Habitantes de la colonia Mar Sol han levantado la voz ante lo que señalan como un fraude por parte de Inmobiliaria Zapata, empresa que vendió terrenos en zonas de la ciudad de La Paz, que se encuentran en disputa y que no han podido acceder a servicios públicos por la situación legal en la que se encuentran.
Como narran las víctimas, no es una historia nueva, pero sí es un caso que está tomando relevancia por la organización ciudadana.
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Desde 2011 se registran las primeras compras de lotes en esta área ubicada cerca de la colonia Camino Real; la promesa era que a más tardar un año ya contarían con los servicios públicos correspondientes, sin embargo, esto no fue así.
Poco a poco se fueron acumulando los clientes, con la intención de invertir en un patrimonio donde pudieran construir sus viviendas sin mayores complicaciones.
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A la fecha son más de 300 personas las afectadas, quienes compraron un terreno que no pueden escriturar por irregularidades con la inmobiliaria.
“No es un presunto fraude, está consumado como fraude”, subrayan las víctimas que se han organizado en un Comité de Colonos para alzar la voz y cuidarse de cualquier represalia.
En estos momentos, alrededor de 40 familias ya están asentadas en esta colonia, luchando por recuperar su inversión o que se reconozca legalmente que son propietarios de esa tierra que han pagado durante años.
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Sin agua potable, ni luz, ni servicios de telefonía, pero estar en esos lotes da un sentido de pertenencia en esta movilización, expresan.
De forma colectiva, compartieron que ya han acudido a varias instancias como la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJEBCS) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
En el caso de la Profeco, de acuerdo con los testimonios, la dependencia federal accionó advirtiendo irregularidades y clausurando la empresa inmobiliaria; no obstante, la vigilancia ciudadana que se ha instaurado a partir de las denuncias les permitió constatar que la compañía sigue operando.
“Tenemos varias instancias, ya denunciamos ante Profeco. Sí procedió, gracias a eso les clausuraron la inmobiliaria; se supone que ya no venden terrenos, pero ellos siguen vendiendo, ya los cachamos”, comentó una de las afectadas.
Con respecto a la PGJEBCS, mencionan que hay querellas desde 2011 hasta el 2025 y ya son alrededor de 90 denuncias interpuestas; la respuesta que les han dado las autoridades es que están dando seguimiento.
Incluso hubo un caso que ya llegó ante el juez, pero no resultó en sanciones. Por ello, intuyen que hay influencias u otros intereses, ya que la justicia simplemente no ha llegado para las personas afectadas.
En ese escenario, según narran, hubo algunos convenios entre la inmobiliaria y víctimas para regresar las inversiones, sin embargo, esto sólo resultó ser otra estrategia que sirvió para más fraude.
“Hay vecinos que como vieron que no iban a hacer nada, llegaron a un arreglo con la inmobiliaria; que les iban a regresar lo que habían dado, pero en abonos. ¿Y qué cree? No le han dado nada y la persona firmó el acuerdo y ellos a la semana ya habían vendido sus terrenos”, compartieron.
NO HAY MONTO EXACTO DEL FRAUDE
De acuerdo con las declaraciones de miembros de este comité vecinal, han sido años acumulando víctimas, por lo que es difícil calcular un monto exacto de la defraudación que denuncian antes instituciones.
Los precios de los lotes varían, ya que son casi 14 años de compra-venta; por ejemplo, tienen datos de que en 2011 uno de los primeros de vecinos pagó alrededor de 45 mil pesos por el terreno de 20 por 10 metros, y para los últimos hubo quien dio hasta 180 mil pesos por uno del mismo tamaño.
Un testimonio en específico, cuya identidad está en el anonimato por temas de seguridad, comenta que en su caso todo inició cuando se percató que limpiaban la zona para venta.
“Yo pasaba por esta brecha, vimos los terrenos y vimos personas limpiando. De ahí fuimos a la inmobiliaria, así yo me hice del mío. Pero mucha gente lo publicó en Facebook, de distintas formas. La Zapata visitaba la SEP y les ofrecía esos; visitaba a una asociación de camiones, y así fueron vendiendo más de 311 lotes”, dijo.
Esta persona pagó hasta 251 mil pesos por un lote más grande, sin embargo, también compró dos de 20 por 10 metros, uno en 180 mil y otro en 160 mil.
Son alrededor de 600 mil pesos con los que fue defrauda; se percató de la situación legal de los predios gracias a un gestor.
“Aquí ninguno de mis vecinos había hecho nada; a mí el año pasado me anunciaron que me iban a dar quimioterapias por un tema de salud. Tengo algunos terrenos, yo agarré un gestor para que me escriturara los terrenos. Yo ya había pagado dos: uno lo pagué de contado y otro lo liquidé para que lo arreglara el gestor, por si moría ya no les quedara tanto problema a mis hijos”, contó.
El gestor arregló la documentación de otros predios de su propiedad, sin embargo, al momento de revisar estos terrenos en Mar Sol constató que no estaban en la línea de la legalidad.
“Me dijo que no, ya fuimos a hablar con los ejidatarios y quieren desconocer el contrato de venta con la Zapata porque les deben más del 80 por ciento del ejido. La Zapata no le ha pagado al ejido, nunca fue dueña; no tiene permisos”, explicó.
