Durante los últimos cinco años se iniciaron por lo menos 17 juicios de extinción de dominio en Juzgados de Distrito especializados en Ciudad de México, relacionados con asuntos en los que personas o sus bienes muebles o inmuebles en Baja California se vinculan a investigaciones de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita. En algunos de los casos, el Gobierno de México ha conseguido apoderarse de esos bienes, en otros sigue el litigio y en unos más se ha declarado improcedente la acción por alguna imprecisión en los señalamientos o el actuar de las autoridades ministeriales.
Lo que el Estado mexicano pretende disponer sin contraprestación alguna para las personas sospechosas de utilizar o mover dinero producto del delito o que pudiera servir para ello, supera un monto de millón y medio en dólares americanos y más de 2 millones 200 mil pesos, de acuerdo al cruce de información que realizó ZETA entre los asuntos que atienden los Juzgados federales en materia de extinción de dominio y la unidad especializada en ese mismo rubro de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la publicación de edictos para emplazar a quienes se crean con derecho a esos recursos.
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Un numerario que está por adjudicarse el gobierno, porque ya venció en juicio de extinción a los implicados, es el relacionado con Rodolfo Juan Yépez Ortiz alias El Rodo y/o El Rudo, hermano del narcotraficante José Antonio Yépez, conocido como El Marro, ex líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, que son 50 mil dólares americanos y 41 mil pesos en efectivo, asegurados durante su detención en un retén de Mexicali, Baja California. Pero existen otros asuntos interesantes como el de la pareja de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tijuana, que en su casa resguardaban casi 2 millones de pesos, entre moneda nacional y extranjera, al parecer producto de la corrupción en el tráfico de migrantes en 2024.
También está el caso de una mujer detenida en abril de 2024 en su vehículo por agentes estatales a la que supuestamente le encontraron un arma y una cantidad importante de dólares, hecho del que después un video puso en claro que los policías allanaron un predio en el Ejido Islas Agrarias A, en el Valle de Mexicali, obteniendo ilícitamente los objetos y el dinero, lo que le valió la libertad a la imputada; sin embargo, sujeta al juicio para que el gobierno se quede con el dinero. Como ese asunto, existen otros en los que hay mujeres involucradas, como la rusa detenida junto a su pareja con más de medio millón de dólares en Tijuana en 2022.
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LOS DE MIGRACIÓN
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La unidad especializada en extinción de dominio de la FGR presentó el 23 de febrero de 2025 una demanda para extinguir bienes, producto del delito en contra de los ex agentes de Migración, Marte Antonio Camacho Solano y María Elizabeth Paredes Sánchez, quienes estaban comisionados en Tijuana, y de una tercera persona, de nombre Basilio Guzmán López, quien tiene domicilio en Ahome, Sinaloa. El asunto se convirtió en juicio a partir del 6 de marzo, cuando el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con Competencia en la República Mexicana, con residencia en Ciudad de México, admitió la pretensión de los agentes del Ministerio Público de la Federación.
En una carpeta de investigación abierta por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se relaciona a las tres personas con el aseguramiento de un millón 90 mil pesos y 27 mil dólares estadounidenses en efectivo tras su detención el 23 de febrero de 2024. Un reporte anónimo avisó a agentes federales de un domicilio ubicado en Calle Alicante 3663, en Villa Residencial Santa Fe Quinta Sección en Tijuana, donde presuntamente vivían personas dedicadas al tráfico de migrantes. Tras varios plantones, los agentes interceptaron a Marte y Elizabeth, quienes se defendieron de los señalamientos al asegurar que ellos combatían ese delito, al ser funcionarios del INM.
Los sospechosos mostraron credenciales oficiales. Marte Antonio Camacho ostentaba el cargo de Sub representante local del INM en Ensenada, aunque después se conoció que era el encargado de la oficina en El Chaparral y enlace con autoridades migratorias estadounidenses en las deportaciones diarias de mexicanos. Por su parte, María Elizabeth Paredes se acreditó como agente federal de migración C, secretaria del encargado del Instituto Nacional de Migración en Baja California, David Pérez Tejada Padilla. Al inspeccionar su domicilio, los federales hallaron una caja fuerte que tuvo que ser abierta con orden judicial y se localizó el dinero afecto a este juicio de extinción de dominio.
Los ahora ex funcionarios migratorios fueron acusados de polleros, ya que se localizaron documentos que presuntamente probarían el vínculo con esas actividades con claves de la forma en que se referían a las nacionalidades de los indocumentados. Además, en el mismo inmueble fueron asegurados pasaportes, visas, cartuchos para arma nueve milímetros. Sin embargo, fue hasta el 20 de marzo de 2024 cuando el INM, a través de un comunicado, informó que ambos fueron separados de sus encomiendas y estaban bajo investigación de la FGR.
Aunque libres, ambas personas se encuentran a la espera de que la Federación les ajuste cuentas, por lo pronto, lo más relevante para el gobierno parece ser obtener de manera “legal” esa importante suma de dinero que actualmente se encuentra resguardada en la cuenta 001-89571002-1, a disposición del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado. Al juicio de extinción de dominio le fue dado el número de expediente 9/2025, se agregó como demandado al tercer individuo, el sinaloense de apellido Guzmán López, y el juez ya puso los oficios y edictos en manos de la FGR para ser entregados y publicados, respectivamente.
