Con 291 votos a favor, 158 sufragios en contra y 12 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión discutió si se daba continuidad o se desechaba la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco Bravo -gobernador morelense, desde el 1 de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2024-, acusado del delito de violación en grado de tentativa, presentada por su media hermana, Nidia Fabiola “N”.
La Sección Instructora de San Lázaro argumentó, ante el Pleno, que desechó el proceso de desafuero en contra de Blanco Bravo, porque, supuestamente, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos no integró debidamente la carpeta de investigación.
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“Se expone ampliamente que la carpeta carece de investigación, técnica y profesional, bajo los principios del alta y objetividad, pues no se apegó al protocolo del Ministerio Público para la investigación de delitos sexuales, en perspectiva de género del estado de Morelos”, dijo Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de dicha instancia legislativa de San Lázaro.
El diputado federal detalló que lo único con lo que contaba la carpeta de investigación eran dos dictámenes periciales en psicología, mismos, que, según él, resultaban contradictorios, ya que en uno de ellos señalaban sus conclusiones que la víctima no presentaba un daño psicológico, como consecuencia de un delito de carácter sexual, y el segundo, con dos meses posteriores al primero, estableció que, con los datos obtenidos de la pericial, sí se presentaba una afectación emocional de la víctima, derivado de un delito sexual ·
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“No debe de perderse de vista que ambos peritajes se practicaron con la misma técnica y por peritos de la misma instituciones, es decir, la Fiscalía del Estado de Morelos […] En consecuencia y de acuerdo con la carpeta de investigación, no existen datos de prueba que permitan a esta Sección Instructora proponer retirar la inmunidad constitucional”, enfatizó Flores Cervantes.
Luego, en una intervención para la cual no estaba registrado en la orden del día, Blanco Bravo dijo estar dispuesto a acudir a la Fiscalía del Estado de Morelos y afirmó tener la conciencia ‘muy tranquila’.
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“Quiero nada más, quiero que me escuchen un poquito, todo esto que se me está haciendo es injustificado, lo único que les pido y que yo con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la Fiscalía”, enfatizó el diputado del grupo legislativo de Morena.
“Yo no tengo miedo, aquí estoy y estoy parado aquí ante ustedes, estoy de frente dándole la cara nada más ordenado y concluye de seis meses. La señora presentó esta demanda en mi contra y estoy dispuesto ir a la Fiscalía. Mi conciencia está muy tranquila”, insistió el ex gobernador de Morelos.
El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión añadió que al integrar la carpeta de investigación, la Fiscalía estatal no llevó a cabo las diligencias pertinentes para acreditar el hecho denunciado y la presunta responsabilidad de Blanco Bravo.
Horas antes, el mismo día, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, aseguró tras una reunión plenaria, en la que estuvo el ex futbolista, se apoyó desechar el dictamen, y que dicha decisión era a cambio de que Blanco Bravo compareciera ante autoridades de Morelos.
“Va a ir con el Fiscal, va a ir con el juez que lo requiera. Incluso el propio Cuauhtémoc Blanco dijo que acudiría personalmente con la Fiscalía de Morelos, va a ir con el fiscal, así es que no hay ningún problema”, indicó el político zacatecano.
No obstante, a pregunta expresa, el coordinador parlamentario de Morena no aclaró si Blanco Bravo renunciaría a su fuero antes de presentarse ante la justicia morelense. “Sólo él lo decide”, respondió Monreal Ávila.
Rubén Ignacio Moreira Valdez, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, argumentó que votarían acorde al rechazo que realizó la Sección Instructora de San Lázaro, a procesar el caso debido a que todo había sido un desorden desde el inicio.
“Miren cuando las cosas empiezan mal, terminan mal. Nosotros desde un principio dijimos que la forma en cual estaba actuando esa comisión instructora nos iba a llevar a una confusión y a una difícil toma de decisiones. Si se regresa estos a la Comisión Instructora, ya prejuzgaron todos los que están ahí, y luego, ¿se regresa para que se perfeccione? Las otras carpetas que tiene el señor diputado, por qué no las presenta la gobernadora [Margarita González Saravia], todo empezó mal y va a terminar mal”, dijo el legislador priista, durante una conferencia de prensa.
