El convenio de colaboración entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y el XXV Ayuntamiento de Tijuana se realizó la mañana de este 27 de mayo, en donde se anunció la capacitación de 900 policías en materia de derechos humanos de la comunidad LGBT.
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“Este sería el quinto ayuntamiento que firma colaboración con la Comisión de Derechos Humanos. Faltan Mexicali y Tecate. Tijuana hacía falta, Tijuana, la ciudad que tiene más de 2 millones de habitantes”, resaltó Jorge Álvaro Ochoa Orduño, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDH BC).
En ese sentido, destacó los trabajos prioritarios para Tijuana, como la instalación de una mesa de trabajo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, para implementar la capacitación en derechos humanos de la comunidad LGBT a hasta 900 elementos. Esta capacitación se realizará en grupos de 60 personas, y se prevé concluir en noviembre.
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Lo anterior deriva de la recomendación 13/2024, emitida tras una queja por un acto de discriminación ocurrido el 9 de septiembre de 2019. Una persona de la comunidad trans denunció ante la CEDH malos tratos por parte de elementos de la Policía Municipal, derivado de una detención arbitraria el 6 de septiembre del mismo año, en Cuauhtémoc Sur Poniente, esquina con bulevar Agua Caliente. Según la denuncia, la persona se encontraba a bordo de un taxi cuando compró una botella de agua a un vendedor ambulante, quien le ofreció sustancias psicotrópicas. Al sentirse incómoda por el comentario, intentó devolver el agua y pedir su dinero de vuelta, pero el vendedor le arrojó la botella en la cara. Al pedir ayuda, fue ella quien resultó detenida.
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Por otro lado, también se abordó la atención a la recomendación 03/2024, dirigida al XXIV Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por Montserrat Caballero Ramírez, y a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (SDTUA), entonces a cargo de Juan Enrique Bautista Corona. Esta recomendación se emitió tras la muerte de una mujer que cayó en una boca de tormenta sin rejillas en la colonia Hipódromo. Asimismo, se incluyó el caso de los hermanos Hugo Enrique y Rebeca Miranda Olivera, quienes fueron arrastrados por la corriente que se formó en el Cañón del Pato al intentar cruzar a bordo de un vehículo.
“Uno de los puntos activos de esa recomendación era que se actualizara el atlas de riesgo. Y como ya bien lo sabemos, este gobierno, a principios del año, emitió el nuevo atlas de riesgo, el cual lo pedíamos nosotros en la recomendación. Fueron varios expedientes que se acumularon y que resultaron en pérdidas humanas”, señaló Ochoa Orduño.
Aunque no precisó el avance de las recomendaciones, señaló que este es el principal reto. Al respecto, explicó que el punto que con mayor frecuencia se incumple en las recomendaciones es el de las indemnizaciones pecuniarias.
“Las indemnizaciones son un tema pendiente en todas las recomendaciones. Cuando se decreta una víctima, se piden varios puntos recomendatorios, entre ellos la indemnización y la atención por parte de la Comisión de Atención a Víctimas”, dijo.
Por ello, subrayó la necesidad de trabajar en los ejercicios presupuestales que contemplen el pago de dichas indemnizaciones.
“Seguimos fortaleciendo y sentando las bases precisamente de cómo un funcionario público tiene la obligación de atender de manera respetuosa, dándole el espacio, el tiempo y, principalmente, logrando cumplir el objetivo de que el ciudadano que llega a Palacio Municipal se sienta arropado, muy bien tratado, y que salga contento y con sus situaciones resueltas. Creo que el capacitarlos es un enfoque meramente humano”, compartió el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz.
La firma del convenio también contó con la presencia del consejero jurídico, Alejandro Rivero; la síndica procuradora, Teresita Balderas; el secretario de Gobierno, Arnulfo Guerrero; el secretario de Educación Municipal, Miguel Alfredo Nuño García; y el secretario de Humanismo, Abdiel Gutiérrez Coronado.
