El Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC, por sus siglas en inglés) anunció, el 14 de abril de 2025, que a la mayoría de los tomates importados desde México les serían impuestos aranceles del 20.91 por ciento desde el 14 de julio del mismo año, tras retirarse de un acuerdo que, según afirmó, no protegió a los productores de EE. UU.
“Esta medida permitirá a los productores estadounidenses de tomates competir de forma justa en el mercado”, declaró la institución gubernamental en un comunicado, citado por la agencia británica Reuters, documento que no aparecía aún en la página web del DOC o en sus cuentas de las diversas redes sociales, ni en las de su titular Howard Lutnick.
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“La Secretaría de Economía [SE] de México [cuyo titular es Marcelo Luis Ebrard Casaubón], encargada de las negociaciones comerciales del País, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios”, agregó el citado medio británico.
Los Gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el 19 de septiembre de 2019, en Washington D.C., un nuevo Acuerdo de Suspensión Antidumping del Tomate, mismo que regiría las exportaciones mexicanas de esta hortaliza a partir de su entrada en vigor, que sería un día después y hasta 2024.
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El 20 de agosto de 2019 se anunció que los productores de tomate mexicano y el Departamento de Comercio (DOC, por sus siglas en inglés) estadounidense lograron alcanzar un nuevo acuerdo luego de un proceso de negociación, que duró casi dos años.
Sin embargo, las reglas del DOC indicaron que para llegar a la firma del texto definitivo del Acuerdo tenían que dejarse pasar 30 días previos para realizar comentarios, plazo que ya se había cumplido.
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Este acuerdo suspendía la investigación “dumping” en contra de la industria tomatera mexicana, misma que comenzó a exportar de nueva cuenta después del 7 de mayo de 2019, cuando el Gobierno EE. UU. dio por terminado el pacto que se firmó en 2013, con el cual México no pagaría un arancel de 25.28 por ciento.
Para lograr un nuevo acuerdo, el Gobierno de México tuvo que ceder a la exigencia de inspección de calidad que solicitaba a su homólogo de Estados Unidos, misma que aplicaría para el tipo de tomate grape que se empaca a granel, así como para los tomates bola y roma.
Además, los precios mínimos de referencia con los que el México podría exportar tomate a EE. UU. quedaron clasificados por tipo de tomate: bola, roma, grape, cherry, de racimo y con pedúnculo.
Por su parte, Martha Elena Federica Bárcena Coqui, entonces titular de la Embajada de México en EE. UU., dijo que la firma del Acuerdo de Suspensión del Antidumping entre ambos países garantizaba el acceso de la hortaliza al mercado estadounidense.
“La calidad de los tomates mexicanos es garantía de éxito en su comercialización”, comentó la diplomática, en su cuenta de la red social Twitter, ahora X.
“Celebro ese acuerdo de que no haya aranceles a la exportación del tomate, ayudamos bastante. Seguramente en el transcurso del día de hoy se va a informar por parte de la Secretaría de Economía y de Relaciones Exteriores”, dijo, el 21 de agosto de 2025, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, en el Palacio Nacional.
La Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal de México manifestó ese mismo día, su satisfacción por el acuerdo alcanzado en la medianoche del martes 20 de agosto de 2019, entre los productores mexicanos de tomate y DOC, para suspender la investigación antidumping contra exportadores mexicanos de tomate.
“Durante más de dos décadas, el Acuerdo de Suspensión del Tomate permitió regular y dar certidumbre al acceso del tomate mexicano a los Estados Unidos, en un mercado con una creciente demanda; ofreció además a los consumidores estadounidenses y a las industrias que utilizan al tomate como insumo, allegarse a una mayor variedad de tomates, de mejor calidad y a precios competitivos”, indicó la SE, en un comunicado.
“Con el anuncio de una posible terminación de dicho acuerdo, se abrió un grave riesgo para el sector exportador por su impacto en producción y empleo. Para evitar dichas afectaciones resultaba indispensable mantener el Acuerdo de Suspensión entre el DoC y los productores mexicanos”, abundó la Secretaría de Economía de México.
“Con este objetivo como meta principal, a lo largo de toda la negociación de los últimos meses, los productores mexicanos mostraron disposición y flexibilidad para alcanzar un nuevo acuerdo que beneficiara a todas las partes involucradas”, señaló la SE.
