Después de la desastrosa visita de colectivos de madres buscadoras de personas desaparecidas, periodistas y todo tipo de individuo que deseaba saciar su morbo, al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, el jueves 20 de marzo, y de que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerció la facultad de atracción sobre la indagatoria, las posibilidades de conocer la verdad sobre el presunto centro de exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se desvanecen, fortaleciéndose la hipótesis de que sólo se trataba de un campo de adiestramiento criminal donde eventualmente se cometieron algunos homicidios.
Incluso las autoridades federales y estatales ya cuentan con detenidos para sustentar su línea de investigación, en la que un sujeto de nombre José Gregorio Lastra, “el Comandante Lastra”, es culpabilizado de encabezar el reclutamiento forzado y también voluntario para la organización delictiva, y siendo, presuntamente, el encargado del entrenamiento en el rancho. La captura del mencionado ocurrió el sábado 22 en la Ciudad de México, junto con una mujer de nombre Abril Dianeh R., a la que señalan de “enganchar” a féminas jóvenes para los mismos fines. La rápida y fácil acción anunciada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), despierta la sospecha de una “investigación inducida y la posible fabricación de chivos expiatorios” para algunas madres buscadoras.
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En tanto, la Fiscalía de Jalisco también anunciaba la ejecución de dos órdenes de aprehensión en contra de dos expolicías municipales de Tala, presuntamente involucrados con la entrega de personas en el rancho Izaguirre al CJNG; la FGR confirmó que ya se encuentra en resguardo del predio del horror desde la madrugada del martes 25 de marzo. Alejandro Gertz Manero, fiscal general del país, refiere que “el Ministerio Público, la policía y los peritos tomamos posesión de ese lugar. No habíamos podido tomar posesión porque, como bien se sabe, se estaba manejando por la fiscalía local por haber sido la que hizo todas estas gestiones”. Aseguró que hay carpetas de investigación abiertas contra funcionarios de la fiscalía estatal por omisiones durante las pesquisas desde septiembre de 2024, cuando fue asegurado el rancho Izaguirre.
La queja interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por colectivos y familiares de personas desaparecidas con motivo del maltrato y farsa de los que se dijeron víctimas por parte de ambas fiscalías, también pasó al ámbito federal, pues fue atraída por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunque aún falta por integrar informes solicitados tanto a la Fiscalía Estatal como al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Entre otras cosas, las madres buscadoras se quejaron de la desatención de los fiscales, falta de información y la limpia de la escena del crimen, al no encontrar en el sitio los indicios por ellas descubiertos, como zapatos, cobijas, ropa y mochilas, entre otros.
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Por su parte, la mayoría morenista en el Senado de la República rechazó considerar urgente la creación de un grupo de expertos internacionales para que investiguen el caso Teuchitlán y envió el tema a comisiones, situación que molestó a los legisladores de oposición, quienes estiman que no sólo no habrá “verdad histórica”, sino simplemente no habrá verdad de lo que pasó en el rancho Izaguirre. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que la narrativa sobre un presunto campo de exterminio en Jalisco “ya se cayó”, y estimó el caso como parte de una campaña mediática para atacar al Gobierno Federal.
LOS DETENIDOS
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El sábado 22 de marzo autoridades federales informaron de la captura de José Gregorio Lastra Hermida, de 51 años, el Comandante Lastra, durante un operativo realizado en la delegación Cuajimalpa, en la capital del país. El hombre aprehendido junto a Abril Dianeh R., de 43 años, era reportado como desaparecido desde agosto de 2020 por su esposa en el estado de Chiapas, cuando ya no regresó a casa, por lo que existía una ficha de búsqueda. Abril también estaría involucrada, junto a Lastra, como operadores del líder regional del CJNG, Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, quien opera el denominado GEDDRI (Grupo Élite Delictivo de Reacción Inmediata).
De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el Comandante Lastra “era responsable del reclutamiento para el Cártel Jalisco Nueva Generación y tenía a su cargo el Centro de Adiestramiento ubicado en el Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva durante el periodo de mayo del 2024 a inicios de marzo del 2025. Se tiene conocimiento que José Gregorio N. utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas”.
García Harfuch afirmó el lunes 24 de marzo en la conferencia matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que el rancho funcionaba como un centro de adiestramiento a donde eran llevados los reclutas, quienes eran torturados y, en su caso, los que se negaban a recibir el entrenamiento eran asesinados; y que su detención aportaba “elementos esenciales” para el esclarecimiento del caso Teuchitlán. Sin embargo, después, impulsado por la mandataria, el secretario de Estado dijo que en su dependencia no existía ningún indicio de que se trate de un centro de exterminio, pero será la Fiscalía General de la República la que lo determine.
Lastra Hermida fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo por un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez; más no se ejercitó acción penal en su contra por delincuencia organizada. Lastra y Abril Dianeh fueron notificados de la medida cautela de prisión preventiva que deberán guardar y del plazo otorgado de tres meses para la investigación complementaria. El varón quedó internado en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1 Altiplano; mientras que la mujer se encuentra presa en el Cefereso 16 de Coatlán del Río, Morelos.
