El 20 de enero el Cabildo del XV Ayuntamiento de Los Cabos aprobó la actualización el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) 2040 que, aseguran, promueve el crecimiento inclusivo y sostenible del municipio; sin embargo, esta modificación conlleva también un retroceso en la lucha por mantener los accesos playa sobre cualquier interés de promoventes de proyectos turísticos.
Lo anterior debido a que representantes populares y ciudadanos organizados denuncian que el nuevo PDU privatiza el viejo camino costero a Cabo del Este, moviendo las rutas de 3.9 kilómetros de entrada al mar hacia zonas más lejanas para la población.
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Todos los regidores del Cabildo de Los Cabos votaron a favor de esta actualización, salvo la regidora de Morena, Petra Juárez, dando voz a esta problemática que se avecinaba para la ciudadanía.
Juárez se manifestó en contra de este “detalle” que ya estaba plasmado en el PDU, un documento al que las personas no tuvieron acceso previo a su votación en Cabildo.
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La regidora recalcó que no hubo transparencia en el proceso, ya que ni siquiera el dictamen final expone las modificaciones que se iban a someter a votación.
Una situación similar sucedió con el PDU de La Paz, cuando rancheros y ejidatarios denunciaron opacidad por parte de la administración de la alcaldesa, Milena Quiroga Romero, ya que no se pudo conocer el contenido del documento antes de que se presentara el dictamen en Cabildo.
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“Yo creo que es importante que la ciudadanía sepa y que haya transparencia, y que sepa realmente cuáles son los cambios que se hicieron; yo lo comentaba en las reuniones y en el dictamen no se especifica realmente. Ni nosotros, como regidores, lo tenemos claro”, dijo Petra Juárez en una primera intervención.
“Hice llegar un oficio a la Comisión y hasta la fecha no se me ha contestado, pero sí me gustaría solicitar que se modifique el dictamen del punto de acuerdo de la tercera actualización del PDU 2040, de tal forma que se especifique dentro del dictamen que el camino costero viejo de Cabo del Este y el rincón Cabo Pulmo-San José del Cabo se mantiene”, compartió.
En una segunda participación en la sesión pública, la regidora solicitó, con base en el artículo 139 del Reglamento Interno del Ayuntamiento de Los Cabos, que se llevara a votación la modificación del dictamen de la tercera actualización del PDU para que el camino costero de cabo del este se mantenga vigente y no se clasifique en “desuso”.
Ante esta solicitud, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, preguntó al regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Planeación, Ecología y Medio Ambiente, Jesús Alberto Alvarado Aramburo, si aceptaba la modificación propuesta por Petra Juárez.
La demanda de la regidora fue descartada de inmediato por Alvarado Aramburo, expresando que era una decisión consensuada por los integrantes de la Comisión, por lo que no creyeron conveniente que se modificara el dictamen.
Al escuchar la respuesta, el alcalde reiteró que el punto de acuerdo del PDU se mantendría sin cambios, por lo que unos minutos después se aprobó tal cual se presentó ante Cabildo.
Jesús Alberto Alvarado Aramburo insistió en que es una herramienta que representa los sueños, aspiraciones y metas de quienes habitan Los Cabos, y que será usado de manera justa y orientada al bien común.
“Hoy es un día trascendental para nuestro municipio, un día que marca el compromiso firme de esta administración por el desarrollo ordenado y sustentable en nuestro territorio. Nos encontramos reunidos para dar un paso firme en el rumbo de nuestro desarrollo, contemplando un Plan de Desarrollo Urbano que no sólo corresponde a las necesidades actuales, sino que también proyecta un futuro más ordenado, inclusivo y sustentable para las próximas generaciones”, expresó.
Por su parte, Christian Agúndez cerró la sesión pública asegurando que este PDU no resultado de un interés en particular, sino que también tiene la intención de colaborar con la Presidenta Claudia Sheinbaum, y no obstruir con el Programa Nacional de Vivienda que ha proyectado para su sexenio.
En contraste, representantes populares como la senadora de Morena, Lucía Trasviña, y el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Cota Cárdenas, se manifestaron en contra de que se marque como en “desuso” este trayecto histórico que conecta con las playas de Los Cabos en el Golfo de California.
Desde el Senado, Lucía Trasviña reiteró la importancia de que se garantice que la ciudadanía pueda contar con este camino.
Por otra parte, Manuel Cota señaló que se pretende pasar por encima de las y los cabeños con un “plumazo” y que el Cabildo de Los Cabos debe reconsiderar.
LA CIUDADANÍA SE MOVILIZA
Esta decisión provocó el descontento inmediato de la ciudadanía en Los Cabos, que a través de redes sociales activó mecanismos de organización a través de un movimiento denominado “Unidos por Nuestras Costas”.
