Un megafraude inmobiliario ocurre en Los Cabos donde estarían involucrados servidores públicos del Ayuntamiento y del estado, con afectaciones a ciudadanos mexicanos y estadounidenses.
El botín son 23 de 35 villas construidas en el desarrollo Villas Cabo Hills, en un predio de 5-19-72 hectáreas ubicado en el kilómetro 3+500 de la carretera transpeninsular, tramo Cabo San Lucas-Todos Santos, en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos. Entre los denunciados resalta Emilio Costich López, actual coordinador de Obras Públicas en Cabo San Lucas y sus allegados.
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El origen es un laudo laboral promovido por al menos cinco trabajadores, quienes demandaron a sus empleadores Inmobiliaria Oasis del Cabo S.A. de C.V., desarrolladora de Villas Cabo Hillis, bajo el Expediente No. I-048/994, por el despido injustificado en 1994, haciendo valer su derecho a las prestaciones, como: indemnización de tres meses de salario, 20 días por cada año de servicios prestados, prima de antigüedad, aguinaldo de vacaciones, prima vacacional y horas extra.
El 10 de octubre de 1996, la Junta Especial número Tres de la Local de Arbitraje en el Estado decretó el embargo precautorio del bien inmueble para pagar el laudo con los trabajadores despedidos por un monto total de 28 mil 522.68 pesos.
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Es así que dando cumplimiento a los autos del expediente I-048/1994, el 21 de octubre de ese año (1996) embargaron el lote y construcción 1 y/o Villa 1, ubicado en el acceso al predio. Así dio fe el apoderado legal de la empresa, Gustavo Costich López. Inmobiliaria Oasis del Cabo S.A. de C.V.
“Se encuentra registrado en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de San José del Cabo B.C.S, en el registro número 24 bis volumen 66, de escrituras públicas a fojas 138 y conocido como fracción B del lote H del plano oficial de Cabo San Lucas B.C.S.”, refiere textualmente en foja 118 a 120 del expediente laboral I-048/1994.
Para dar total cumplimiento al laudo, días después se solicitó la intervención del perito valuador Hugo Daniel Islas Carpizo, para valuar el “lote urbano y construcción residencial el lote (1) es fracción de la fracción B1 del lote H del predio Cabo San Lucas, denominado Brisas del Pacifico, ubicado sobre el tramo Cabo San Lucas – Todo Santos, en km 3 + 500 lado norte, concluyendo en su dictamen que el bien inmueble con todo y construcción al caso resulta un valor de capitalización de $504,000.00”, se lee.
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En ese entonces se determinó que el embargo sería únicamente para la Villa 1, de 207.00 m2, localizada en el acceso del predio del conjunto residencial Villas Cabo Hills; que éste a su vez comprende en su totalidad 51 mil 972.00 m2 y/o 35 villas.
El 22 de febrero de 1999, la autoridad laboral subastó el bien inmueble embargado, la Villa 1, y aún sin presencia del representante de la Inmobiliaria Oasis del Cabo, hubo un sólo postor en la subasta; ahí apareció sospechosamente Emilio Costich López, hermano del representante legal de la empresa y único licitante. Automáticamente se adjudicó la Villa 1, el inmueble embargado y subastado por la autoridad laboral.
Emilio Costich intentó supuestamente escriturar el bien adquirido para mayo del 2001, incluso trató ante la Junta Especial número Tres de la Local de Arbitraje, de poseer todo el predio y no únicamente el lote que le correspondía, exigiendo que ordenara a diferentes instancias municipales una clave catastral y otros documentos que le favorecieran el embargo, pero no fue así.
La autoridad laboral le respondió: “No ha lugar a acordar de conformidad a lo solicitado, toda vez que se está solicitando la planificación y urbanización de todo el predio y no del bien inmueble rematado”.
NUEVA JUGADA DE COSTICH
Ahí no terminó el asunto, pues en 2011 Emilio Costich acudió ante la Junta Local y cedió los derechos litigiosos a favor de Margarita Olvera Luvinoff, quien casualmente sostiene una relación sentimental con su hermano Gustavo Costich López, y también fungió como apoderado legal de la empresa Inmobiliaria Oasis del Cabo, a la cual le fue embargada la Villa 1 que traspasó el funcionario de Obras Públicas.
