La Fiscalía General de la República (FGR) informó, el 2 de abril de 2025, que a través de la Fiscalía Especial en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo, de parte del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, la revocación a la medida cautelar de prisión domiciliaria que tenía Mario Plutarco Marín Torres -ex gobernador de Puebla, del 1 de febrero de 2005 al 31 de enero de 2011, así como presunto responsable por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista, Lydia Cacho Ribeiro-, quien salió, los primeros minutos del 14 de agosto de 2024, del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”, ubicado en Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que una jueza federal, determinó, el día 10 del mismo mes y año, revocar la prisión preventiva justificada contra el político poblano.
“Elementos de la Guardia Nacional (GN), dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), cumplimentaron la determinación de dicho Tribunal. Mario ‘M’, se encontraba bajo prisión domiciliaria, con brazalete electrónico y supervisión directa desde agosto de 2024, sin embargo, la FEMDH, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), impugnó la decisión por considerar que no se ajustaba a derecho, por lo que se le internará en el Centro Federal de Reinserción Social número 1 ‘Altiplano’”, recordó la FGR, en un comunicado.
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“La decisión del Tribunal de Alzada establece que la resolución dictada en beneficio del imputado careció de fundamentación adecuada, no valoró los riesgos procesales y omitió considerar el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos imputados. Por su parte, el Ministerio Público Federal (MPF), enfatiza la trascendencia nacional del presente asunto, no sólo por la naturaleza del delito de tortura, sino por tratarse de una agresión contra una periodista en ejercicio de su libertad de expresión, en un contexto de uso ilegítimo de las instituciones del Estado para reprimir el derecho a la información”, explicó la Fiscalía General de la República.
“Hoy miércoles 2 de abril de 2025, acabamos de ganar una apelación ante el juzgado para que el ex gobernador que me mandó a torturar, Mario Marín, sea devuelto al Penal de alta seguridad del Altiplano. Al mismo tiempo, Kamel Nacif Borge está en Puebla y está haciendo negociaciones políticas para intentar liberar al gobernador de las acusaciones por tortura”, dijo Cacho Ribeiro, en un video difundido a través de las diversas redes sociales.
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Sus vínculos con los políticos, tanto de Morena como de otros partidos, siguen estando vigentes, dos de los tres jueces aseguraron en esta nueva sentencia que Mario Marín, es un preso peligroso, efectivamente, y que debe de estar en un penal de alta seguridad. Debemos recordar que antes, en la cárcel de Cancún, creó una red de corrupción al interior y por eso tuvieron que llevárselo al penal de alta seguridad. Imaginen lo que está haciendo hoy en su casa en Puebla, con los vínculos políticos que tiene, así que hemos ganado y vamos a seguir dando la batalla 20 años después”, enfatizó la periodista.
Marín Torres salió, los primeros minutos del 14 de agosto de 2024, de “El Altiplano”, luego de que la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño Suárez, determinó, el día 10 del mismo mes y año, revocar la prisión preventiva justificada contra el político poblano.
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En ese momento, la FGR no pudo acreditar ante la juzgadora la necesidad de mantener en prisión al ex gobernador de Puebla, por lo que, en cumplimiento a una sentencia de amparo, revocó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra el denominado “Góber precioso”, quien llegó, alrededor de las 04:00 horas del 14 de agosto de 2024, a su residencia particular, ubicada en el Residencial San Ángel, en la colonia Xilotzingo, de la capital poblana, custodiado por elementos de la Guardia Nacional (GN).
Después de acusar al Poder Judicial de la Federación (PJF) por los llamados “sabadazos”, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador consideró, el 12 de agosto de 2024, que el cambio de medida cautelar a Marín Torres, era un ejemplo de dicho tipo de prácticas.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el entonces titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que sus adversarios protegían al ex mandatario estatal poblano, porque, según él, les ayudó en el fraude electoral del 2006.
“Está el caso reciente del fin de semana, otro sabadazo de un juez o una jueza que le está dando libertad al señor Marín, que fue Gobernador de Puebla, ya dio la orden de que se libere, un juez”, se quejó el político tabasqueño.
“¿Saben qué hacían estos porque son lo mismo, sobre todo en pensamiento, protegían al señor Marín y ¿saben por qué lo protegían? Porque el señor Marín les ayudó en el fraude electoral de 2006”, dijo el entonces mandatario nacional.
