De los desarrollos edificados por Casas Ara en Baja California, Amaralta es el único que aún ofrece espacios en venta sobre Bulevar Popotla en Rosarito: dos modelos de departamentos a un costo de 4.6 y 5.4 millones de pesos. Proveedores que dijeron haber prestado sus servicios en esa edificación, así como en Puerta Plata (“al pie del Corredor 2000” en Tijuana), acusan que el consorcio les retuvo 5 por ciento del valor total del contrato, con la advertencia de dejarles de asignar obra si se inconformaban.
Otros proveedores, en cuyo caso refirieron haber ejecutado obra negra en los fraccionamientos Hacienda Los Venados y Valle del Sol en Tijuana, señalaron a la empresa de retenerles el mismo porcentaje. Afirman que aun cuando se les hizo firmar un contrato en el que estaba establecida la devolución de denominado fondo de garantía y ellos concluyeron los trabajos para los que fueron contratados, en ningún momento se les liberó el recurso.
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En total se trata de cuatro contratistas, quienes decidieron proceder por la vía legal contra la empresa. A decir de los presuntos afectados, Casas Ara les quedó a deber entre 8 y 9 millones de pesos.
“Antes yo llevaba el personal a trabajar al fraccionamiento Amaralta, que está en Rosarito, de aquí de Tijuana. De ahí no me pagaron ni un peso. Alrededor de un millón estoy queriendo cobrarles y me dijeron que no, que no me debían nada, que le hiciera como le hiciera, ellos no van a pagar nada”, reveló en entrevista con ZETA José Antonio Medina Ochoa, quien dijo haber ejecutado “obra negra y acabados” en ese fraccionamiento, así como en Puerta Plata.
“En mi caso me deben como dos millones y medio. Yo también hacía muros de contención, bardas, registros y todos los trabajos que iba haciendo me pagaban la mitad nomás, y la otra mitad se iba quedando. Ahorita que me corrieron, ya no me hicieron contratos y me quedaron debiendo toda la lana y muchos trabajos que hice sin contrato”, acusó a su vez Elías Vázquez. “A mí me deben del fraccionamiento Puerta Plata y Amaralta”, detalló.
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Medina Ochoa señaló directamente a Jesús Vargas Castro y Javier Garduño Santacruz como responsables de asignarles obra aun estando pendiente la devolución del fondo de garantía. En el proyecto de denuncia elaborado por los asesores legales de los proveedores, los ejecutivos señalados figuran como representante legal y/o gerente y director de Plaza Norte de Consorcio de Ingeniería Integral, SA de CV, respectivamente.
El denunciante especificó que Vargas Castro le solicitó edificar un conjunto residencial en la colonia Chapultepec en Tijuana, “en consigna de que vas a recibir otro trabajo más” y, una vez habiendo cumplido con la asignación la empresa, se negó a pagarle. “Nos extorsionan y nos hacen trabajar”, aseguró.
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El otro ejecutivo, dijo, le quedó debiendo un corte de bardas. El molde con el que trabajó para desarrollar esa parte de la construcción “llegó un poquito más alto”, explicó el entrevistado. “Entonces llegan los jefes, los directivos, Javier Garduño, y dicen ‘No, está muy alto, corta’. Jamás me pagaron esos trabajos. El molde así estaba diseñado, entonces fueron peticiones que a través del tiempo, conforme va avanzando la obra, unas mejoras, según ellos, pero no las pagan. Por eso estamos levantando la voz y a través de nosotros hay más compañeros que están pasando por la misma situación”, estableció.
Mario Pastrana Rangel es otro de los proveedores que se dijeron afectados por Consorcio de Ingeniería Integral, SA de CV (Casas Ara). “Yo trabajé en Hacienda Los Venados. Está cerca de Puerta Plata (en Tijuana), acá para el Corredor 2000”, precisó.
