Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), exigió, el 10 de febrero de 2025, a cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se abstuvieran, el día 13 del mismo mes y año, de votar el proyecto de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ya que, según argumentó, se habían pronunciado públicamente sobre ello.
Durante una conferencia de prensa, acompañada por sus homólogos, los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, la presidenta de la Sala Superior del TEPJF informó que a las 09:47 del 10 de febrero de 2025, presentó ante la SCJN, el informe que le solicitó Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta del máximo tribunal constitucional.
Publicidad
“En el informe se está pidiendo, se está valorando y solicitando que se excusen de resolver este asunto quienes los integrantes del Pleno de la Suprema Corte, que ya se pronunciaron fuera del orden de la institucionalidad, en medios de comunicación sobre este asunto”, consideró Soto Fregoso.
Asimismo, la presidenta de la Sala Superior del TEPJF indicó que en dicho informe se solicitaba que los ministros Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, y Jorge Mario Pardo Rebolledo, se abstuvieran de participar en la votación del jueves 13 de febrero de 2025, en el pleno de la SCJN.
Publicidad
“Estamos solicitando por parte del Jurídico, del Tribunal Electoral que se excusen de participar el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro Laynez Potisek, la ministra presidenta y el ministro Pardo. ¿Por qué? Porque ellos se han pronunciado abiertamente en contra de esta elección e incluso uno de ellos, en medios de comunicación se autonombró activista”, expresó Soto Fregoso.
A principios de febrero de 2025, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena entregó un proyecto que resolvía distintas solicitudes recibidas por la SCJN, luego de que el TEPJF determinó que los juzgadores federales no tenían facultades para suspender el proceso electoral en el que se elegirían a jueces, magistrados y ministros.
Publicidad
Periodistas cuestionaron a Soto Fregosol porqué no se solicitaba lo mismo para las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf que públicamente habían dado su respaldo al proceso en el que incluso iban a participar.
“Lo estamos solicitando para quienes ha hecho pronunciamientos con los que se han puesto en situación de parte incluso señalando directamente a este Tribunal Electoral, de haber violado la Constitución, y son pronunciamientos en medio, no de una sentencia, es un pronunciamiento previo y abiertamente contra la actuación de este Tribunal”, respondió Soto Fregoso.
La magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF dijo que sería una “tragedia” que el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, quien calificó las sentencias del Tribunal como la mera “opinión de una mayoría” y utilizó palabras como “aberración”, “ambición” para estar por encima del derecho o “subordinación a cuestiones políticas”, fuera el oficial.
“Yo esperaría que no sea el proyecto oficial, porque francamente me parece que no está ad hoc a lo que son los proyectos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque todo el principio, no sé, las primeras 10, 15 hojas es una serie de descalificaciones, no sólo críticas, sino una serie de lamentos en donde se acusa al Tribunal Electoral de haberse excedido en sus facultades, es como una catarsis toda la primera parte del documento que circuló en medios de comunicación”, indicó Soto Fregoso.
“Habla de tragedias y me parece que ahí sí sería una gran tragedia al Estado de derecho el que un proyecto del alto Tribunal fuera en esos términos, en donde parece que se escribe con letras de lágrimas y con mucho dolor”, abundó la presidenta de la Sala Superior del TEPJF.
Por su parte, De la Mata Pizaña agregó que era una respuesta formal de la dirección Jurídica del TEPJF, por lo que “me imagino que es una estrategia de litigio”. Asimismo, consideró que las descalificaciones del proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena “no merecen respuesta”, pero enseguida acusó que sólo mostraban que se trataba de una “cuestión política” y dejaba en duda si “se trata de un proyecto jurídico o político”, ya que, según él, “tanto descalificativo en un proyecto, no es normal”.
El magistrado señaló que las críticas a las decisiones de los juzgadores eran subjetivas, sobre todo cuando no favorecían a una de las partes y se involucraba “a veces el dolor de perder”, por lo que, cuando un reportero le preguntó si veía en la SCJN un dolor por “haber perdido”, respondió que no iba a “jugar al psicólogo” y pidió cuestionárselo a los ministros.
Asimismo, De la Mata Pizaña sostuvo que “no estamos subordinados a nadie” y que podría incluso, enlistar sentencias de la Sala Superior del TEPJF en contra del Gobierno en turno, con las que se había demostrado su independencia.
Soto Fregoso destacó que después de “la maltratada o revolcada” que el ministro intentó darle al TEPJF, terminaba también reconociendo que los jueces de Distrito sí incurrieron en materia electoral y por ello, les ordenaba revisar las suspensiones que emitieron por la vía de amparo, para que no invadieron competencias.
En tanto que el magistrado Fuentes Barrera comentó que si la SCJN interviniera en las sentencias de la Sala Superior del TEPJF que eran definitivas e inatacables, la violación a la Constitución sería clara.
“Añadiría todavía un dato más, ¿se puede meter la Corte decidiendo sobre sentencias del Tribunal Electoral, si estas sentencias son definitivas e inatacables, de acuerdo al artículo 99 constitucional?, ¿Quién estaría violentando el Estado de Derecho? Entonces, me pregunto yo”, expresó el magistrado.
“¿Alguien que pretende revisar las sentencia definitivas e inatacables de un órgano constitucional autónomo que está establecido en la propia Constitución? ¿Pueden hacerlo?””, subrayó Fuentes Barrera.
Soto Frego finalizó insistiendo que las sentencias del TEPJF no eran “poemas, ni llamados a misa”, por lo que recordó que todas las instancias y autoridades estaban obligadas a respetarlas, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que, según ella, no tenía facultades para intervenir en materia electoral.