MENTIRAS DE TODOS
El 6 de abril de 2024, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) informó a través de un comunicado que detuvo a una mujer que manejaba un vehículo Mini Cooper a exceso de velocidad con dos armas de fuego, cartuchos y 200 mil dólares en el Valle de Mexicali. Eran exactamente 199 mil 800 dólares y mil 700 pesos mexicanos los que reportaron como asegurados los agentes que detuvieron a Elizabeth Pérez Arellano, de 39 años. Después la señora se defendió ante el Juzgado de Control a donde fue turnada acusada de la portación de las armas; a través de un video probó que los policías ingresaron violenta e ilegalmente a su domicilio sin orden de cateo.
También la familia de Elizabeth acusó a los policías de haber robado más dinero del reportado y diversos objetos, además de sacar el auto durante el allanamiento a su morada. Un día más tarde, después de que las autoridades difundieron su fotografía, la señora fue dejada en libertad al acreditarse la ilegal captura, pero el Mini Cooper y el dinero no le fueron devueltos. Fue iniciada la carpeta de investigación 934/2024, de la que no se conoce su destino. Lo que se sabe es que comenzó el juicio de extinción de dominio del numerario en el Juzgado Segundo de Distrito de la especialidad en CDMX, bajo expediente número 17/2024.
Otro asunto sospechoso de lavado de dinero es el de un hombre identificado como José de la Cruz Moo, detenido años atrás, un 3 de julio en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, Sonora, con mil billetes de 500 pesos cada uno. Elementos de la Guardia Nacional (GN) observaron al momento de la inspección que el sujeto tenía unos bultos extraños debajo de su pantalón, a la altura de las pantorrillas. Al revisarlo le hallaron los fajos de billetes sujetos con ligas de caucho, así como otras pacas de dinero en la maleta, donde llevaba una bolsa de plástico con cierre que resguardaba unas sábanas que envolvían el numerario. En total, 500 mil pesos en efectivo.
José argumentó que el dinero era de la empresa para la que trabajaba y que se trataba de un pago que le encomendaron realizar en Los Cabos, Baja California Sur, pero no traía documento que avalara tal operación, por lo que el dinero le fue asegurado. Después, representantes de la compañía reclamaron el medio millón de pesos al señalar que el hombre, que ya había sido liberado, fue contratado a través de una empresa outsourcing y tenía apenas un día laborando. La FGR entabló la demanda de extinción de dominio en el Juzgado Segundo especializado, el cual determinó declarar procedente la acción, ya que no es creíble que con un día de trabajo le tuviesen la confianza de poner en sus manos tal cantidad de dinero. El Gobierno de México ya es dueño de ese recurso.
GOBIERNO GANÓN
Al hermano del Marro, ex líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, lo detuvieron elementos de la Guardia Nacional la madrugada del 8 de noviembre de 2022 durante una revisión en el puesto de Seguridad Estratégico Carretero de Mexicali. Rodolfo Juan Yépez Ortiz alias El Rodo y/o El Rudo, de 39 años, viajaba en un vehículo llevando consigo 50 mil 460 dólares americanos y 41 mil pesos en efectivo. Le abrieron un proceso penal y fue vinculado por operaciones con recursos de procedencia ilícita (carpeta de investigación FED/BC/MXLI/0002750/2022).
El 3 de marzo de 2023 le fue iniciado un juicio de extinción de dominio en el Juzgado Tercero de Distrito de la especialidad bajo el número 4/2023, mismo que ya declaró la procedencia de adjudicar ese dinero a la Federación. Lástima por quienes se decían dueños del dinero, dos hermanos de apellido Castro y un tercero, Campos.
En 2023, la FGR ejercitó acción de extinción de dominio contra el dinero asegurado a un sujeto detenido dos años antes en la Aduana de Mexicali. El dinero afecto a la causa son 34 mil 688 dólares americanos que le encontró una verificadora a Edgardo Mannings al cumplir con su función de inspeccionar mercancías y vehículos en el centro táctico Línea Internacional. El hombre ingresó al carril de circulación de Nada que declarar, pero su vehículo tenía unos cristales extremadamente oscuros que no permitían a la agente ver al interior y decidió detenerle para la revisión. El dinero no declarado se hallaba oculto en el compartimiento que divide los asientos dentro de una mochila azul. Tras el juicio, el veredicto determinó procedente la extinción de dominio.
Pero el más relevante de estos últimos casos, es el de los ciudadanos rusos Andrei Iurevich Miakotin y Olga Miakotina, detenidos por la Policía Municipal de Tijuana en diciembre de 2022 en poder de 587 mil 550 dólares americanos. Aunque se presumía que eran tratantes de personas, como en casi en todos los casos, los sospechosos de lavado de dinero fueron liberados en la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0002995/202, pero el dinero quedó sujeto al procedimiento para que gobierno extinga su dominio y pase a las arcas del erario federal.
Los rusos fueron detenidos junto con el mexicano Francisco Javier, de 28 años, cuando en el cruce de las avenidas José María Larroque y de la Amistad, en las inmediaciones de la línea fronteriza, se encontraban a bordo de una camioneta Toyota Sienna color blanco, con placas del Estado de California. En la unidad, los uniformados localizaron un maletín negro con el efectivo. Presuntamente recogían dinero producto del tráfico de migrantes, pero el agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-1, en Tijuana les otorgó su libertad provisional. En el juicio 7/2023 del Juzgado Quinto Especial en Ciudad de México, se declaró la procedencia de la extinción de dominio.