De acuerdo con Pastrana Rangel, la denuncia a presentar de manera conjunta con los otros proveedores no sería la primera que presentaría contra Casas Ara, pues en 2012 y 2017 procedió en consecuencia por falta de pago.
“Ya denuncié, denunciamos en 2012 y vinieron, nos pagaron. Hablaron con nosotros y nos pagaron, pero nos dieron una parte y a mí no me terminaron de pagar. A los años les hice otra denuncia, pero la hice civil. Se llegó la audiencia y vinieron, dijeron que no me conocían, que nunca había trabajado con ellos. Hasta ahorita no me han liquidado bien”, aseveró el proveedor, a quien se le deben alrededor de 200 mil pesos.
Sostuvo que en función del contrato relativo a los servicios que prestó, en un lapso de “seis meses o un año” le debieron haber devuelto el fondo de garantía.
Acusó que ha habido personal dispuesto a conseguir la devolución del consabido porcentaje con la condición de recibir una proporción del adeudo como retribución: “Muchas veces a la persona que le dan el fondo de garantía se lo sacan, los ingenieros de la obra, a los jefes, pero ya con una parte para ellos”.
Los denunciantes hicieron hincapié en que por cada trabajo para el que se les requirió, ellos cumplieron con la encomienda.
“Se entrega la obra, pero no nos dan un documento oficial. Hacemos recorrido, hacemos esto, hacemos lo otro y dicen está bien. Se la entregamos al cliente inclusive y el cliente ya podrá decir: ‘¿Sabes qué? Tengo cinco detalles que me hagas en la casa’. Ya con eso, pero a nosotros no nos entregan un documento”, indicó José Antonio Medina, quien, a consecuencia del adeudo, se fue a bancarrota: “Ahora sí que nos hicieron tronar. Nosotros absorbimos todo, pero ahora sí que nos quedamos durante un año, dos años, volver a capitalizarnos”.
Ello con la implicación del pago que debe hacerse a la cuadrilla de trabajadores de la que un contratista se hace acompañar. “Ellos no se hacen responsables de nada. Uno tiene que sacar dinero de su bolsa para pagar, porque ellos, vas entrando, no te van a dar un ahí te va para que le vayas pagando a la gente”, refirió Mario Pastrana.
Elías Vázquez aseveró que en aras de hacerle frente a sus propios pagos pendientes tuvo que poner en venta una propiedad: “Yo perdí un terreno para pagar deudas, tu dinero nada más está girando. Entonces, nunca estás viendo tu ganancia”.
Ignacio Bojórquez, otro de los denunciantes, en cuyo caso mencionó haber desarrollado obra en Valle del Sol, acusó directamente al representante legal y/o gerente: “Jesús Vargas no me quiere regresar mi 5%. Me debe dos millones y medio también. Me dijo que me esperara ya saliéndome, al año, para poderlos cobrar. Un año, supuestamente, entre comillas, para no tener problemas. O sea, supuestamente la compañía te exige un año que no estés ya facturando con ellos para poder pelear tu fondo de garantía, pero ya llevo dos años y no me han dado solución”.
Manifestó que aun cuando Casas Ara le debe más de 2 millones, el consorcio le ofreció pagarle “215 mil pesos”.
Explicó que con esa cantidad él no podría restablecerse como contratista en razón de que trabajar con Casas Ara implica aportar una mínima cantidad: “Para entrar a esa compañía tienes que entrar con mínimo unos 300 mil, unos 500 mil, para invertirle, porque tú pones tu dinero, porque la compañía te empieza a pagar a los dos meses. Ya invertiste 200. Entonces esos 200, a los dos meses te hacen una tableta para que empieces a cobrar”.
Asegura que es difícil para el contratista disponer de lo que se le debe pagar: “Tú ya metiste 200 y tu dinero nada más está girando. Entonces nunca estás viendo tu ganancia, porque estás comprando material, yeso, pasta, y nomás está dando vueltas”.