La Sección Instructora de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión desechó, el 20 de marzo de 2025, iniciar un análisis de proceso de desafuero en contra de Blanco Bravo, acusado del delito de violación en grado de tentativa, presentada por su media hermana, Nidia Fabiola “N”.
“La Sección Instructora desechó la solicitud de declaración de procedencia contra Cuauhtémoc Blanco, ya que la carpeta presentada por la Fiscalía de Morelos carece de una investigación técnica y profesional”, escribió Flores Cervantes, presidente de dicha instancia legislativa en San Lázaro.
Después de la votación, la cual contó con tres sufragios contra uno para desechar iniciar el proceso contra Blanco Bravo, el proyecto presentado por Flores Cervantes pasaría al Pleno de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, donde se preveía que fuera rechazada, con lo cual regresaría a la Sección Instructora de San Lázaro.
“La solicitud de juicio de procedencia presentada por la Fiscalía de Morelos carece de elementos para cumplir los requisitos para ejercer acción penal. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados no puede sobrepasar sus funciones y se apega a lo establecido por el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, indicó Flores Cervantes, en un comunicado.
El diputado federal señaló que “en la Carpeta de Investigación únicamente se apreciaba que la institución ministerial recibió la denuncia y realizó su ratificación. Sin embargo, de la propia denuncia se podía advertir que en el lugar de los hechos, donde presumiblemente se desplegó la conducta infractora, se encontraban diversas personas en ese día y hora, cuyas entrevistas en ningún momento fueron recabadas por el órgano ministerial”.
“Tampoco se llevaron a cabo diligencias pertinentes e idóneas para acreditar el hecho delictuoso y la presunta responsabilidad, como pudieran ser la técnica pericial para recabar mayores datos de prueba, el informe detallado del lugar de los hechos, la intervención de perito en materia de criminalística o alguna inspección ocular. Asimismo, tampoco se desprende algún otro dato que precisamente ubique la conducta que se denuncia”, agregó Flores Cervantes.
“En este momento, únicamente se cuenta con dos dictámenes periciales en psicología que resultan contradictorios. En uno de ellos se concluye que la víctima no presenta daño psicológico como consecuencia de un delito de carácter sexual, mientras que el segundo, realizado dos meses después, establece que, de acuerdo con los datos obtenidos en la pericial, sí se presenta una afectación emocional de la víctima derivada de un delito sexual”, abundó el diputado federal.
“Sin embargo, ambos peritajes fueron realizados con la misma técnica y por peritos de la misma Fiscalía. Además, su contenido contempla deficiencias y, sobre todo, no se sometieron a los lineamientos y directrices ordenados en dicho Protocolo. Ante ello, es posible advertir que la Carpeta de Investigación adolece de una mayor investigación que arroje hasta este momento elementos que permitan atender la solicitud de Declaración de Procedencia en los términos en que se formula”, enfatizó Flores Cervantes, quien insistió que la determinación de la Sección Instructora era “absolutamente jurídica y no tiene ninguna consideración de carácter político”.
“No puede basar sus decisiones en una investigación deficiente, ya que no tiene entre sus facultades la investigación; no es ni Ministerio Público, ni fiscal, ni juez. Es importante mencionar que se dejan a salvo los derechos de la presunta víctima en virtud de los propios supuestos de la ley. Esta situación corresponderá directamente a la Fiscalía del Estado de Morelos, que actúa en su función de representante social”, finalizó el diputado federal.
Días antes, legisladoras de los grupos legislativos de los partidos Morena -entre ellas la vicecoordinadora Gabriela Georgina Jiménez Godoy-, Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), rechazaron la decisión de la Sección Instructora de San Lázaro declarar improcedente la solicitud de desafuero de Blanco Bravo y llamaron a las 251 diputadas que conforman la actual Legislatura, a votar en contra de desechar el caso el día que fuera sometida al Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
