La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Olga Zulema Mosri Gutiérrez, señaló que en México hay juzgadores que por falta de preparación no han sabido aplicar la perspectiva de género. Advirtió que la implementación de esa herramienta es una obligación y recordó que el 15 de noviembre de 2024 se publicó una reforma constitucional referente a garantizar la igualdad sustantiva.
“Es obligación de las autoridades de procuración de justicia y se estableció que debería de haber fiscalías especializadas para atender las violencias, en plural, los distintos tipos de violencia que viven las mujeres”, expuso Mosri Gutiérrez en entrevista con ZETA.
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Del carácter de obligatorio, enfatizó que obedeció a que resulta complicado que prevalezca la perspectiva de género, figura de la cual dijo que, con todo y que “los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos”, desafortunadamente “no todas las personas están en las mismas condiciones para acceder” a esas facultades.
“Es muy difícil que se haga. No se hace. Vemos cada 8 de marzo y todos los días manifestaciones de mujeres precisamente exigiendo justicia, por la violencia que por razón de ser mujer viven y desafortunadamente privan de la vida a 11 mujeres en promedio en el país, de las cuales hay una niña menor de nueve años”, indicó.
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“¿Te parece justo que nos callemos cuando todavía hay una demanda de justicia? ¿Por qué? Porque no se ven las cosas con perspectiva de género”, recriminó.
Olga Zulema Mosri, quien figura como candidata del Poder Judicial al cargo de ministra, visitó Tijuana el 2 de marzo, donde presentó el libro publicado bajo su coordinación, “La perspectiva de género en la justicia administrativa” (Tirant Lo Blanch, 2024), volumen alusivo a 12 sentencias reconocidas en concursos auspiciados por el TFJA.
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“Estamos dando cuenta de que cumplimos nuestra responsabilidad, que establece la Constitución, de aplicar la perspectiva de género y no es algo que nosotros inventáramos. Viene desde tratados internacionales, hay obligaciones y sentencias que condenaron al Estado mexicano como es el caso del campo algodonero de las muertas de Juárez”, aseveró en referencia a la sentencia emitida en 2009 por la desaparición y asesinato de tres mujeres “abusadas con extrema crueldad” (según determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos); resolución en la que la CIDH estableció vertientes para identificar y castigar agresiones de esa naturaleza.
“Nosotros los órganos jurisdiccionales desde el año 2010 hicimos un compromiso, un pacto para introducir la perspectiva de género, y en esto nos comprometimos a capacitarnos, a prepararnos para aplicarla, a generar espacios laborales libres de violencia y discriminación dentro de los órganos jurisdiccionales. Entonces, por supuesto que nos falta mucho por hacer”, manifestó la entrevistada.
Recalcó que alguien que carezca del conocimiento de las herramientas para aplicar la perspectiva de género no merece ocupar la silla de juez.
“Cuando hablamos de igualdad tenemos que ver lo que te hace diferente: Por qué una persona no puede acceder en igualdad de condiciones. Por qué la violencia o la discriminación le impiden o la situación estructural de cada quien le impide acceder al ejercicio de derechos”, reclamó.