En un primer ejercicio, iniciaron con la recolección de firmas por medio de diversos módulos que se han instalado en espacios, como lo fue el Informe de 100 de Días de Gobierno de Christian Agúndez.
La intervención pública con la que el alcalde de Los Cabos pretendía enaltecer sus primeros tres meses al frente del Ayuntamiento, se convirtió en el escenario ideal para medir el termómetro de la inconformidad social ante su gestión.
Mientras Christian Agúndez recalcaba que su mandato se traduce en un Gobierno Eficaz para Los Cabos, un grupo de protestantes interrumpía su informe gritando: “¡La patria no se vende!”.
Y es que el tema es tal preocupación y descontento social que llegó hasta la mañanera de la presidenta, Claudia Sheinbaum, quien advirtió que pediría al gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío que revisara esta denuncia.
Por ello, previo a iniciar con el recuento de los avances de sus primeros 100 días de mandato, Agúndez Gómez tomó el micrófono para hablar sobre la privatización del camino costero, asegurando que se hará lo que el pueblo mande.
“Después de revisar muchos documentos, de poder analizar muchísimas cosas, se llegó a la conclusión de varios razonamientos. Por ahí, si llegaron a revisar algo de información, muchos de los cuestionamientos eran verdad”, admitió.
“Desde hace muchísimo tiempo, cuatro desarrollos estaban aprobados desde 2016-2017. Esa permuta que se realizó de un tramo por otro, es un tramo, no todo el camino costero; algunas otras denuncias o juicios que se tienen desafortunadamente”, comentó.
El presidente municipal subrayó que han tratado de acordar los accesos al mar, precisando que, aparte de las 12 playas que se tienen registradas en el PDU, todavía se procuran seis más.
“Nadie en su sano juicio vendería un camino público, nadie en su sano juicio vendería playas. Aquí se los digo, se va a hacer lo que el pueblo quiere”, añadió.
No obstante, Agúndez Gómez aprovechó el espacio de su informe para acusar que hay personas que han intentado sacar raja política.
“A pesar de que varios representantes populares, ni Manuel, ni la senadora, ni nadie más que quiera ser presidente o presidenta de Los Cabos o alguna otra aspiración que se tenga, ninguno va a decidir lo que pase en el municipio de Los Cabos sino el propio pueblo; el pueblo es quien va a decidir”, declaró.
Cabe recordar que, previo a la intervención de Claudia Sheinbaum y el informe de Christian Agúndez, el Ayuntamiento de Los Cabos emitió un comunicado de prensa en el defendió la decisión del Cabildo.
Las autoridades municipales argumentaron que, por mandato de un juez federal, el Ayuntamiento de Los Cabos y el Instituto Municipal de Planeación (Implan) se vieron obligados a respetar los títulos de propiedad de los desarrolladores sobre 3.9 kilómetros del camino costero de Cabo del Este.
“El acceso a las playas en este tramo de los 94 kilómetros que comprende el camino costero, sigue plenamente garantizado para todas y todos, asegurando que la ciudadanía pueda continuar disfrutando de estos espacios conforme a la normatividad vigente”, insistieron en el boletín.
SE TIENE QUE REVERTIR: GOBERNADOR
En la mañanera del 29 de enero, la Presidenta Claudia Sheinbaum, fue notificada y cuestionada sobre este asunto en Los Cabos.
La mandataria respondió que pediría la intervención del gobernador de Baja California Sur para revisar la situación.
Luego de no pronunciarse durante más de una semana sobre el “desuso” de los 3.9 kilómetros del camino costero de Cabo del Este, Castro Cosío manifestó que esta determinación del Cabildo de Los Cabos debía revertirse.
El gobernador subrayó que mientras esté en sus manos, nunca se aprobará nada que vaya en contra de los sudcalifornianos, confirmando que la misma Presidenta había hablado directamente con él sobre la preocupación de la ciudadanía.
“Ya hablé con el alcalde y no tenemos por qué modificar nada que esté en contra de la ciudadanía. Todo con el apego a la ley, que no haya nada… ya saben ustedes a mí en esa parte que a mí me corresponde más que ver los dictámenes y si pasa por el Gobierno del Estado y puede haber alguna afectación, bajo ninguna circunstancia lo vamos a permitir”, aseguró.
Recordando que para que el PDU entre en vigor debe ser publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, Castro Cosío sostuvo que no autorizará nada que afecte a la sociedad cabeña y que primero están los intereses de la comunidad que las intenciones y necesidades de quienes promueven proyectos inmobiliarios o de cualquier otro tipo.
“Primero son las y los sudcalifornianos antes que los intereses privatizadores de cualquier tipo; en mi tiempo no se va a dar eso, es mi compromiso”, dijo.
“No tengo más que cumplirle a la gente y a la sociedad. Si los cabeños van a ser afectados, yo voy a ser el primero en decir: ‘no va’ si está en manos legalmente del Gobierno del Estado”, afirmó.
