Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), se reunió, el 7 de abril de 2025, en un hotel de la Ciudad de México, con 33 integrantes del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y Nayarit.
“Por instrucción de la Presidenta @Claudiashein [Claudia Sheinbaum Pardo], #hoy tuvimos un encuentro con familiares de personas desaparecidas. Iniciamos una mesa de diálogo para conformar una agenda de trabajo conjunta. Es una prioridad garantizar que haya verdad, justicia y atención”, escribió la funcionaria federal, en su cuenta de la red social X.
Publicidad
La titular de la SEGOB afirmó que la intención era buscar escuchar a los activistas, para reforzar las iniciativas de reforma planteadas por la titular del Poder Ejecutivo Federal, las cuales, hasta ahora, se mantenían en pausa.
Rodríguez Velázquez pidió a los 33 integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y Nayarit, escuchar la propuesta de Sheinbaum Pardo, así como también emitir sus opiniones para reforzar las medidas.
Publicidad
“Tenemos la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de atender, como una prioridad del Estado, el problema de búsqueda de las personas desaparecidas y no localizadas, así como garantizar que haya verdad, justicia y atención a las familias. Este es un primer compromiso que nosotros queremos hacer y queremos que nos ayuden a hacer esta agenda de trabajo que nos lleve a la localización de sus seres queridos”, declaró la funcionaria federal.
En tanto que la buscadora Indira del Socorro Navarro reconoció la apertura histórica de las autoridades, para escuchar las propuestas de los colectivos, lo que calificó como el inicio de un trabajo en conjunto.
Publicidad
“Quiero darles el agradecimiento a todos ustedes que se han dado la oportunidad de abrir este canal de comunicación, creo que es histórico esta apertura que han tenido con nosotros las víctimas no sólo con nuestro colectivo, sino general”, comentó la activista.
“Somos muchas víctimas en el país y creo que es el inicio para caminar juntos. Nosotros no somos enemigos. Queremos caminar de la mano con ustedes, trabajar en conjunto y ser escuchados. No sólo ser escuchados, sino que haya este diálogo y posteriormente llegar a algún acuerdo”, dijo Del Socorro Navarro.
El viernes 4 de abril de 2025, la mandataria nacional ordenó frenar el paquete de iniciativas que se discutirían en comisiones de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, para subir al Pleno el día jueves 10 del mismo mes y año, en atención a la exigencia de colectivos a ser escuchados.
Sheinbaum Pardo informó que su Gobierno acordó con colectivos de buscadores dar más tiempo para procesar las iniciativas, no solo con la finalidad de escuchar a familiares y activistas, sino para que pudieran realizar algunas aportaciones.
“Las iniciativas que envié al Congreso ellos quieren o ellas quieren agregar algunos temas que consideran que va a fortalecer las leyes y acordamos que así sea. Informó la secretaria de Gobernación a la Cámara de Senadores, que esperaran un poco para que fueran incorporadas en cualquier cosa que quieran incorporar, modificar”, detalló la presidenta.
El 26 de marzo de 2025 Sheinbaum Pardo anunció que, al día siguiente, se presentaría al Congreso de la Unión las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que incluían acciones para la alerta, búsqueda y localización de personas, así como la creación de una Plataforma Única de Identidad, con el objetivo de facilitar y ampliar las investigaciones para combatir dicho delito.
“Lo que hemos hecho es responder a una necesidad que es indispensable en el país frente, no solamente al fenómeno o la situación del problema de desapariciones, sino en general para fortalecer la estrategia de seguridad”, comentó la titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Qué bueno que se está percibiendo de esta manera, eso nos fortalece mucho; hay mucho pueblo y el pueblo de México está muy alerta, muy consciente. Lo más importante es que no nos separemos del pueblo, que estemos cerca”, sostuvo la mandataria nacional.
El 7 de abril de 2025, Cecilia Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, se reunió con Lilia Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado y militante del partido Morena.
“Quieren hacer una ley que va a desaparecer por completo a los desaparecidos […] Queremos escuchar en primer lugar la propuesta que nos quieren dar para cambiar la ley y nosotros queremos poner algo de nuestra parte”, explicó la activista.
