El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero y otros 28 líderes y miembros de relevancia de grupos de la delincuencia organizada fueron extraditados el jueves 27 de febrero a Estados Unidos en un histórico operativo en el marco de la reunión que sostuvieron en la misma fecha el secretario de Estado del Gobierno de Estados Unidos de América y los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal de México.
La información llegó inicialmente de la Unión Americana, cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Webb en Laredo, Texas, reveló que los hermanos Miguel Ángel y Òscar Omar Treviño Morales, alias El Z-40 y El Z-42, ex líderes del grupo criminal Los Zetas, fueron extraditados. El hecho llamó poderosamente la atención, pues en México no se informó al respecto y fueron varias las horas sin que las autoridades confirmaran la noticia dada a conocer al otro lado de la frontera.
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Más tarde, al filo del mediodía trascendió que el sinaloense Rafael Caro Quintero, legendario capo, fundador del Cártel de Guadalajara, también fue entregado materialmente al gobierno estadounidense, pero no solo él, sino que junto con los Treviño Morales y Antonio Oseguera Cervantes alias El Tony Montana, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron un total de 29 los extraditados.
Fue entonces que el Gobierno de México emitió un escueto comunicado, a manera de tarjeta informativa, que a la letra señalaba:
“La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informan: Esta mañana fueron trasladados a los Estados Unidos de América 29 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos.
“La custodia, traslado y entrega formal de dichas personas se realiza bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta acción se enmarca dentro de las labores de coordinación, cooperación y reciprocidad bilateral, en el marco del respeto a la soberanía de ambas naciones”.
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Más tarde, a cuentagotas se iban filtrando los nombres de otros de los mexicanos que fueron entregados al gobierno norteamericano, como Vicente Carrillo Fuentes alias El Viceroy, ex líder del Cártel de Juárez y hermano de Amado Carrillo Fuentes el Señor de los Cielos, entre otros.
Esta es la más numerosa entrega de criminales en extradición por parte de un gobierno mexicano al de Estados Unidos. Antes, el 20 de enero de 2007, bajo la administración presidencial de Felipe Calderón Hinojosa fueron extraditados 15 narcotraficantes, entre ellos Osiel Cárdenas Guillén, Héctor “El Güero” Palma, Gilberto e Ismael Higuera Guerrero y Alberto Márquez Esqueda, por citar algunos. Después, con Enrique Peña Nieto, el 30 de septiembre de 2015, fueron extraditados 13 sujetos, entre ellos Édgar Valdez Villarreal alias La Barbie.
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UNA LARGA ESPERA: CARO, EL EXTRADITADO MÁS CODICIADO
Sin duda el extraditado más relevante para el gobierno estadounidense es Rafael Caro Quintero, por el que han esperado más de 40 años para llevarlo ante su justicia para juzgarle por el secuestro y homicidio del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar, plagiado en Guadalajara el 7 de febrero de 1985, después torturado junto con el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, asesinados ambos e inhumados clandestinamente en el Bosque La Primavera en Zapopan, Jalisco. Sus cuerpos fueron localizados en marzo de ese año en un camino de Vista Hermosa, Michoacán.
Rafael, de 72 años, originario de La Noria en Badiraguato, Sinaloa, formaba parte del Cártel de Guadalajara junto con Ernesto Rafael Fonseca Carrillo alias Don Neto, y Miguel Félix Gallardo, traficando principalmente marihuana. Apenas iniciaban con el trasiego de cocaína, del que Félix se encargaba. Sin embargo, el crimen del agente norteamericano marcó su caída, ya que después de huir a San José, Costa Rica, fue detenido el 4 de abril de ese 1985. Estuvo preso en el Reclusorio Norte desde entonces hasta que fue inaugurado el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, primer penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, Estado de México, en 1991.
En 1989, el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal de Guadalajara condenó a Caro Quintero a 40 años de prisión, que era la pena máxima aplicable a nivel federal, por su responsabilidad en los homicidios, secuestros, inhumación clandestina (de Camarena y Zavala), asociación delictuosa y delitos contra la salud en diversas modalidades. Pena que prevaleció hasta 1997, cuando el capo ganó un amparo directo para la reposición del procedimiento.
En octubre de 2004, el narcotraficante fue trasladado al Cefereso 2 en Puente Grande, Jalisco, durando poco tiempo en ese penal federal, pues ante los rumores de su presunto suicidio y después de una falsa fuga, el 31 de enero de 2005 fue enviado al Cefereso 3 en Matamoros, Tamaulipas. Luego de ser sentenciado nuevamente a 40 años de cárcel en 2011 por los mismos delitos, excepto asociación delictuosa que ya había prescrito e incrementarle el pago de la reparación del daño a más de 20 millones de pesos actuales, Caro Quintero volvió a promover un amparo directo contra la pesada condena.