A consulta de ZETA, los asesores legales de los contratistas refirieron que Vargas Castro y Garduño Santacruz les retuvieron 5% del valor total del contrato, asegurándoles que una vez se verificara el cumplimiento de éste, se les liberaría el recurso. Mencionaron que ambos ejecutivos retuvieron ese porcentaje hasta que concluyeron las obras y subsiguientemente dieron de baja a los proveedores, sin efectuarles el pago pendiente.
Los denunciantes “han requerido el pago de estas retenciones y lo único que les dicen es que le hagan como quieran, pero no verán un solo peso porque ya ganaron mucho dinero gracias a la empresa”, sostuvieron los asesores.
“Javier Garduño es gerente nacional Plaza Norte. Es el representante que mandan. Aquí contrataron al ingeniero Jesús Vargas Castro, lo contrataron de forma local, le miraron capacidad, x o y, pero los unieron, qué bueno por él, pero se amafió con el de arriba”, expuso José Antonio Medina.
DENUNCIAN POR EXTORSIÓN AGRAVADA
Uno de los asesores refirió en entrevista que el 7 o el 8 de abril se presentaría denuncia contra Vargas y Garduño ante el Ministerio Público. “Va a ser una sola, por todos los ofendidos, una común”, detalló.
Por lo que a Consorcio de Ingeniería Integral, SA de CV respecta, manifestó: “La moral es responsable solidaria de reparar el daño causado porque los imputados están actuando a nombre de la moral, con los instrumentos de la moral y el beneficio ingresa en parte a la moral. Por lo tanto, tiene que hacerse, la persona física es el obligado principal y la moral es responsable solidaria de reparar ese daño”.
Indicó que por los cuatro contratistas el adeudo asciende a aproximadamente 9 millones de pesos. Los asesores procurarían que al gerente y al director de Plaza Norte se les finque responsabilidad por el delito de extorsión agravada. En tal caso, Vargas y Garduño habrían incurrido en esa falta advirtiéndoles a los contratistas, que de no aceptar las condiciones en las que se venían desempeñando (con la retención del consabido 5%), ya no les darían trabajo.
“Ellos saben que no les van a pagar esa cantidad y se la vienen exigiendo a través del tiempo, le siguen manifestando lo mismo y ahorita a tres de ellos ya les cumplieron a amenaza, ya no los recontrataron”, observó.
De la presunción de que hubo personas que se dijeron dispuestas a procurar la liberación del fondo de garantía a cambio de una retribución, manifestó que habría de corroborarse semejante versión.
En referencia a los elementos de prueba en los que se sustentaría la denuncia, “tenemos testigos, tenemos documentos, que son los contratos, las pólizas de pago donde se encuentran esas retenciones, y por ahí una denuncia previa que se hizo hace algunos años donde efectivamente pagaron, la empresa pagó”.
Señaló que los asesores legales habían intentado contactar al representante jurídico de Casas Ara a nivel nacional. “Se hizo contacto con una secretaria. Dijo que iba a pasar la información y no se reportaron”.
Tampoco descartó la opción de recurrir a la Unidad de Justicia Alternativa Penal en un afán de resolver el conflicto: “Vamos a usar la mediación del CEJAP (UJAP), en un intento de que llegue la información a los directivos altos de la empresa”.
Se pretende que el mediador certificado de la UJAP “haga un acercamiento entre las partes, vea cuáles son las pretensiones de cada quien y busque una solución, y la empresa decide pagar para efectos de reparar el daño y ya no siga el proceso; ahí se cerraría, a través de un acuerdo reparatorio, porque como se trata de un delito patrimonial, sin violencia puede resolverse a través de un acuerdo entre las partes”, reveló el asesor.
ZETA intentó contactar a un representante de Casas Ara, sin embargo, en sus oficinas centrales informaron que la empresa no cuenta con área de comunicación. También se procuró acercamiento por conducto de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, sin que hasta el cierre de edición, martes 15 de abril, se gestionara la entrevista.