“Primero, lo acusan, viene una denuncia de Lydia Cacho y va de candidato del [Partido Acción Nacional] PAN, Felipe [de Jesús] Calderón [Hinojosa] a Puebla a decir: si gano, voy a meter a la cárcel a Marín”, agregó el entonces presidente de la República.
“De repente viene la elección y como les ayuda en el fraude electoral, lo exoneran, ya Calderón no vuelve a decir nada, porque les ayudó en el fraude electoral”, afirmó el entonces titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Pasa el tiempo, lo vuelven a meter a la cárcel porque continúa el juicio y ahora lo liberan, por eso no quieren que se reforme el Poder Judicial, pero esa es una cuestión, vamos a decir, rutinaria. Ya hemos aquí demostrado cómo aplican los sabadazos y este es otro sabadazo”, comentó López Obrador.
El 10 de febrero de 2020, el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo dictó auto de formal prisión contra de a Marín Torres, ex gobernador de Puebla, por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista.
El 4 de febrero de 2020, elementos de la FGR, trasladaron a Marín Torres a Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, donde ingresó, aproximadamente a las 00:00, a “El Altiplano”, donde fue puesto a disposición de un juez de control federal, acusado por el delito de tortura en agravio de Cacho Ribeiro, ocurrido en diciembre de 2005.
Alrededor de las 14:30 horas del 3 de febrero de 2020, el llamado “Góber precioso” fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR, durante un cateo a un inmueble, que resultó ser el domicilio particular de Alicia Marín Torres, hermana del ex mandatario estatal, ubicada en la calle Zitlaltepece, colonia Cumbres de Figueroa, en Acapulco, Guerrero, a menos de un kilómetro de la avenida Costera Miguel Alemán.
Tras rendir su declaración y ser revisado por un médico legista en la Subdelegación de Procedimientos Penales de la FGR de dicha entidad -ubicada en la avenida Mediterráneo, en el fraccionamiento Hornos Insurgentes-, el ex gobernador de Puebla fue llevado al hangar de la Fiscalía, escoltado por elementos federales, donde abordó la aeronave oficial que lo llevó a Quintana Roo.
“La jueza #AngélicaOrtuñoSuarez le impone una multa de sólo 100 mil pesos (al Gobernador que tiene un chalet en Suiza), lo libera justo en la recta final en que esperábamos la sentencia firme por tortura. Así el poder del ex gobernador de Puebla dentro del Poder Judicial @SCJN”, denunció la periodista, el 10 de agosto de 2024, en su cuenta de la red social X.
Según lo enfatizó Cacho Ribeiro, la jueza señaló que el ex mandatario estatal poblano no ameritaba prisión preventiva, por los delito de tortura y protección de redes de trata infantil, que se le imputaban.
Por su parte, la organización por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, Artículo 19 para México y Centroamérica, que representaba a la periodista ante el Estado mexicano, anunció, el 10 de agosto de 2024, que impugnaría el cambio de medida cautelar concedido a Marín Torres, para que enfrentara su proceso en libertad.
A través de un comunicado, la ONG señaló que también presentaría un recurso contra el beneficio otorgado al ex director de la Policía Judicial en Puebla, Hugo Adolfo Karam Bernal, quien el 6 de agosto de 2024 consiguió continuar con el juicio en su contra, fuera de la prisión.
Karam Bernal, fue detenido, a las 08:42 horas del 13 de julio de 2023, sobre el Boulevard Miguel Alemán, en Boca del Río, Veracruz, por elementos de la Policía Federal Ministerial, de la FGR, por su presunta responsabilidad por el delito de tortura, ocurrido en diciembre de 2005, en agravio de la periodista y activista.
Según lo informaron medios locales, basados en una ficha del Registro Nacional de Detenciones, el detenido, quien llevaba cuatro años prófugo de la justicia, quedó a disposición de un juez federal del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito.
Karam Bernal era buscado desde 2019, cuando María Elena Suárez Préstamo, magistrada deel Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo, libró una orden de aprehensión en contra del ex funcionario estatal, por el delito de tortura en contra de la periodista, ocurrida en diciembre de 2005.
“Artículo 19, como representantes y acompañantes de Lydia Cacho, estarán impugnando ambos procesos y nuevamente exhortamos a que estos casos se resuelvan tomando en cuenta las particularidades y riesgos existentes en este asunto particular”, dijo la ONG
“Lydia Cacho sigue forzada a vivir fuera del país, sin las garantías de seguridad para ejercer su labor periodística en México”, detalló Artículo 19, que también informó que, el 10 de agosto de 2024, se llevó a cabo la audiencia sobre revisión de medida cautelar para Marín Torres.
