de Estado cancelara las visas estadounidenses de algunas de las figuras políticas mexicanas mencionadas en ella. Altos diplomáticos estadounidenses rechazaron esa propuesta. Cole ahora está esperando la confirmación del Senado como nuevo administrador de la DEA de la administración Trump”, expresó Golden.
“Algunos funcionarios estadounidenses, tanto actuales como anteriores, expresaron su preocupación por el último plan de la Casa Blanca. Señalaron que el estándar de prueba requerido tanto para la cancelación de visas como para las sanciones del Tesoro es muy inferior al de un juicio penal, lo que podría alentar a los promotores de las medidas a actuar basándose en información poco sólida”, subrayó el reportero.
“Los funcionarios indicaron que las medidas para la tramitación de visas se estaban tomando al amparo del Artículo 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que estipula que los extranjeros pueden ser declarados inelegibles para entrar a Estados Unidos si el gobierno ‘sabe o tiene motivos para creer’ que el extranjero ‘es o ha sido cómplice, instigador, colaborador, conspirador o coludió con otros en el tráfico ilícito’ de drogas ilegales. La ley también permite al Departamento de Estado cancelar las visas de los familiares de un funcionario sancionado que pudieran haberse beneficiado de sus ganancias ilícitas”, explicó Golden
“Un funcionario estadounidense dijo que si bien el retiro de visas podría enviar una poderosa señal de la nueva voluntad de Estados Unidos de desafiar la corrupción mexicana, también podría provocar un nuevo conflicto entre los dos gobiernos. ‘Deberíamos estar usando todos los recursos del gobierno para perseguir a estas personas’, dijo el funcionario, refiriéndose a los funcionarios mexicanos corruptos. ‘Pero la pregunta más importante es: ¿Funcionará esto con la presidenta Sheinbaum? ¿Van a perder una oportunidad ahora con un gobierno mexicano que ha sido muy obediente en el tema del narcotráfico?’”, insistió el periodista.
Propublica publicó, el 30 de enero de 2024, un reportaje titulado ‘¿Los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador?’, también firmado por Golden, en el que afirmó que agentes de la DEA descubrieron evidencia “sustancial”, de que Edgar Valdéz Villarreal, alias “La Barbie”, había entregado alrededor de dos millones de dólares hacia la primera campaña presidencial de López Obrador, en 2006, cuando fue candidato de la coalición ‘Por el Bien de Todos’, conformada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia. Sin embargo, el político tabasqueño acusó que todo se trataba de una campaña calumniosa.
