Pueden decir que no hay denuncias de extorsiones, pero ahí están los incendios con bomba molotov, carros de comerciantes con vidrios quebrados y llantas ponchadas, la gente cerrando negocios tras recibir llamadas, o peor, los asesinatos, como en Ensenada, el de la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca), Minerva Pérez, y otros comerciantes del sector pesquero. Esos hechos no los pueden negar”, expuso a ZETA un comerciante afectado en el puerto bajacaliforniano, quien pidió reservar su nombre.
“En la fiscalía aseguran que no pueden investigar a los responsables de las extorsiones sin denuncias, pero sí pueden, nosotros incluso les ofrecimos apoyar -económicamente- para que hicieran trabajo de Inteligencia, que pongan dos, tres negocitos en las zonas más afectadas, ni siquiera establecidos, ambulantes, y verán que en menos de una o dos semanas llegan a cobrarles piso. Dijeron que lo pensarían y decidieron no hacerlo”, agregó.
“Fueron más de 2 mil 400 homicidios en 2024 y una cifra similar en 2023, toneladas de drogas aseguradas, balaceras y persecuciones a plena luz de día, decenas de narcomantas, policías asesinados, la operatividad de los cárteles en el Estado es evidente… además, del gobierno, los policías también extorsionan, y las pocas víctimas que acuden a las autoridades no tienen resultados. ¿Cómo esperan que la gente confíe y denuncie?”, reclamó.
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OMITEN INCENDIOS INTENCIONALES
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El 13 de enero en Ensenada, criminales quemaron intencionalmente el restaurante La Fortuna, la entrada de la sociedad cooperativa La Purísma, así como la fachada de la empresa Island Pacific Buzos y Pescadores y un tractocamión propiedad del mismo negocio que estaba estacionado al frente. Luego, el 7 de febrero, incendiaron el restaurante La Pescadería.
Estos cuatro casos sucedidos en 2025 se dieron a conocer a través de la prensa, sin embargo, de acuerdo a las estadísticas solicitadas por ZETA y entregadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) el 6 de marzo, durante el año en curso sólo se ha iniciado una carpeta por el delito de daño en propiedad ajena agravado por incendio en el puerto.
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El ocultamiento de casos por parte de la FGE también se pudo visualizar en Tijuana, donde informaron que este año, no han iniciado carpeta alguna por daño en propiedad ajena agravado por incendio, a pesar que la prensa y elementos de seguridad dieron cuenta de por lo menos dos casos.
La mañana del 2 de febrero, en Avenida Independencia de la colonia del mismo nombre, delincuentes quemaron una oficina usada como despacho jurídico e inmobiliaria; el día 5, en Calle García Naranjo de la colonia Libertad parte alta, se reportaron dos casas en llamas. De manera anónima, algunos residentes reportaron que hombres armados vestidos de negro los habían desalojado antes de iniciar el incendio. Sin embargo, oficialmente, las autoridades negaron haber recibido la denuncia y no investigaron porque se trató de un picadero.
Antes, en diciembre de 2024, el día 31, dos hombres ingresaron a una farmacia de Plaza Hipódromo y la incendiaron; el 28 de diciembre incendiaron otro Smoke Shop en Zona Norte; el 24, Isabel Flores, Irving González y Ernesto Silva fueron detenidos después de ingresar al Smoke Shop en Avenida Flores Magón -conocida como Calle Sexta-, entre avenidas Revolución y avenida Constitución de la colonia Zona Centro de Tijuana, y quemar el lugar después de amagar con una pistola al dependiente; y el día 7, criminales desconocidos lanzaron una bomba molotov y dispararon contra del salón de eventos Voga en la colonia Aviación de Tijuana.
En Tecate, según la FGE, no ha habido incendios provocado en 2025, en 2024 sólo fueron tres, pero el 9 de diciembre del año pasado, dos jóvenes fueron detenidos tras lanzar una bomba molotov al estacionamiento de las instalaciones de la FGE en la colonia El Descanso, quemando una Jeep Liberty y una camioneta pick-up propiedad de la Guardia Nacional; el 26 de septiembre y el 28 de noviembre, sujetos prendieron fuego a unidades propiedad de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE).
