El Gobierno México -encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo-, envió, el 27 de febrero de 2025, a jefes de cárteles mexicanos a Estados Unidos, sabiendo que podrían ser ejecutados, indicó el 20 de marzo del presente año, el diario estadounidense The New York Times (NYT), en una nota firmada por el periodista Santul Nerkar.
Entre los capos que la Administración encabezada por Sheinbaum Pardo envió a EE. UU., estuvieron Rafael Caro Quintero, alias “El Príncipe”, de 72 años de edad -fundador del Cártel de Guadalajara, el primero que hubo en México, junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino”, y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”-, así como Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, ex líder del Cártel de Juárez, de 62 años de edad y hermano del finado Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”.
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Asimismo, el rotativo neoyorquino señaló que las negociaciones para que el Gobierno de México entregara a 29 presuntos líderes de los principales cárteles mexicanos, iniciaron en la última etapa de la Administración del presidente Joseph Biden, pero sólo se concretaron con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
Según dos fuentes anónimas citadas por el NYT, las pláticas entre ambos gobiernos contemplaban aplicar el proceso simplificado de expulsión de México -sin necesidad de cumplir las formalidades del tratado de extradición bilateral-, lo que dejó abierta la posibilidad para que los capos mexicanos enfrentaran la pena capital.
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“Los acusados extranjeros traídos a Estados Unidos casi nunca enfrentan la pena capital, sin importar cuán graves sean las acusaciones contra ellos. Pero cuando un conocido capo de la droga llegó desde México al tribunal federal de Brooklyn el mes pasado por cargos que incluían el asesinato de un agente federal, los fiscales del Distrito Este de Nueva York dijeron que podría enfrentar la pena de muerte”, indicó el diario estadounidense.
“La fiscalía aún tendría que solicitar formalmente la pena capital para el narcotraficante Rafael Caro Quintero antes de un juicio que podría tardar meses o incluso años. Pero pase lo que pase con Caro Quintero, el episodio representa un cambio radical para ambos países, reflejando cómo México está respondiendo a la agresiva política exterior del presidente Donald Trump en América y más allá”, abundó el NYT.
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“Antes de esto, México históricamente había liberado criminales a Estados Unidos sólo con la condición de que no fueran ejecutados, una disposición de su acuerdo de extradición con Washington. Sin embargo, en lugar de pasar por los engorrosos trámites de extradición, México simplemente expulsó a Caro Quintero y a otros 28 miembros de cárteles de la droga, según lo permite una ley de seguridad nacional. La medida otorga al Gobierno mexicano flexibilidad para agilizar las deportaciones y significa que Caro Quintero y al menos otros cuatro presos enviados al norte el mes pasado también podrían enfrentar la pena de muerte”, explicó el diario neoyorquino.
“Para México, la decisión supone una ruptura con la política tradicional del país de proteger a sus ciudadanos de la pena capital. Para Estados Unidos, habilita la visión punitiva de la justicia de Trump, de la cual la pena de muerte es una herramienta esencial. México ha luchado encarnizadamente durante décadas para impedir que el gobierno estadounidense ejecute a sus ciudadanos. El tratado de extradición, una variante del mismo vigente desde la década de 1970, estipula que el país que solicite la extradición no puede imponer la pena de muerte si no existe en su país de origen. México no ha aplicado la pena capital desde la década de 1960, aunque no se abolió oficialmente hasta 2005”, recordó el NYT.
“No está claro cómo responderá el Gobierno mexicano si la Fiscalía estadounidense solicita la pena de muerte contra los miembros del cártel […] Las negociaciones para expulsar a los capos de la droga de México bajo este proceso simplificado comenzaron durante la administración Biden, según dos personas familiarizadas con las conversaciones. La Casa Blanca de Biden reanudó dichas conversaciones con Sheinbaum cuando asumió el cargo en octubre, y el acuerdo final de expulsión fue negociado por la Administración Trump después de la toma de posesión”, reveló el rotativo neoyorquino.
“Caro Quintero era un blanco particularmente preciado para los fiscales estadounidenses. Fue condenado en México por orquestar la tortura y asesinato en 1985 de Kiki Camarena, agente encubierto de la DEA, lo cual transformó la agencia y las relaciones entre Estados Unidos y México”, expresó el NYT.
“Caro Quintero cumplió décadas en una prisión mexicana, pero fue liberado en 2013 en plena noche gracias a un vacío legal. Fue recapturado por las autoridades mexicanas en 2022. Michael Vitaliano, abogado de Caro Quintero, declaró que, en caso de que su cliente enfrentara la pena de muerte, su equipo legal estaba ‘plenamente preparado para afrontar ese desafío procesal y sustantivo’, desde ‘el momento de su captura y expulsión de México hasta el final del juicio’”, dijo el diario estadounidense.
“Podrían pasar meses antes de que la fiscalía anuncie si solicita la pena de muerte. Un portavoz del Distrito Este declinó hacer comentarios. Los fiscales primero tendrían que superar obstáculos, incluyendo una revisión exhaustiva en la oficina del Distrito Este y un comité del Departamento de Justicia en Washington que considera casos de pena capital. Durante este periodo, los abogados defensores podrían presentar apelaciones a los fiscales y luego al comité de Washington”, comentó el NYT.
“Ken Montgomery, abogado de Vicente Carrillo Fuentes, otro miembro del cártel expulsado de México que podría enfrentar la muerte, dijo en una entrevista que Estados Unidos no debería dedicarse a ejecutar personas. ‘Para una sociedad civilizada, no creo que ejecutar personas sea algo civilizado’, dijo Montgomery”, citó el diario neoyorquino.
“Poco más de la mitad de los estadounidenses apoya la pena de muerte, según una encuesta de Gallup realizada en octubre, en comparación con el 80 % de hace tres décadas. A nivel nacional, 25 personas fueron ejecutadas en 2024, en comparación con 85 en 2000, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. El presidente Joe Biden, quien en 2020 hizo campaña para abolir la pena capital, impuso una moratoria a las ejecuciones federales y conmutó las sentencias de 37 de los 40 reclusos condenados a muerte antes de dejar el cargo”, enfatizó el NYT.
“En enero, Trump firmó una orden ejecutiva que exige la pena de muerte en casos que involucren ‘el asesinato de un agente de la ley’ y ‘un delito capital cometido por un extranjero presente ilegalmente en este país’. En un memorando del 5 de febrero, la fiscal general Pam Bondi levantó la moratoria que Biden había impuesto a las ejecuciones”, finalizó el rotativo neoyorquino.