La jueza Ortuño Suárez, determinó revocar la prisión preventiva justificada en la que había permanecido Marín Torres y ordenó su libertad bajo las siguientes condiciones: dejar una garantía económica de 100 mil pesos, la prohibición de salir del país, la prohibición de acercarse a la víctima, vigilancia y resguardo domiciliario, así como la portación de un brazalete electrónico.
“Artículo 19 reitera que la liberación de ambos procesados no es una absolución. Ambos continúan bajo proceso y queda pendiente el dictado de sentencias que resuelvan el fondo del proceso penal por el delito de tortura que se les imputa”, apuntó la organización no gubernamental internacional.
Además, la ONG indicó que, aunque reconocía que la prisión preventiva oficiosa, como política punitiva de Estado en cientos de casos podría ser violatoria a los derechos humanos, existían situaciones particulares como la de Cacho Ribeiro, en la que era necesario mantener a los presuntos responsables en prisión.
“En el caso actual se han presentado por la defensa de Lydia Cacho una serie de pruebas que acreditan no sólo los posibles riesgos de fuga del procesado, sino también de riesgos contra la víctima, una mujer periodista víctima de tortura”, refirió Artículo 19.
La periodista fue detenida en Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, el 16 de diciembre de 2005, por la probable comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por el empresario de origen libanés Kamel Nacif Borge, mejor conocido como “El rey de la mezclilla”, a causa de la publicación del libro, ‘Los Demonios del Edén’, en el que Cacho Ribeiro documentó trata de personas, prostitución infantil y pederastia.
La periodista fue trasladada por tierra desde Cancún a Puebla. En su momento se dieron a conocer audios de las llamadas entre Kamel Nacif y Marín Torres, en las que el entonces gobernador manifestó su apoyo al empresario para imponer un “correctivo” a la periodista.
Mismo que mostró su complicidad en la detención de la periodista, tal como lo determinó el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU-DH), que el 2 de agosto de 2018, falló a favor de Cacho Ribeiro y exigió al Estado Mexicano reparar integralmente a la comunicadora.
“Ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona, aquí en Puebla se respeta la ley, aquí no hay impunidad, no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacer publicidad”, expresó en aquel entonces Marín Torres a Nacif Borge.
Cacho Ribeiro fue detenida el 16 de diciembre de 2005, por la entonces Policía Judicial de Puebla, en la ciudad de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, afuera del Centro Integral de Atención a la Mujer y sus Hijos A.C. (CIAM), para luego ser trasladada por carretera hacia la capital poblana.
La periodista fue aprehendida por la probable comisión de los delitos de difamación y calumnias, cargos presentados por Nacif Borge, a causa de la publicación del citado libro, en el que Cacho Ribeiro documentó trata de personas, prostitución infantil y pederastia.
Durante el trayecto de más de 23 horas, la periodista fue sometida a tortura, además de que luego quedó demostrada la discriminación de género, razón de la tortura y el trato sexualizado. A pesar de ser la víctima, el 23 de diciembre de 2005 la juez Quinto de lo Penal de Puebla dictó auto de formal prisión contra Cacho Ribeiro, por los delitos de difamación y calumnia.
Sin embargo, tras el pago de una fianza, la periodista consiguió su libertad, pero fue obligada a firmar cada mes. Después, el 17 de enero de 2006, Cacho Ribeiro fue exonerada, tras una apelación de su defensa ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
El 13 de marzo de 2006, la periodista interpuso una contrademanda ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (FEMIV).
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), donde se conformó una Comisión Investigadora. Sin embargo, el Pleno de la Sala Superior del máximo tribunal constitucional se abstuvo de señalar al ex gobernador como supuesto responsable de la violación a las garantías individuales de la periodista.
Ello debido a que supuestamente no se demostró la existencia de una falta grave a los derechos de Cacho Ribeiro, en términos del artículo 97 constitucional, motivo por el cual, a decir de la SCJN, no era necesario un pronunciamiento sobre el caso, con lo que Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó el asunto.
El Pleno de la Primera Sala de la SCJN indicó que si bien la Comisión Investigadora puso al descubierto algunos actos indebidos y violación a las garantías individuales de la periodista, durante su traslado de Quintana Roo a Puebla, estas no fueron graves, sino “menores”, por lo que desechó la existencia de un “concierto de autoridades” para atentar contra Cacho Ribeiro.