“Aun cuando el Gobierno de México no es parte de este Acuerdo ni puede participar en su negociación, el trabajo conjunto de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), y de Relaciones Exteriores (SRE), la Embajada de México en Estados Unidos la Oficina de la Presidencia y la Secretaría de Economía logró brindar un acompañamiento a los representantes de los productores a través de la consulta constante e intercambio de información con las autoridades de los Estados Unidos”, abundó la institución.
“La Secretaría de Economía continuará brindando su apoyo y acompañamiento a los productores de tomate mexicano en la correcta implementación de este acuerdo en los próximos meses. Los productores de tomate saben que cuentan con el respaldo del Gobierno de la República para continuar promoviendo las actividades productivas en el campo mexicano”, finalizó el comunicado de la SE.
Sin embargo, la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES) informó que el nuevo Acuerdo incluía la propuesta de inspeccionar en la frontera el 92 por ciento de los camiones de dicha hortaliza, para revisar su calidad.
Además, según la propia CAADES, el nuevo acuerdo contemplaba incrementos en los precios de referencia para tomates de especialidad y un incremento en el precio de los tomates orgánicos por arriba del 40 por ciento sobre el precio de los convencionales.
El acuerdo entre ambas partes se dio apenas unos minutos antes de que venciera el plazo límite legal que se tenía para evitar que la industria tomatera mexicana pagara de manera definitiva aranceles superiores al 17.56 por ciento por la exportación de esta hortaliza a Estados Unidos.
Asimismo, los exportadores mexicanos de tomate podrían recibir todos los depósitos en efectivo realizados desde el 7 de mayo de 2019, hasta el día en que este nuevo Acuerdo se publique en el Federal Register.
Según la CAADES, el Departamento de Comercio de EE.UU. reactivó la investigación y calculó un nuevo margen de dumping del 25.28 por ciento, por lo que todavía se esperaba que al terminar el proceso de verificación el 19 de septiembre de 2021, la determinación final confirmara dicho porcentaje.
“La industria del tomate de México agradece a todos los actores nacionales e internacionales que apoyaron durante casi dos años este proceso de negociación, así como al Gobierno de México, nuestra embajada en Washington y a los miembros del Senado y del Congreso que se unieron a esta causa en ambos países”, apuntó la CAADES.
El 7 de agosto de 2019, Jesús Seade Kuri, entonces titular de la Subsecretaría para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidió que el Gobierno de EE. UU. retirara su decisión de inspeccionar los camiones que cruzaban la frontera con exportaciones de tomate mexicano.
A través de su cuenta de Twitter, el entonces funcionario federal mexicano indicó que “nuestros productores están cerca de lograr un nuevo acuerdo con #EEUU (que evite los elevados cargos que de otra forma se perfilan), ofreciendo concesiones mayores de interés para EU”.
Sin embargo, abundó Seade Kuri, los productores mexicanos “enfrentan un obstáculo intransitable”, que es la exigencia del Gobierno estadounidense de inspeccionar la totalidad de los tomates que México envía, lo que constituye un obstáculo al comercio y provocaría un colapso del intercambio bilateral, dijo.
“Si se retira esa condición, tenemos a la mano un nuevo acuerdo en el sector, en beneficio de los productores y consumidores de este producto [agrícola] en ambos países”, apuntó el subsecretario de la Cancillería mexicana.
Seade Kuri abundó que la medida era contraria a toda razón, ya que en el 2018 el rechazo de tomates por calidad fue de 0.32 por ciento del total del volumen enviado. Ante ello, el funcionario federal destacó, que la imposición también detendría a más de 120 mil camiones que cada año buscan cruzar la frontera.
“Esta medida es totalmente inaceptable para el @GobiernoMX, ya que constituye un claro obstáculo técnico al comercio”, insistió Seade Kuri, quien se sumó a la negociación con EE. UU. para apoyar a los productores mexicanos.
“Más allá de esos efectos negativos la medida generará daños irreparables para las exportaciones mexicanas de tomate, producto del que dependen 1.5 millones de productores y servicios asociados”, detalló Seade Kuri, en otro tuit.
Antes, productores de tomate demandaron al Gobierno Federal mexicano, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), aplicar medidas espejo e inspeccionar la calidad de varios productos agrícolas y ganaderos de EE. UU., entre ellos: maíz, trigo, soya, sorgo, lácteos, fructosas, manzanas, peras, uvas, carne de res, puerco y aves.
El pasado 22 de julio, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, el entonces titular de la SADER, aseguró que la intención del Gobierno de EE. UU. de inspeccionar al 100 por ciento los 120 mil camiones de tomate rojo mexicano que llegaran a su frontera cada año, bajo el pretexto de asegurar la calidad y con el Acuerdo de Suspensión, era “imposible”.