Para 2019, Ingeniería y Proyectos Jadi Inmobiliaria, S.A. de C.V., adquirió el resto de las Villas, dejando de lado por obvias razones el lote 1 y/o Villa 1, por estar en un proceso de embargo y contar con un dueño; los Costich a través de Olvera Luvinoff. Cabe destacar que algunas Villas ya tenían propietarios, mexicanos y estadounidenses.
En una nueva jugada, Margarita Olvera presentó escrito de fecha 4 de junio del 2021 en el expediente I-005/2012 antes 48/94, seguido ahora ante la Junta Especial número seis de Conciliación y Arbitraje, donde pidió que se le reconozca como propietaria del bien embargado, pero aquí cambió la estrategia y le dijo a la autoridad laboral lo siguiente:
“En un inmueble con una superficie de 5-19-72 hectáreas, Clave Catastral 402-001-0524, (sic) se construyeron por parte de la Empresa INMOBILIARIA del Cabo, S.A. DE C.V., una serie de aproximadamente 23 Villas dedicadas a Casa Habitación, mismas que se edificaron en el predio antes descrito”.
Continúa en su escrito: “Derivado del Juicio Laboral al rubro citado, mediante el cual se demandó al dueño del inmueble descrito en el párrafo inmediato anterior, se embargó de manera definitiva la Villa número l que se encontraba edificada en la extensión superficial antes descrita, (5-19-72 hectáreas, Clave Catastral 402-001-0524,), misma que fue rematada en Segunda Almoneda y adjudicada a la persona que compareció como postor el C. ING. EMILIO COSTICH LÓPEZ”.
Mediante juicio de amparo promovido por Margarita, ante el Juzgado Tercero de Distrito con Residencia en Baja California Sur y bajo el expediente 922/2021, sospechosamente falla a su favor, y ordena pasando por alto el laudo laboral, que adjudique del inmueble completo de más de cinco hectáreas.
Y supuestamente cumpliendo la sentencia, el Auxiliar Jesús Salvador Talamantes Amador en ausencia del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dictó un nuevo acuerdo de fecha 3 de noviembre de 2022, que dice así:
“Deje sin efectos la cancelación del embargo del inmueble practicado en el juicio laboral expediente de origen I-048/1994 y actualmente I-005/2012, del índice de esta junta Especial Número seis de la Local de conciliación y arbitraje del Estado. Y de manera inmediata inscriba el oficio 057/2003, del 17 de febrero de 2003, respecto del inmueble con número de registro 24 bis, volumen 66, de escrituras públicas a fojas 138, debiendo considerar en la inscripción que dicho inmueble ha sido rematado y adjudicado en el juicio laboral de referencia en favor de la C. la C. MARGARITA OLVERA LUVINOFF”.
De esta manera y sin autoridad jurídica, el Auxiliar (que sigue operando en la Junta) ordenó que el “embargo practicado sobre dicho inmueble, deberá ser trasladado o inscrito a todos los actos jurídicos, administrativos o de cualquier otra índole que se hubiesen efectuado con posterioridad al embargo”.
Esto generó severas confusiones legaloides, al intentar una villa la actual propietaria del restante de las villas, la empresa Ingeniería y Proyectos Jadi Inmobiliaria fue notificada que no podía vender una de las propiedades, ya que se encontraba en un litigio laboral, quedando embargados bienes inmuebles que no formaban parte del procedimiento de ejecución laboral.
Fue entonces cuando Ingeniería y Proyectos Jadi Inmobiliaria, demandó a Margarita Olvera Luvinoff, y codemandó a Emilio Costich López, actual coordinador de Obras Públicas en Cabo San Lucas del Ayuntamiento de Los Cabos.
El acuerdo, de fecha 3 de noviembre de 2022, extendió el embargo a bienes inmuebles ajenos al proceso laboral y mucho menos era el bien adjudicado; la orden del Auxiliar de trasladar el embargo y su consecuente inscripción fue, “arbitraria, sin justificación, sin fundamento legal alguno”, explicaron a ZETA.
Por último, la empresa afectada, Jadi Inmobiliaria, presentó un recurso de revisión, en el cual el presidente de la Junta reconoce que hubo un error, por lo que pide se dejen sin efecto el acuerdo de fecha 3 de noviembre de 2022 y otro del 15 de diciembre del 2022; este nuevo resolutivo del 25 de septiembre de 2023, ordena la cancelación de los embargos y aclara que el procedimiento de embargo debió ser únicamente en la Villa 1 y no el predio completo.