Adicionalmente, dos funerarias fueron atacadas con fuego en octubre y los vehículos de cinco empresarios, incluso el del ex alcalde tecatense Darío Benítez, fueron incinerados en 2024, lo que también evidencia la falsedad de la estadística oficial.
De acuerdo a la FGE, el número de carpetas iniciadas por daños en propiedad ajena agravada por incendio son:
ESTADÍSTICAS NO CONFIABLES
De acuerdo a estadísticas de incidencia delictiva, el delito de extorsión en Baja California va a la baja y así lo anuncian, ya que les permite estar en lugar 20 a nivel nacional: de las 169 carpetas que hubo en 2021, el primer año del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, subió a 173 en 2022 y se redujeron oficialmente a 106 en 2023, el peor año de Ensenada, en el que supuestamente sólo se iniciaron seis carpetas por ese delito en el puerto; así llegaron a 2024, donde únicamente contaron 96 denuncias, 44 de éstas en Tijuana.
Pero “tratándose de números, no sólo es la faltan denuncias, también está el tema de la reclasificación”, explicó un policía municipal de Tijuana.
“Al momento de presentar a un detenido o una denuncia ante el Ministerio Público, la extorsión puede tomar diferentes formas al ser calificada”, como:
– Extorsión telefónica, que en 2024 sumó 6 mil 977 y mil 636 en lo que va de 2025; el 49% aseguran ser del crimen organizado.
– Amenazas, que contabilizaron 5 mil 283 al final de 2024 y, en el mismo año, las denuncias por daños en propiedad ajena registraron 8 mil 408. Ambos delitos han aumentado hasta un 100% en su incidencia en la administración marinista.
“Fueron 96 extorsiones y otras que pudieron al registrase como amenazas o daños en propiedad ajena para evitar afectar la incidencia”, refirió la fuente.
Otro ejemplo de la distorsión numérica quedó evidenciado en estadísticas solicitadas por este Semanario en noviembre de 2023 (edición 2570 de ZETA). En aquel entonces, los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo Nacional contabilizaban 112 extorsiones en BC durante 2022, pero actualmente esa fuente reporta 173 casos, una diferencia de más de 50 carpetas.
Además, mientras las mismas estadísticas indicaban 33 denuncias durante 2022 en Tijuana, la FGE informó que este municipio registraba realmente 342 denuncias por extorsión: 62 relacionadas con solicitud de depósitos, 38 por llamadas, 14 por cobro de piso y de las otras 231 no se especificó la clasificación,
El 20 de febrero, ZETA acordó formalmente una entrevista del tema con el fiscal central Rafael Orozco, sin embargo, las siguientes semanas dejó de responder.
Consultados, Roberto Vega Solís, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Capítulo Tijuana y Leonardo Arvizu, detallaron que en temas de extorsión los más vulnerables son los comercios, por manejar efectivo y tener una exposición directa al público. Tiendas, restaurantes y pequeños negocios, desde una familia que vende tacos o hot dogs, hasta establecimientos con mayor presencia comercial, porque los grupos criminales puedan acercarse a los puntos de cobro o mostradores para ejercer presión sobre los propietarios y empleados.
EN ENSENADA ESPERAN CAMBIO DE ESTRATEGIA
“A la extorsión telefónica la gente ya más o menos le sabe, se hacen denuncias, pero cuando la extorsión es en físico, ya no hay denuncia, porque si lo hacen, su negocio se va a incendiar o lo pueden matar, además, según el estudio de victimización para 2023, en Ensenada únicamente el 4 por ciento de los delitos llegaron a una pena para el delincuente. La impunidad es el mayor aliado de los extorsionadores”, expuso Edgar Hernández González, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada.