“Yo he estado en contacto con el Secretario de Agricultura de Estados Unidos [Sonny Perdue] y hemos expresado que inspeccionar todos los tráilers, como se ha propuesto, es absolutamente imposible. Ningún país tiene la capacidad […] La inspección al final de cuentas tendría que ser a través de la Secretaría de Agricultura, pero hemos señalado que no existe en nuestras negociaciones internacionales inspecciones por calidad”, indicó el entonces funcionario federal mexicano.
La revisión se podía realizar sólo cuando había posibilidad de detectar algún problema de índole sanitario, pero en tanto esto no ocurriera, no había ninguna razón, ni argumento técnico, que apoyara la inspección de todos los tráilers, indicó Villalobos Arámbula, en entrevista con el diario Reforma.
Por su parte, los productores mexicanos de tomate advirtieron que aceptar la revisión del total de los camiones mexicanos, hubiera creado un “nudo” logístico en la frontera entre México y EE. UU., ya que inspeccionar tan sólo un vehículo pesado duraba más de una hora y media.
Además de que se saturarían los espacios físicos para la inspección aduanal y afectaría significativamente a otros sectores, como el de maquiladoras, automotriz, partes electrónicas y otras manufacturas, señalaron los productores organizados y representados por la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida (AMHPAC), la CAADES, Consejo Agrícola de Baja California (CABC), el Sistema Producto Tomate Nacional (SPTN) y la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo (APHYM).
Los tomateros mexicanos propusieron al Gobierno Federal encabezado por López Obrador, que, en caso de que esto sucediera, México también respondiera con la inspección obligatoria de todos los productos que se importan de EE. UU. en grandes cantidades, como el maíz, soya, trigo, manzanas, uvas, carne de cerdo y pollo, entre otros.
El 10 de julio de 2019, Marquez Colín, entonces titular de la SE, indicó que el DOC estadounidense tuvo posiciones “intransigentes” y rígidas hacia los productores mexicanos de tomate para poder exportar sin aranceles a dicho país.
“Se les está pidiendo a los tomateros [mexicanos], entre otras cosas, una revisión del 100 por ciento de los embarques de tomate en frontera y un plazo de hasta 72 horas. Esta rigidez demuestra que hay otras motivaciones”, aseguró la funcionaria durante una conferencia matutina del presidente López Obrador.
“El 20 de mayo pasado la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida y el Consejo Nacional Agropecuario [CNA] presentaron un amparo en la Corte de comercio internacional de Estados Unidos para protegerse de la medida de la imposición de los aranceles provisionales. Sin embargo, el 6 de junio de este año fue rechazado el amparo”, comentó la funcionaria federal.
La funcionaria federal indicó que el del tomate rojo era un conflicto antiguo, que databa de 1995, y comenzó con una denuncia contra presunto “dumping” de productores mexicanos, y que fue interpuesta por agricultores estadounidenses de Florida.
Márquez Colín explicó que dicha investigación por “dumping” fue suspendida en 2002, 2008 y 2013, pero que en el contexto electoral actual, y con el viraje a políticas más proteccionistas que se registran en Estados Unidos, ésta se había reavivado.
El “dumping” era una práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su coste de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado.
En ambos casos, aseveró la secretaria de Economía, se trataba de casos puntuales que eran recurrentes en las relaciones comerciales entre los países, como había ocurrido con México hacia otros países cuando se detectaban prácticas desleales, que se consideraba afectan los intereses de productores mexicanos.
Días antes, Manuel Cázares Castro, vicepresidente del Comité del Sistema Producto Tomate Nacional, aseguró que según un cálculo hecho por la propia industria tomatera, que los productores mexicanos podrían llegar a pagar hasta 350 millones de dólares (mdd) anuales de impuestos, por la cuota compensatoria de 17.5 por ciento impuesta a las exportaciones de esta hortaliza hacia EE. UU., que aplicaba desde el pasado 7 de mayo de 2019.
“Verdaderamente estamos pasando por una situación muy crítica en el sector del tomate. Después del 7 de mayo ya no se dieron las exportaciones normales, bajaron alrededor del 32 por ciento”, dijo Cázares Castro, entrevistado por el diario Reforma a dos meses de que el DOC no renovó el Acuerdo de Suspensión a la Investigación Antidumping a las Exportaciones Mexicanas de Tomate.
