José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, dejó abierta la posibilidad, el 12 de febrero de 2025, de que la Cámara Alta del Congreso de la Unión desobedeciera las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el día jueves 13 del mismo mes y año, podría desestimar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que había permitido continuar con la elección judicial.
“La Corte es intrascendente. Se condenó a la intrascendencia al violar la Constitución, al violar la ley, al violar que no procede ningún amparo frente a un proceso electoral”, dijo el también legislador de Morena, quien, sin embargo, se negó a admitir que no hacer caso a las resoluciones del máximo tribunal constitucional fuera a ser un desacato.
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“Yo digo que los ministros facciosos de la Corte no son la Constitución. Yo digo que la Constitución son los artículos que están ahí establecidos y yo los invito a que lean lo que tiene que ver con este proceso porque lo que ustedes están sosteniendo es falso. Nosotros no estamos violando la Constitución. Desconozco cualquier fallo contrario al marco constitucional”, agregó Fernández Noroña.
“La Corte puede decidir que el Sol no salga mañana, claro que lo puede decidir. ¿Y el sol lo va a desacatar, no? Y la Corte puede decir que la ley de gravedad no existe y yo la voy a desacatar al caminar pegado al piso. La Corte tiene que resolver en base al marco constitucional”, insistió el presidente de la Mesa Directiva del Senado.
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Las declaraciones del legislador de Morena se dieron durante el acto protocolario de entrega-recepción de los listados de las candidaturas para el Proceso Electoral Extraordinario, para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, por parte del Senado de la República, al Instituto Nacional Electoral (INE).
El legislador informó que en total eran 3 mil 801 candidatos, en los tres listados elaborados por los comités de selección del Ejecutivo y del Legislativo, pero no por el comité del PJF, cuyos integrantes acataron la suspensión del proceso, debido a los amparos en contra de la reforma por parte de dos jueces, y luego renunciaron, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al senado a suplirlos en la selección.
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Asimismo, Fernández Noroña detalló que Poder Legislativo presentó mil 416 candidatos, mientras que el Ejecutivo postuló a mil 430 aspirantes y el PJF a 955 de éstos. Además, calificó de ejemplar el proceso de selección y desestimó las impugnaciones que, el mismo día, desestimó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el argumento de que ya no habría tiempo de corregir.
“Ningún proceso humano está exento nunca de errores, ustedes quieren descalificar un proceso que fue ejemplar, que fue de cara a la nación, que acreditó su buena fe”, sostuvo el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.
El mismo día, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reiteró que no analizaría controversias constitucionales promovidas en contra de la reforma judicial, que estableció la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros.
La misma instancia de la SCJN aprobó, por unanimidad de votos, los proyectos de la ministra Margarita Ríos Farjat, con los que se declararon infundados dos recursos de reclamación promovidos por los poderes judiciales de Chihuahua y Jalisco, en contra de la decisión del máximo tribunal constitucional, de rechazar sus impugnaciones contra la reforma judicial.
Los presidentes de los poderes judiciales de ambas entidades presentaron las reclamaciones en contra de la decisión del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, de no dar trámite a las controversias constitucionales 307/2024 y 315/2024, con las que se pretendió impugnar la reforma judicial.
En sus acuerdos, el ministro González Alcántara señaló que la reforma de supremacía constitucional ya se encontraba vigente, por lo que las reformas y adiciones a la Carta Magna no podían ser controvertidas a través de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, ni juicios de amparo, por lo que determinó desechar ambas demandas.
Las controversias constitucionales fueron presentadas por Miriam Hernández Acosta, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, y Daniel Espinosa Licón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco, días antes de la publicación de la reforma aprobada para blindar la reforma judicial.