Flores Armenta comentó que las madres buscadoras querían que se incorporara en la ley la búsqueda inmediata, la investigación y localización, porque las autoridades tenían todas las herramientas y recursos para hacerlo, pero lo que no tenían era la disposición, sensibilidad y empatía.
“Que haya la sensibilidad y empatía, para que empiecen a hacer su trabajo, porque es un trabajo que hemos estado haciendo sin recursos y sin herramientas, pero lo hacemos mejor que ellos como autoridad”, expresó la madre buscadora.
El 4 de abril de 2025, por primera vez, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas anunció que iniciaría un procedimiento contra México, que eventualmente podría llegar a la Asamblea General de la ONU, al considerar que en dicho país se registraban desapariciones de manera general o sistemática.
En el marco de la clausura del 28 período de sesiones, el presidente del citado Comité, el francés Olivier de Frouville, informó que se solicitaría información al Gobierno mexicano, como parte de la apertura del procedimiento.
“Conforme al artículo 34 [de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas], recibió el Comité informaciones que, en su opinión, contienen informaciones fundamentadas que indican que la desaparición forzada se lleva de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México, o bajo jurisdicción de México”, indicó De Frouville, quien aclaró, que en el inicio del procedimiento, no prejuzgaba las próximas etapas, ni la responsabilidad del Estado al que se le requería la información.
“Esta solicitud de información se le hará llegar durante las próximas semanas al Estado parte. Y aquí, igual que durante la elaboración de los informes de visita o de acciones urgentes o de comunicaciones individuales también, el Comité tiene como objetivo mantener con el Estado cooperación y diálogo constructivos para alcanzar nuestro objetivo común, que no es sino la aplicación íntegra de la Convención”, expuso el funcionario de la ONU.
“Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado parte y, tras haber solicitado del Estado parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión con carácter urgente a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”, establece el artículo 34 de la Convención.
“Fue este periodo de sesiones [el 28], también oportunidad para centrarnos en otra situación preocupante, la de México, y lo hicimos aplicando tres procedimientos que prevé la Convención. El procedimiento de acción urgente, artículo 30, al que me referiré dentro de un momento, el procedimiento de comunicaciones individuales del artículo 31, ya que, como indicó el relator, adoptamos constataciones sobre la base de una comunicación relativa a una desaparición en México y también basándonos en el procedimiento previsto en el artículo 34”, expuso el funcionario de la ONU.
Sin embargo, al día siguiente, el Gobierno Federal de México rechazó los señalamientos de integrantes del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, en torno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado mexicano.
“México mantiene una cooperación sostenida con el Comité Contra la Desaparición Forzada en su calidad de Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas. Al concluir el 28° Periodo de Sesiones, el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) indicó que remitiría al Estado Mexicano una solicitud relacionada con la situación de desapariciones en el país, con fundamento en el artículo 34 de la Convención en la materia”, recordó el Gobierno Federal.
“El Comité enmarca este procedimiento dentro de un proceso de intercambio que mantiene con México desde 2014, por lo que el Estado Mexicano analizará dicha solicitud una vez que sea recibida, para compartir las acciones y programas que se implementan a nivel nacional para atender y combatir el fenómeno de las desapariciones en México. El Gobierno de México rechaza las declaraciones de integrantes del Comité entorno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado”, insistió, en un comunicado.
“El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado. México está comprometido con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia. Asimismo, ha hecho manifiesto su compromiso para combatir este flagelo y ha anunciado la puesta en marcha de acciones contundentes para estos efectos”, subrayó.
“En apego a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, México seguirá atendiendo las solicitudes de información que remita el Comité, a través de acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes periódicos, a fin de que este cuente con información fidedigna sobre el contexto actual en el país”, abundó el Gobierno Federal.
“Lo anterior se hizo del conocimiento de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a través de una nota diplomática y al Comité para la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. El CED es un órgano del tratado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el mandato de supervisar que los Estados Partes cumplan con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas”, finalizó el Gobierno mexicano.
