De Hank, Cienfuegos y Ávila

La pregunta que persiste en el ambiente político de México, particularmente en la aplastante ala morenista, es si la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salvará la reputación de la Gobernadora de Baja California, Marina Ávila Olmeda, al interceder por ella ante el Gobierno de los Estados Unidos para que su visa de turista B1/B2 le sea reactivada.

Como es sabido a estas alturas, dado que es un hecho histórico, el sábado 10 de mayo, la Gobernadora morenista de Baja California, Marina Ávila, dio a conocer de manera personal y en su página de la red social Facebook, que su visa de no migrante para ingresar a los Estados Unidos a realizar actividades de turismo, visitas y negocios, le había sido revocada. No lo dijo tal, pero lo dio a entender: “Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”.

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Por él, se refería a su esposo, el expanista ahora afiliado a Morena, Carlos Torres Torres, quien minutos antes había compartido, también en su página personal de FB: “En días recientes fui notificado por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de mi visa de no inmigrante, una medida que, como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado”. Y concluía su texto con el siguiente párrafo: “Lamento profundamente que esta situación haya tenido consecuencias para mi esposa, Marina del Pilar, quien —a pesar de no haber provocado nada— la ha enfrentado con serenidad, firmeza y sin perder nunca la empatía que la define”.

Aunque en ambos casos justificaron la medida de la revocación de la visa de no migrante como un asunto de cuestiones o criterios “administrativos”, la realidad, de acuerdo a información recabada por el semanario ZETA, es que la medida prohibitoria de acceso a territorio norteamericano es resultado de una investigación ordenada por el Departamento de Estado en Washington.

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Si la publicación de las notas en Facebook es acorde al acontecimiento de los hechos relatados e informados por esa vía, fue a Carlos Torres a quien primero le quitaron el documento de cruce fronterizo. Y, como también reveló el semanario ZETA, no fue a través de una notificación consular, sino personalmente un agente del CBP (Costum and Border Patrol por sus siglas en inglés), cuando intentó cruzar por una de las dos garitas internacionales en Tijuana, Baja California. Ella, aun cuando dijo que recibió una “notificación similar”, fue de hecho personal consular de los Estados Unidos, quien le notificó que su visa de no migrante para cruzar a la Unión Americana, estaba revocada.

La investigación ordenada desde Washington, no se sabe si es contra el esposo de la Gobernadora, Carlos Torres, y ella es un daño colateral, o si el sujeto o los sujetos de indagación son otras personas que tienen estrecha relación con la mandataria y su cónyuge, pero de que hay una investigación oficial, es una realidad.

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En por lo menos dos ocasiones anteriores, dos administraciones distintas, una del PRI y la otra de Morena, han salvado a personas notorias del desprestigio de una investigación por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

En 1997 la Operación Tigre Blanco tenía por objeto de investigación a la familia Hank Rhon, hijos del profesor Carlos Hank González, entre ellos, Jorge Hank Rhon, quienes eran investigados soborno, lavado de dinero y crimen organizado. Por entonces los Estados Unidos era dirigido por el demócrata Bill Clinton, y en México el Presidente era Ernesto Zedillo Ponce de León. El padre, Carlos Hank González seguía siendo un poderoso político. Había sido Gobernador del Estado de México, Jefe del Departamento del Distrito Federal y dos veces Secretario de Estado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de Turismo y de Agricultura.

Con ese poder político, fue la Abogada General de los Estados Unidos en la administración de Clinton, Janet Reno, quien prácticamente cerró el expediente de la Operación Tigre Blanco y la investigación concluyó. Aun cuando años después, en 2009, a Jorge Hank Rhon, le fue retirada la visa para cruzar a los Estados Unidos, la cual no le ha sido emitida de nueva cuenta.

El otro ejemplo es reciente. En 2020, autoridades de los Estados Unidos detuvieron al internarse a aquel país por la vía aérea, al General Salvador Cienfuegos, quien el sexenio anterior, administrado por el priista Enrique Peña Nieto, había sido el Secretario General de la Defensa. Lo señalaban en la carpeta de investigación, para entonces ya en una Corte de la Unión Americana, de cuatro cargos de drogas.

Aun cuando al inicio el Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo escarnio de la aprehensión, terminó cediendo a la presión de los militares a quienes ya había confiado muchas áreas de la Administración Pública, y llegó a un acuerdo con la administración norteamericana encabezada por primera vez por Donald Trump, y la jueza que llevaba el caso contra Cienfuegos lo desestimó, liberando al General en el retiro.

Es decir, si la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quisiese salvar la reputación de la primera Gobernadora mujer de Baja California, además de afiliación morenista, y sacudirle un poco el estigma de ser la primera Gobernadora en funciones en toda la historia del país, a la cual le retiran la visa de no migrante para entrar a territorio de los Estados Unidos, podría llegar a un acuerdo con el Gobierno de aquel país, para que el documento de cruce migratorio, le sea emitido de nuevamente a la Gobernadora del fronterizo estado de Baja California.

Es el único camino que podría abrirse para que Marina Ávila Olmeda, la mandataria morenista de Baja California, recupere su visa de no migrante para ingresar a los Estados: que la Presidenta Sheinbaum Pardo interceda por ella, desde Palacio Nacional hasta Washington, de donde se emitió la orden de retirarle el documento de viaje. Ahora falta ver si lo hará o no. Esa es la pregunta.