La Fiscalía de Jalisco ejecutó órdenes de aprehensión pendientes en contra de los ex policías municipales de Tala, José Antonio Solís Nava y Gabriel Nieto Jiménez, presuntamente involucrados con la entrega de detenidos a miembros del CJNG en el rancho Izaguirre, lo que trascendió después de la captura de 10 sujetos que el 18 de septiembre de 2014 se enfrentaron a la Guardia Nacional y mantenían a dos personas secuestradas en el predio y otra sin vida envuelta en plásticos. Por los mismos hechos ya se halla preso, desde octubre pasado, el también expolicía Emmanuel Avelar Manjarrez.
Fue el domingo 23 de marzo cuando la Fiscalía Estatal informó de la localización de ambos exservidores públicos. José Antonio fue capturado en Colima, donde se ocultaba y Gabriel en su municipio. Sin embargo, lo que no dice la institución es que Solís Nava ya había sido imputado en 2023 por la desaparición forzada de un joven de nombre Leopoldo Álvarez Vela, de 28 años de edad, cuando desapareció el 15 de julio de 2022 en la colonia Paseos del Sol, en Tala, Jalisco. El dato fue confirmado a ZETA por familiares de Leopoldo, que nunca volvió a casa, y reconocieron al expolicía Solís como uno de los detenidos el 29 de mayo de 2023 en la Comisaría de Tala, quien posteriormente fue liberado por un juez de control.
EL SAPO
Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, el Sapo o el 90, a quien mencionan como líder de la célula que se encargaba de administrar los centros de reclutamiento forzado para el Cártel Jalisco Nueva Generación, es un sujeto que se encuentra nominado en la lista negra de cabecillas del narcotráfico por parte del gobierno estadounidense desde el 17 de mayo de 2019, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, lo boletinó para impedir que ciudadanos norteamericanos hagan tratos comerciales o financieros con él.
De acuerdo con información de autoridades mexicanas, el Sapo ha sido jefe de plaza del CJNG en Puerto Vallarta, Jalisco, pero cuenta con liderazgo en las entidades de Michoacán y Nayarit, reportándose también su presencia en Baja California, cuyas principales actividades están relacionadas con el trasiego de droga, tráfico de armas, así como reclutamiento forzado y adiestramiento a jóvenes para integrarse a la organización criminal en diversas regiones del país.
El caso anterior al del rancho Izaguirre en el que se mencionó a Mendoza Gaytán dentro de una carpeta de investigación y causa penal, es el relacionado con cinco sujetos detenidos por agentes federales en una bodega de la privada Bugambilias número 55, en la colonia Palmira, en Zapopan, Jalisco, el 2 de julio de 2024, asegurándoles más de cinco kilogramos de clorhidrato de metanfetamina, una ametralladora calibre 5.56 milímetros automática con sistema de ráfaga, cartuchos para armas de fuego de diversos calibres y once teléfonos móviles. Una denuncia anónima ubicó a los policías en el sitio.
Los detenidos, Eduardo Alejandro Bravo, Miguel Ángel Soberanes Collantes, Marcelino Martínez Cornejo, Marco Antonio González Gutiérrez y Jorge Osvaldo Rodríguez González (quienes gozan del principio de presunción de inocencia), varios de ellos vecinos de Puerto Vallarta y quienes fueron vinculados a proceso por un Juez de Control por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio, portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y posesión de cartuchos para dichas armas, reconocieron al momento de la captura ser parte de la célula delictiva a cargo del Sapo.
Hugo Gonzalo es mencionado junto con Audias Sandoval Flores, alias “El Jardinero”, y Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R” o “El Tripa”, como uno de los posibles sucesores del líder del CJNG, Nemesio y/o Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”. El Sapo, nacido en 1988 e hijo del michoacano Gonzalo Mendoza Torres alias “Don Gonza” y de Josefina Caridad Gaytán, Chepita, se salvó de ser detenido el 26 de enero de 2012 durante un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el coto residencial Valle del Rey, ubicado sobre Bulevar Jardín Real Oriente, Fraccionamiento Jardín Real, municipio de Zapopan. En esa ocasión fueron detenidos sus padres.
Actualmente, como medida de presión, la Fiscalía General de la República mantiene -desde 2023- un juicio de extinción de dominio en contra de los progenitores del jefe de sicarios en un juzgado especializado de la Ciudad de México. La dependencia federal pretende adjudicar para el gobierno el dinero que obra en dos cuentas bancarias de la institución BBVA, a nombre de Chepita Gaytán: La primera de ellas, 0000001492786788, que contiene asegurados 179 mil 943 pesos 90 centavos; y la número 0000002648326762, mancomunada entre Josefina y Abundio, su hijo, alias “El Güero”, con la cantidad de 135 mil 795 pesos 47 centavos. El próximo 12 de mayo tendrán una audiencia en dicho juicio.