A inicios de 2010, autoridades penitenciarias federales remitieron a Rafael Caro de vuelta al Cefereso 2 en cumplimiento a un juicio de garantías y el 31 de mayo de esa anualidad tuvo un nuevo traslado, pero ahora al Reclusorio Preventivo de Guadalajara de mediana seguridad, donde el capo se mantuvo con un perfil discreto. Se aseguraba que era el poder tras el trono en el manejo del autogobierno y que “movía los hilos” del extinto José Manuel Garibay Félix alias El Manuelón, líder de esa prisión.
Tras el arribo de Rafael se modificaron los esquemas de seguridad de todo el centro penitenciario. El reo ocupó el dormitorio 1 bis, construido ex profeso para él, con muy poca gente en su entorno, a diferencia del resto de dormitorios sobrepoblados. No salía de su confinamiento, pues, aunque era respetado y hasta venerado por un grueso de la población carcelaria, no se expondría a algún atentado o represalia de otros grupos. Le cuidaban bien en el lugar.
El 7 de agosto de 2013 se resolvió el último de los amparos presentado por el sinaloense contra la condena que lo retenía. Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia penal del Tercer Circuito le otorgaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión al narcotraficante asegurando que el asunto no debió juzgarse en el fuero federal, pues el agente Camarena no era diplomático, por lo que el expediente debía pasar al fuero común. El Segundo Tribunal Unitario en cumplimiento al fallo sobreseyó los delitos de homicidio en agravio de Camarena, Zavala, y dio por compurgadas las sanciones impuestas a Caro por delitos contra la salud, ordenándose su inmediata libertad, pero sin esperar que autoridades locales reencausaran el caso.
En esa fecha no existía solicitud de extradición por Rafael Caro Quintero, por lo que pudo abandonar el penal de Puente Grande durante la madrugada del 9 de agosto siguiente, esperándole dos camionetas suv en el exterior sin que se volviera a conocer de su paradero. El Gobierno de Estados Unidos expresó su desagrado con la libertad del narcotraficante y al día siguiente solicitó la orden de detención provisional con fines de extradición internacional, misma que en horas resolvió a favor el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México.
LA RECAPTURA
En noviembre de 2013, el Departamento de Estado de la Unión Americana puso precio a la cabeza del fugitivo narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero y a través del Programa de Recompensas de Narcóticos ofreció 5 millones de dólares a quien proporcionara información para lograr su arresto. Después, en noviembre de 2020 la recompensa aumentó a 20 millones de dólares. El incremento en el monto se registró a una semana del desistimiento del gobierno estadounidense de los cargos que pesaban en contra del General Salvador Cienfuegos Zepeda en una Corte de Distrito de Nueva York, lo que motivó su liberación y entrega al gobierno mexicano para que le investigara por narcotráfico y lavado de dinero, pesquisas que el militar enfrentó en libertad y a la postre exonerado.
El 15 de julio de 2022, el narcotraficante fue detenido en los límites del poblado de Choix, Sinaloa con el municipio de Guachochi, Chihuahua, por elementos de la Secretaría de Marina. Solitario, caminando en una zona apartada, fue localizado y, tras verse descubierto, se ocultó detrás de unos matorrales. Varios helicópteros de las fuerzas navales participaron en el operativo para detener y trasladar a Caro Quintero al penal de Altiplano. Sin embargo, una de las aeronaves Black Hawk se desplomó cerca de Los Mochis, falleciendo 14 elementos de la Marina. Meses después se dictaminó que el helicóptero se quedó sin combustible.
La aprehensión del capo tenía sustento en una orden de reaprehensión por su ilegal libertad, al discutirse judicialmente si su causa pena correspondía al fuero federal o al fuero común, ante la duda de si el agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, gozaba o no de inmunidad diplomática. Para entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había aclarado que era correcta la competencia del fuero federal y se volvió a imponer una pena de 40 años de prisión contra el ex líder del Cartel de Guadalajara.
El segundo mandamiento, era la referida orden de detención provisional con fines de extradición internacional, a solicitud del Gobierno de Estados Unidos de América para que sea juzgado en ese país, por el mismo Caso Camarena. Desde el penal Altiplano, Rafael y sus abogados lucharon jurídicamente a través de juicios de amparo contra la extradición y, aunque aún no era vencido legalmente, el 27 de febrero de 2025 fue entregado materialmente al gobierno reclamante.
Antes, durante su internamiento, entre 2023 y 2024, Rafael Caro Quintero fue excarcelado en tres ocasiones para ser trasladado al hospital público de Toluca, unas de las veces para chequeos médicos de rutina, y otra, para ser intervenido quirúrgicamente de la próstata.