Margarita Olvera Luvinoff fue denunciada ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común y Federal por la presunción del delito de fraude y falsedad en su declaración.
PRIVATIZAN CALLE NORTE EN LA PAZ
“Esto lo hicieron en oscurito, esto es propiedad del pueblo, es una calle”, denunció Miguel Hernández, miembro del Comité de Defensa Popular de Colina del Sol y Barrio El Esterito tras el intento de privatizar la calle Norte para un exclusivo y lujoso conjunto departamental de 11 pisos con la venia de funcionarios públicos del Ayuntamiento y Cabildo del municipio de La Paz.
Es la denuncia de los habitantes de las colonias Colina del Sol y Barrio El Esterito, que se ven amenazados por un particular al que los funcionarios públicos le entregaron los derechos para apoderarse de la avenida pública.
“Estamos luchando contra la privatización de la calle Norte que el Cabildo de La Paz aprobó el 29 de febrero del año pasado; este año, este 29 de febrero se va a cumplir un año de eso y queremos que se dé marcha atrás. Para nosotros es algo que nos pone en alerta y que nos pone a la defensiva, porque da la casualidad que la calle Norte es el único acceso que tenemos y que tendríamos en caso de una emergencia, una inundación, por ejemplo, cuando hay huracanes”, señaló Miguel Hernández.
Aseguran vecinos y miembros del Comité, que el Ayuntamiento de La Paz el pasado 29 de febrero del 2024, de un plumazo, el Cabildo de La Paz aprobó la entrega de la calle Norte a un particular para que desarrollen un conjunto departamental de hasta 11 pisos, usando la calle Norte como un acceso exclusivo.
Todo comenzó en 2021, cuando se enteraron que un particular quería apoderarse de la calle, y tras ver la construcción de una barda, vecinos metieron un amparo ante un juez federal para frenar, ya que es una calle. En ese momento el juez les dio la razón y frenó todo, hasta la llegada de Milena Quiroga al Ayuntamiento, quien de la mano del Cabildo otorgaron todos los permisos.
“El Ayuntamiento dice que no existe, y que por eso se la se la dieron a los desarrolladores de arriba, a la nieta de Forcada; y en realidad sí existe, es una calle histórica en los planos antiguos de la ciudad de La Paz ya existe la calle Norte. Esta calle Norte se trazó desde que estaba el primer presidente municipal de La Paz, el señor Ojeda. Ahorita vamos a ver cómo a la entrada de la calle Norte por la calle Altamirano están las banquetas construidas, sí existe; y si cruzamos la Altamirano hasta donde se ve el cerro que está allá, hasta allá continúa la calle Norte, sí existe la calle Norte”, dijo don Miguel.
Los vecinos, algunos con más de 40 años viviendo en la colonia, aseguraron que no fueron tomados en cuenta, ni siquiera fueron consultados para saber si la calle funcionaba o no.
Además, señalaron que uno de los graves problemas sería también el agua potable y el drenaje, ya que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPA) La Paz pretende retirar la tubería de servicio para dirigirla exclusivamente a estos departamentos, y ellos serían abastecidos de una línea de servicio obsoleta y sobreexplotada, lo cual los dejaría sin agua y con problemas de derrames de aguas negras.
“En una última reunión que tuvimos con ella, aproximadamente fue como el 19 de diciembre, con la señora presidenta municipal y gran parte de sus colaboradores, reconocieron que sí existía. Lo que pasa que no la habían digitalizado y reconocieron que había sido un error haberla privatizado. Entonces decíamos, ‘bueno, si hay voluntad y reconocer que hay un error, si hay voluntad se puede corregir’, así quedamos hasta ahí. Ahora ¿lo irán a hacer, irán a corregir ese error? En eso estamos”, lanzó Miguel Hernández.
El Ayuntamiento de La Paz va a priorizar al lujoso conjunto departamental de 11 pisos, y el particular se quiere apropiar de 15 metros de la calle, dejando sólo cinco metros e invadiendo la propiedad de los vecinos; por lo que dijeron que no se van a dejar, ya que además de quitarles la calle, los van a dejar sin agua y con problemas graves de aguas negras.
