Génesis Joanna Morales Inzunza, viuda del agente Christian Eduardo García Uribe, enfrenta un conflicto legal tras ser despedida de su empleo en el C5 de la FGE.
García Uribe se desempeñaba como policía en la extinta Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), murió en un enfrentamiento armado en San Quintín en mayo de 2021, en Libertadores número 100 del fraccionamiento Chávez Barrón, también conocido como Barrio Cinco Mil, durante un operativo para capturar a Adrián Barrón Casillas alias El Tatuado.
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Dentro del domicilio se localizaron 130 cartuchos de distintos calibres y se logró la detención del objetivo.
El caso tomó relevancia cuando un dictamen pericial externo en criminalística y balística, solicitado por la familia del agente, concluyó que García Uribe habría sido asesinado por fuego amigo y no por el presunto delincuente. A casi cuatro años del homicidio, la investigación de la FGE sigue sin resolverse y la familia aún exige justicia.
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ACUSACIONES DE HOSTIGAMIENTO Y DESPIDO ARBITRARIO
Tras la muerte de su esposo, a Génesis Morales le ofrecieron empleo como operadora en el C5, con el argumento de que sería un apoyo para llevar sustento a su hogar.
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Sin embargo, en febrero de 2025, fue notificada de su despido bajo la justificación de no haber aprobado la evaluación del C3, pese a que, según su testimonio, el examen no había sido concluido.
El despido ocurrió meses después que Morales denunciara hostigamiento laboral por parte de su jefe inmediato, según consta en su denuncia ante ZETA desde agosto de 2024, cuando sufrió restricciones en sus horarios de comida, acceso al sanitario y comunicación con sus compañeros.
En noviembre del año pasado, su superior la amenazó con presentarla ante el Órgano Interno de Control por su comportamiento.
Posteriormente, en enero de 2025, fue llamada a una reunión donde le informaron verbalmente sobre su remoción del cargo sin entregarle un documento oficial. Días después recibió su pago de nómina, evidenciando que su despido no había sido formalizado.
Ante tal situación, promovió un amparo (expediente 286-1378) en el que señala como responsables a la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez; a la funcionaria Ana Priscila Ríos Rincón; y al encargado del C5, José Enrique Ceseña Vega, por omitir la formalización de su destitución.
“Este acto de separación basado en una evaluación inconclusa constituye un acto de autoridad arbitrario y discriminatorio, ya que no se me permitió completar el proceso antes de ser separada de mis funciones”, declaró Morales.
Aunado al despido, denunció que en septiembre de 2024 le fueron negadas sus vacaciones sin que se las pusieran. Ahora, teme que las autoridades también le retiren los beneficios otorgados a los hijos que procreó con Christian Eduardo García Uribe, pese a que en los actos fúnebres se le prometió garantizar su seguridad y bienestar.
ZETA solicitó a la FGE y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana una respuesta por esta citación en la que al menos dos empleados están implicados, sin que hubiera respuesta sobre este conflicto laboral.
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