No obstante, “hay un cambio de actitud de las corporaciones, el día que ejecutaron -12 de febrero- al taxista en el estacionamiento del mercado Mayorista de Pórticos del Mar, cerraron las salidas de la ciudad con elementos de los tres órdenes de gobierno, eso no lo habíamos visto en ningún homicidio, ni en los de más alto impacto en Ensenada, entonces eso del Operativo Escudo lo vemos con buenos ojos, está reaccionando la ciudad, y aunque no detuvieron a los homicidas, es la reacción correcta” agregó.
“Desde diciembre vemos un cambio en la política de seguridad, por lo menos eh en el actuar de las fuerzas federales, que habían sido muy relativos en cuanto a resultados, ahora empezó a haber decomisos grandes en el puerto, sembradíos. Por lo menos ahora, tras los incendios en las cooperativas, las autoridades dieron una respuesta inmediata, por lo menos la Dirección de Seguridad Pública Municipal generó un operativo para supervisar o hacer rondines en la zona donde están los negocios afectados y lo amplió también a las pesqueras. Creemos que esa es la ruta adecuada, la autoridad debe recuperarla con confianza del ciudadano para que el ciudadano denuncie”, manifestó Hernández González, para rematar:
“También la fiscalía debe hacer su parte, la denuncia tiene que llegar a buen puerto, debe haber detenidos, procesados, sentenciados”.
INVESTIGAR A GRUPOS CRIMINALES DE LAS COLONIAS
Gina Villalobos González, integrante del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California y ex titular de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Tijuana (CANACOPE), comentó que al 31 de enero de 2025, cuando dejó el organismo, habían revisados 30 denuncias de extorsión, pero recordó que hubo más; en la mayoría de los casos las víctimas no habían aceptado denunciar.
“Los agresores eran vecinos de la misma colonia, el niño problema que fue ascendiendo en su actividad delictiva, los que desde la calle se enteran de la cantidad de dinero que manejan, que conocen los horarios de los comerciantes y sus familias, a dónde van a la escuela. Algunos de ellos han entrado y salido de la cárcel por robos, daños en propiedad ajena, narcomenudeo y otros delitos”, expuso.
“Les cobran de 500 a 2 mil pesos, los afectados los han visto salir impunes de otros delitos, los tienen en la misma colonia y saben que la amenaza es real, entonces, si pueden, prefieren pagarles y llegan a verlo como una situación normal, hasta que ya no les alcanza el dinero.
“El problema usualmente impacta más a los nuevos negocios, que reciben las visitas de los extorsionadores en sus primeros dos meses de operación, a veces en la primera semana, y usualmente deciden cerrar los emprendimientos. Pero esos criminales que delinquen en las colonias tampoco son detenidos”, concluyó Villalobos.
EVALUAR RESULTADOS
Edgardo Flores Campbell, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, lleva un año en el cargo y han apoyado a llevar no menos de 12 o 15 casos de cobro de piso ante la FGE.
“Hemos llevado a la gente, le toman la denuncia, le brindan protección si es necesario y amerita, le abren carpeta de investigación, pero yo no he sabido que hayan detenido a responsables o algo”, argumentó.
Describe la extorsión como parte del botín que se disputan los grupos criminales en la pugna por el territorio, la incursión de los cárteles en nuevos mercados ilícitos al imponer un impuesto criminal, atribuyéndose facultades exclusivas del Estado y estableciendo una política tributaria. Crímenes que funcionan porque antes corrompieron autoridades y se atribuyeron otra facultad del Estado, controlando las corporaciones de seguridad.
Para combatir este problema, Flores dijo que en nombre del Consejo, ha apoyado en el convenio de colaboración que tienen firmado con la FGE; el 25 de febrero solicitó públicamente a la fiscal María Elena Andrade, trabajar en una perspectiva evaluativa sobre la gestión de las carpetas de investigación, la estrategia de combate al crimen y otros temas, entre los que destacan los resultados en cuanto a extorsiones.
