Continuar con las excavaciones en las faldas del cerro Venustiano Carranza en el Cañón de las Carretas, en Tijuana, es lo que exigen colectivos de búsqueda a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda luego de que autoridades investigadoras de Estados Unidos revelaran a ZETA que fue por órdenes suyas que las búsquedas en dicho terreno se frenaron.
“El Cañón de las Carretas es uno de los lugares que nuestro gobierno volvió a enterrar con todo y los desaparecidos. Lugares como esos en Baja California existen muchos…El gobierno prefiere mirar hacia otro lado y dejar que se enfríe la nota para poder dejarlo en el olvido como ha hecho con muchos predios llenos de muertos”, mencionó Paula Sandoval, presidenta del Colectivo Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos.
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Uno de los terrenos que refiere Paula, es uno ubicado en la calle Centenario de la colonia Sánchez Taboada II, en Tijuana, donde su colectivo ha encontrado ocho cuerpos y restos humanos en búsquedas realizadas el 13 de junio de 2023; el 11 y 15 de abril, y el 16 de mayo de 2025.
Según Paula los hallazgos se hicieron en el mismo predio, pero en diferentes días debido a que autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya no los dejaron continuar buscando, argumentando que eran civiles. Sin embargo, cree que en realidad la prohibición es para que el número de hallazgos “no impacte tanto”.
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“Cada que localizamos ya no me permiten seguir buscando, así que tengo que salir del predio y volver -otro día- para continuar. Supongo que lo hacen para que el número no impacte tanto, porque ocho en un solo día suena peor que dos o uno por día”, mencionó Paula.
Es por ello que cuestionada por ZETA sobre su posicionamiento tras la orden de la gobernadora de parar las exploraciones en el predio del Cañón de las Carretas, donde se cree que hay más de 20 cuerpos, algunos de los cuales podrían ser víctimas de desaparición, Paula Sandoval, líder del Colectivo Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos, dijo:
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“Si no continúan ellos mismos las excavaciones, las continuaremos nosotros como colectivos. Lamentablemente aprendimos que no sirve de nada pedirles cuentas -al gobierno-, no nos queda más que hacer el trabajo por nosotros mismos”.
Por su parte Angélica Ramírez, coordinadora del Colectivo Una Nación BuscandoT, manifestó: “…Es una zona en la que desde hace muchísimos años sabemos -colectivos- que hay cuerpos entre las faldas de los cerros, en los basureros. Aquí es un problema gravísimo entre el municipio y el estado, porque el municipio no para el tiradero de basura, mientras no se ponga orden los buscadores de diferentes colectivos nunca van a poder llegar hacia los cuerpos que están ahí, nunca vamos a poder terminar con esa mega fosa. Ahí es una zona sin ley, sin investigaciones”.
En cuanto a si cree que la orden de parar la búsqueda en el Cañón de las Carretas fue de la gobernadora, Angélica recordó “…fue el Tianguis Turístico y en él no hubo nada, no se habló de muchas cosas que pasaban”, y añadió que ella misma lo padeció durante la Sexta Brigada de Búsqueda Estatal, que se llevó a cabo del 20 de abril al 4 de mayo, pues “la Brigada no la querían hacer por el Tianguis Turístico, lo que hicieron fue cambiarnos los puntos de búsqueda sin previo aviso, nos ponían a hacer búsquedas institucionales y nos sacaban a las 03:00 de la tarde de los lugares, no dejaban que llegáramos a donde teníamos ubicadas las fosas”.
Por último Angélica resaltó “A ella -gobernadora- no le conviene que haya tanta fosa y menos fosas clandestinas múltiples, porque son ataques para ella”.
Gobernadora de BC no quiere otro Teuchitlán
Uno de los miembros de un grupo de narcomenudistas detenidos por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), el 14 de abril, accedió a convertirse en testigo y delatar algunos ilícitos, entre ellos, la existencia de una fosa clandestina con más de 20 cuerpos en las faldas del cerro Venustiano Carranza, en el Cañón de las Carretas, en Tijuana.
El detenido y ahora testigo, indicó que en la fosa hay enterrada una familia de cuatro integrantes; el ingeniero José Alonso Guerrero Chávez y su ayudante Rubén Ramírez Rojas, quienes están desaparecidos desde el 27 de marzo de 2024; Mariana, la joven que permanece desaparecida luego de que envió videos a su madre que sirvieron de evidencia para detener a una familia de pepenadores de basura que fue la responsable de las desapariciones de los ingenieros; y un primo del criminal apodado como “El Guasón”, quien fue asesinado por un pleito de terrenos.
Al día siguiente de su testimonio, el 15 de abril, al predio en el Cañón de las Carretas llegaron autoridades de la FGE a realizar excavaciones en el terreno, localizando ese mismo día dos cuerpos y al día siguiente uno más, sumando en total tres; pero para el 17 la búsqueda se detuvo sin explicación y el terreno quedó sin vigilancia.
A pregunta expresa de ZETA, Fidel Corvera Gutiérrez, Fiscal de Unidades Especiales de la FGE, dijo que “después” continuarían el rastreo de restos humanos. Sin precisar fecha para continuar con la exploración, justificó: “…se paró con esa búsqueda y ya se tuvieron que hacer ciertas diligencias, pero el lugar lo dejamos custodiado. Ahorita hay personal de resguardo ahí y vamos a continuar”, pero mediante una visita este Semanario confirmó que, tras ser cateado, el terreno fue abandonado.
No fue sino hasta el 28 y 29 de abril, once días después del cese de exploraciones y 14 después de la denuncia del testigo, que los agentes de la FGE reanudaron la búsqueda y encontraron otras tres víctimas.
De acuerdo con autoridades investigadoras de Estados Unidos, el paro de la exploración en la narcofosa del Cañón de las Carretas fue una decisión tomada por la misma gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Esta versión fue confirmada por miembros de la Mesa de Seguridad del Estado, quienes aseguraron que la mandataria estatal le dijo a la Fiscal General, María Elena Andrade Ramírez, que tuviese cuidado con ese tema, pues no quería “un Teuchitlán” en Baja California.
Fue por esta información en conocimiento de autoridades del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, que tras la revocación de la visa a Carlos Torres Torres, esposo de la gobernadora, investigado por autoridades norteamericanas y la FEMDO, en México, por presunto lavado de dinero y conspiración para la comisión de otros; y huachicol, respectivamente, que Ávila Olmeda también sufrió la revocación de su documento para ingresar al país vecino.