En medio de la incertidumbre, la inmobiliaria reunió a las personas que estaban interponiendo denuncias para acudir a una notaría, donde mostraron papeles asegurando que estaba en trámite la posesión legal de los lotes, sin embargo, esta historia se había contado desde las primeras compras.
Además, se enfrentaban a contratos de pagos en los que la empresa resultaba beneficiada, incluyendo el decomiso del terreno si el comprador se atrasaba tres meses.
Antes de que el caso entrara en la agenda sudcaliforniana, la inmobiliaria estaba en el boulevard 5 de febrero, en la ciudad de La Paz; los vecinos confirmaron que ya cerraron y cambiaron su ubicación.
En Facebook se encuentra la página de la compañía, sin embargo, no cuenta con teléfono ni la nueva dirección del domicilio.
ZETA solicitó una réplica a través de un mensaje en la página de la empresa, pero no hubo respuesta antes del cierre de edición.
En las declaraciones, las personas han señalado a un excandidato independiente a la Senaduría en Baja California Sur, Armando Aparicio Gallardo, quien en los contratos aparece como administrador de la inmobiliaria.
Por medio de una transmisión en vivo en redes sociales, Aparicio Gallardo dio su versión de los hechos, acusando que alguien empezó a hacer negocio por el desconocimiento o la inquietud de los clientes, que no saben sobre los procesos o a lo mejor no está razonando o no entienden.
“Porque es un tema agrario, es un tema de persona moral y son proceso que hay que respetar y esperar. No se trata de la voluntad de la empresa, se trata de los procesos que requieren que hagan unos, que hagan otros para poder cumplir”, dijo.
Aseguró que el compromiso siempre ha sido terminar la venta y entregar las escrituras de cada proyecto.
En este sentido, explicó que hay compras que se hicieron con particulares con escritura pública y clave catastral, siendo Mar Sol el único proyecto que se lanzó de manera social de un núcleo ejidal.
“Tiene sus tiempos y tienen sus procesos, es un proyecto en el cual no depende de la empresa que exista el traslado de dominio. Lo que tienen es la posesión, pero el dominio todavía no porque son tiempos que tuvimos que esperar en el caso del núcleo ejidal”, comentó.
“Una ocasión, otra ocasión, cambio de mesa directiva… hasta que por fin se realizó la asamblea dura, la desincorporación, la tramitología en la Ciudad de México para que emitieran el documento de ese polígono”, añadió.
Asimismo, enfatizó que hay una diferencia entre una persona física y una persona moral, y que el área jurídica ha dado información a los clientes, con documentos, garantizando atención directa con las personas.
“Nosotros no hacemos un contrato de promesa de compra-venta y ahí cerramos la puerta, nosotros hacemos un contrato donde hay un número específico para todo el tema de aclaraciones para información de los procesos”, sostuvo.
GOBIERNO MUNICIPAL ALERTA
En este escenario donde las denuncias han proliferado en la ciudad de La Paz, el Gobierno Municipal ha alertado a la ciudadanía sobre la venta irregular de terrenos, por lo que exhorta a la ciudadanía a verificar los permisos ante de proceder con un contrato de compra-venta de algún predio.
Específicamente, el Ayuntamiento de La Paz hizo un llamado a la población para extremar precauciones en este tipo de transacciones ya que, confirman, han detectado intentos de venta de terrenos en áreas que no cuentan con los permisos necesarios para comercialización.
“Esta situación surge a partir de un reporte ciudadano recibido en la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, sobre la venta de lotes en áreas como Palo Verde, Chametla y Palmira, áreas que no cuentan con autorización oficial”, precisó el Gobierno Municipal.
El Ayuntamiento de La Paz cuenta con una herramienta llamada “Visor Urbano”, la cual sirve para que la población tenga acceso directo a información catastral, así como usos de suelo, atlas de riesgo, zonas con servicios de agua potable, pago de impuesto predial, entre otros.
Es gracias a este instrumento que la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad pudo verificar que no existen permisos que avalen la venta de esos lotes.
La instancia recordó a la población que el artículo 77 Bis del Reglamento Municipal de Desarrollo Urbano de la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur establece que todo vendedor o grupo inmobiliario debe obtener autorización previa del Ayuntamiento.
En este artículo también se subraya que, en casos de fraccionamientos, el vendedor o grupo inmobiliario debe constatar que haya un avance mínimo del 40 por ciento en las obras de urbanización para la venta; en caso de condominios o conjuntos habitacionales, debe ser de hasta un 80 por ciento.
“De no cumplirse este requisito, los compradores podrían enfrentar la carencia de servicios básicos como agua potable, drenaje, energía eléctrica y pavimentación, además de riesgos legales o urbanísticos”, advirtió la Dirección General.
Es por ello que insisten a la ciudadanía que debe verificar la validez de las autorizaciones de la empresa o grupo que esté ofertando lotes.
Agregaron que la publicidad de venta de predios, viviendas o locales debe incluir la referencia del acuerdo con el Ayuntamiento de La Paz donde se autoriza la obra y la difusión comercial.
“Para quienes requieran asesoría, pueden acudir a las oficinas de la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, ubicadas en el Palacio Municipal, en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas”, finalizó la instancia.