Los 350 mdd anuales por el pago de la cuota compensatoria se sumarían a las pérdidas de alrededor de 93 millones de dólares para los productores mexicanos, ya que las exportaciones de tomate disminuyeron en un 30 por ciento, según datos del Sistema de Información Comercial Vía Internet (SIAVI), de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal de México.
Según la AMHPAC, la imposición de la cuota compensatoria provocaba un retroceso en la producción y en la exportación de la hortaliza, producto del cual sólo el 40 por ciento era para consumo nacional y el resto se enviaba al extranjero.
De ello más del 99 por ciento del total de las exportaciones mexicanas de dicha hortaliza tenían como destino Estados Unidos. Los datos del SIAVI indicaban que durante mayo y junio de 2018 se registraron exportaciones de tomate rojo a territorio estadounidense, por 311 millones de dólares.
Óscar Woltman de Vries, presidente del Consejo Nacional de la AMHPAC, dijo que las negociaciones continuaban para lograr retirar la cuota compensatoria, pero que el Gobierno de Estados Unidos pretendía inspeccionar 100 por ciento de la carga de la hortaliza roja.
Esa petición, explicó el líder agrícola, estaba dentro de una “lista antigua de demandas” y ahora la retomaban como medida de presión, sin embargo, de imponerla habría una larga fila de transporte de carga en la frontera durante horas e incluso días.
“Si me dicen vamos a revisar cada camión en un lapso de seis horas desde que llega a la frontera y aparece el inspector, pues no tendría problemas porque es un tiempo razonable para ambos lados, pero el problema sería si me dicen 72 horas”, señaló el presidente de la AMHPAC.
La medida restaría tiempo de vida a la hortaliza fresca antes de llegar a los anaqueles de los establecimientos de venta en Estados Unidos. “Es un perecedero y, aunque esté dentro de un camión refrigerado, no lo puedes tener tres días parado”, expuso Woltman de Vries.
Por su parte, el vicepresidente de Frutas y Hortalizas del Consejo Nacional Agropecuario, Sergio Esquer Peiro, abundó que en temporada alta 80 mil toneladas diarias de tomate pasan por la frontera norte para llegar a los consumidores finales en EE. UU.
“Es prácticamente imposible y, aunque es un tipo de barrera no arancelaria, sigue siendo una barrera que va entorpecer [el flujo de la mercancía] y nos va quitar competitividad que es lo que menos quisiéramos”, enfatizó el vicepresidente de la CNA, entrevistado por el mismo rotativo.
Esa nueva propuesta “opaca” la negociación que llevan con el Departamento de Comercio de Estados Unidos para echar atrás la cuota compensatoria impuesta después de haber tomado la decisión de ponerle fin al acuerdo y reiniciado la investigación antidumping suspendida desde 1996, acentuó el líder agrícola
En México la industria tomatera daba empleo directo a más de 400 mil trabajadores agrícolas, quienes en su mayoría eran migrantes y eran acompañados de sus familias, con al menos un millón de labores adicionales en las actividades relacionadas con la cadena de soporte, logística y servicios, entre otras.
El 7 de junio de 2019, Jennifer Choe Groves, jueza de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos (USCIT, por sus siglas en inglés), rechazó un amparo de los productores de México, de suspender el pago de aranceles del 17.56 por ciento de las exportaciones mexicanas de tomate a dicho país.
El amparo fue presentado el 20 de mayo de 2019, por productores y exportadores de Sinaloa, Baja California y Sonora -agrupados en la MHPAC y el CNA- ante las Cortes estadounidenses. El 3 noviembre del mismo año se dio la resolución final de parte de la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos.
“Si bien la Corte reconoce disrupciones potenciales al mercado del tomate fresco y las cadenas de suministro, alegadas por los demandantes, se concluye que su evidencia no satisface el elevado estándar necesario para demostrar un daño irreparable”, afirmó Choe Groves.
La jueza detalló que la suspensión solicitada por los productores mexicanos tenía por objetivo detener nuevamente la investigación antidumping retomada por el DOC, y frenar el cobro de depósitos en efectivo o fianzas en las aduanas por las que pasaba el tomate.
Sin embargo, dichas acciones estaban previstas en la legislación estadounidense, por lo que sólo en casos excepcionales podrían ser suspendidas por orden judicial. Además, la jueza tampoco encontró que conceder la suspensión solicitada pudiera ser favorable al interés del público.
La USCIT, con sede en Nueva York, es un tribunal cuyas resoluciones eran revisables por una Corte Federal de Apelaciones con sede en Washington, que tenía jurisdicción sobre este tipo de casos.
