La candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial Denisse de los Ángeles Uribe Obregón se dijo de acuerdo con que el Instituto Nacional Electoral verifique a quienes resulten victoriosos en la Elección del Poder Judicial 2025.
“A mí me parece muy correcto y además existe la última revisión de fiscalización porque es importante que la ciudadanía conozca que no tenemos financiamiento público”, indico en entrevista con ZETA la contendiente, quien actualmente se desempeña como magistrada en la Tercera Sala Especializada en Materia Penal en el Poder Judicial del Estado de Veracruz.
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Opinó que se requiere de una revisión adicional a la verificación que hicieron los Comités de Evaluación habilitados en aras de establecer la elegibilidad de quienes participan como candidatos en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, en el que el 1 de junio se elegirá juzgadores para cubrir un total de 881 cargos a nivel federal.
Recordó que los contendientes no reciben financiamiento público, como tampoco privado. De ahí que considerara oportuno ser sometidos a distintos mecanismos de verificación.
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“Este es dinero personal y nosotros a través de un sistema que se llama Mefic (Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas) subimos nuestras últimas declaraciones fiscales, las últimas dos, las del SAT (Sistema de Administración Tributaria). Así se transparentan todos nuestros ingresos, nuestros bienes y nuestros egresos”, indicó.
Detalló que desde tres meses antes de que los participantes se erigieran como candidatos han venido proporcionando información de sus actividades, qué gastos tienen y de dónde obtienen el recurso. “Todo se tiene que facturar y subir y demostrar. Entonces si alguien no hace bien las cosas y utiliza dinero que venga de un financiamiento distinto al establecido también puede no tener la constancia de mayoría”, manifestó.
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La semana pasada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el mecanismo aprobado por el INE para constatar el carácter de elegible de quienes se perfilen para desempeñarse como juzgadores a partir del 1 de septiembre.
“No se puede entregar una constancia de mayoría a quien no puede legalmente ocupar el cargo. La validez de la elección exige legalidad de fondo, no solo de forma”, aseveró el magistrado ponente Felipe Alfredo Fuentes Barrera.
El 14 de mayo el TEPJF informó que “la resolución precisa que el procedimiento del INE no invade atribuciones del Senado ni duplica lo realizado por los Comités de Evaluación” y que en todo caso “se trata de una colaboración funcional entre instituciones, en la que cada una actúa conforme a su competencia”, los Comités de Evaluación valorando los perfiles técnicos, el Senado integrando las listas de candidaturas y el INE verificando “que quienes obtengan el mayor número de votos cumplan con los requisitos constitucionales para ocupar el cargo”.
En opinión de la candidata al Tribunal de Disciplina Judicial, quien el 16 de mayo participó como invitada especial en sesión de la Barra de Abogados Emilio Rabasa en Tijuana, “estos temas que está implementando el Instituto Nacional Electoral son de aplaudirse”.
A los cargos a ocupar a partir del 1 de septiembre “tenemos que llegar personas con la capacidad técnica jurídica, pero también con toda la transparencia de que vamos a actuar desde el ámbito personal y desde el ámbito profesional”, concluyó. (Eduardo Andrade Uribe)
