La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) condenó, el 23 de abril los dichos del presidente de la Mesa Directiva del Senado, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, quien admitió, un día antes, había candidatos a juzgadores que tenían vínculos con el crimen organizado.
La asociación civil, que preside la juez federal Juana Fuentes Velázquez, dijo que las manifestaciones del legislador de Morena sólo confirmaban lo que en la JUFED habían sostenido desde un principio: que la reforma judicial entregaría la justicia a grupos de poder que la manipularían a su favor.
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“La JUFED expresa su más firme condena y preocupación ante las recientes declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña, quien ha reconocido públicamente que entre los candidatos propuestos para integrar el Poder Judicial por medio de elecciones se encuentran personas vinculadas con el crimen organizado”, señaló la Asociación.
“Estas declaraciones no sólo resultan alarmantes; confirman, palabra por palabra, lo que JUFED ha anunciado desde el inicio: la reforma judicial impulsada por el actual Gobierno federal es inconvencional, ilegal y representa una amenaza directa y real contra la independencia judicial en México y los derechos humanos de las personas”, enfatizó.
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La asociación civil reiteró que la elección popular de jueces y magistrados no era un acto democrático, sino un mecanismo de cooptación institucional, que abría la puerta a intereses políticos, económicos y ahora, como reconoció Fernández Noroña, a criminales.
“Lo dijimos y hoy lo repiten quienes promueven dicha reforma: esta iniciativa entregará la justicia federal a grupos que no buscan impartir justicia, sino manipularla a su favor”, insistió la JUFED, quien hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y defensores de los derechos humanos, para que conocieran los efectos del desmantelamiento del Poder Judicial en México y su impacto en el debilitamiento de la democracia.
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“México vive un momento crítico. El Estado de Derecho está en riesgo de desaparecer bajo la apariencia de una elección democrática. No se trata de modernizar la justicia: se trata de entregarla […] Alzamos la voz por cada juez y magistrado que ha defendido la legalidad con integridad. Alzamos la voz por la ciudadanía que merece una justicia imparcial. Alzamos la voz porque aún hay tiempo para impedir que México se convierta en un Estado capturado”, comentó la JUFED.
La asociación civil recordó que diversas instancias internacionales ya se habían sumado a las críticas de la reforma judicial en México. Citó, por ejemplo, a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, quien advirtió que la independencia judicial no podía estar sujeta a elecciones controladas por poderes políticos.
También a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señaló que una elección judicial sin garantías de imparcialidad y méritos era una regresión democrática; e, incluso, el entonces titular de la Embajada de Estados Unidos en México, Keneth Lee Salazar, quien advirtió que a los cárteles de la droga les resultaría más fácil infiltrarse en el Poder Judicial, si los jueces eran elegidos por voto popular.
“Esta declaración se suma al coro de voces nacionales e internacionales que han advertido sobre el grave riesgo de entregar la justicia a intereses ajenos a la legalidad […] Estos riesgos han sido expuestos recientemente por JUFED ante integrantes del Parlamento Europeo, de la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, y de la Organización Internacional del Trabajo, así como ante organizaciones de la sociedad civil y académicas en los Estados Unidos, que han solicitado información sobre los efectos negativos de esta reforma en el Estado de Derecho en México”, agregó la Asociación.
El 22 de abril de 2025, Fernández Noroña reconoció que entre los candidatos a juzgadores que serían electos el 1 de junio del mismo año, había defensores de narcotraficantes, que deberían ser apartados de la lista. No obstante, consideró que no representaban un riesgo para el proceso.
“Sí hemos detectado algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad; me parece que sí hay algunos casos que deberían revisarse”, advirtió el también senador del grupo parlamentario de Morena.
Fernández Noroña explicó que la mayoría de los candidatos que tenían perfiles sospechosos provenían del Poder Judicial, “pero sí hay alguno del Poder Legislativo”. Sin embargo, descartó que ese tipo de candidaturas fuera a representar un riesgo para el proceso.
“Yo creo que es el momento de retirar candidaturas que no cubran el requisito, tampoco son muchas […] Sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos, acreditado, con una conducta sistemática, se cuele”, aseveró el presidente de la Mesa Directiva del Senado.
Un día después, Fernández Noroña confirmó que la Cámara Alta del Congreso de la Unión impugnaría ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a los candidatos a juzgadores que tuvieran nexos con el crimen organización.
“Ahora resulta que yo soy el Poder Legislativo. No voy a dar nombres, pero la próxima semana impugnamos. Estamos a tiempo de corregir, pero es una señal de alerta”, expresó el senador, quien restó importancia al hecho de que esos candidatos figuraran en las boletas. “Lo importante es retirarlos ya”, subrayó.
El senador del grupo legislativo de Morena concluyó la conferencia de prensa exhibiendo una cartulina con la leyenda: “1 de junio. Elección del Poder Judicial del Pueblo”.
El 22 de abril de 2025, Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), confirmó que el Senado sería la última instancia que revisara los antecedentes ilegales o delictivos de candidatos al Poder Judicial de la Federación (PJF).
La presidente del órgano constitucional autónomo también aseguró que el Consejo General del INE aún debería aprobar el acuerdo para detectar a aspirantes a juzgadores que tuvieran sentencia firme por algún delito y se hubieran colado en las listas.
El 23 de abril de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que correspondería al TEPJF depurar a los perfiles de candidatos al PJF, con posibles nexos delincuenciales.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional indicó que las candidaturas ya fueron aprobadas, pero eso no significaban que pudieran ser removidas si es que violaban la ley, además de que el TEPJF podría atender cualquier denuncia, siempre que se presentaran evidencias sólidas.
Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre los comentarios del presidente de la Mesa Directiva del Senado. En respuesta, sugirió que se presentaran las acusaciones por la vía correspondiente y ver qué determinaba el TEPJF.
“Depende de la Sala Superior del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando ya fueron seleccionados, ya fueron avalados”, abundó la presidenta.
“Pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el ocho de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada y desde mi particular punto de vista y veremos qué decide el Tribunal”, agregó la mandataria nacional.
Asimismo, la titular del Poder Ejecutivo Federal advirtió que aun cuando los nombres ya estuvieran en las boletas, se podría emitir una medida provisional o descalificar la participación del o la aspirante.
“Podría aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o en su caso descalificar a la persona, pero tendrían que presentarse pues todas las pruebas, ¿no? De qué es así. Pero hasta ahora quien tendría que definirlo, pues es la última instancia que es el Tribunal Electoral”, insistió la mandataria nacional.
