Uno de los primeros eventos públicos que realizó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda como parte de su agenda política y mediática como máxima autoridad de Baja California, fue en las instalaciones del Centro Misión San Carlos, que era un centro de atención para jóvenes en riesgo, donde signaron un acuerdo de reconocimiento en cual el Ayuntamiento de Mexicali cedería sus instalaciones para que pasaran al Instituto de las Adicciones de Baja California.
Flanqueada por el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas y la presidenta municipal Norma Alicia Bustamante Martínez, en el evento, Marina se comprometió a realizar trabajo en favor de jóvenes en riesgo. Sin embargo, durante los meses siguientes se enfrentaron a una serie de procesos engorrosos y entrega de recursos para las personas que fueron liquidadas de sus funciones.
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Más de tres años después de esa medida, Medina Amarillas reconoce una realidad contundente en torno al combate a las adicciones: “Hubo una intención de la administración previa; querían cerrar todas las farmacias del Doctor Simi y los centros de rehabilitación, no podemos hacer eso en Baja California. Sí alguien ha dado la cara, mal o bien, o ha hecho algo por ayudar a las personas con adicciones, son los centros de rehabilitación; nos han ayudado mucho, el Gobierno de México no cuenta con la infraestructura suficiente para decir ‘Ciérrelos, que yo los voy a atender’”.
Según una petición de Acceso a la Información realizada a la Secretaría de Salud, el Estado de Baja California cuenta con 224 centros de rehabilitación con licencia de funcionamiento, pero de acuerdo a declaraciones del funcionario, se tienen documentados alrededor de 500 en todo BC; la mitad sin ningún tipo de regulación.
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En medio de la crisis política (o politizada) creada a raíz del consumo de fentanilo en Estados Unidos y la exigencia del gobierno de Donald Trump para detener el flujo de enervantes, el Gobierno de México ha sostenido un discurso fluctuante desde una perspectiva de la ignorancia, pues previo a la presión internacional, no había política pública para combatir el consumo y tráfico de fentanilo. Es más, podemos decir que no existe -al menos en Baja California- una política integral que pretenda evitar, reducir el impacto y rehabilitar a los consumidores de enervantes.
Tan es así que actualmente la visión gubernamental es la atención especial al tema del fentanilo, cuando en BC, la metanfetamina sigue ocupando el primer lugar de forma inamovible en los registros gubernamentales, ya que el 40 por ciento de los internos de centros de rehabilitación son consumidores de cristal, mientras que de fentanilo alcanza el 10%. Sin embargo, apenas un año atrás, el opioide apenas registraba el 2% de los casos.
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10 MIL FARMACODEPENDIENTES EN BC
El 2% de la población en general ha tenido un contacto y consumo con cualquier tipo de drogas ilegales, desde marihuana hasta heroína. Sin embargo, no todos desarrollan una adicción.
De hecho, un total de 10 mil personas se encuentran recibiendo atención dentro de los centros de rehabilitación de Baja California, según cifras oficiales.
Lo anterior es el análisis general del Observatorio Estatal sobre las Adicciones que se realiza a personas de 18 a 65 años de edad, el cual tiene como objetivo conocer la relación de la población con todo tipo de estupefacientes, desde alcohol hasta el consumo ilegal.
Según el titular del Instituto de Psiquiatría de Baja California (IPBC), Víctor Salvador Rico, el 80% de la población ha consumido alcohol, pero no todos desarrollan dependencia.
Lo mismo ocurre con el consumo de enervantes, que alcanza el 2% en la población en general. Sin embargo, la metanfetamina sigue encabezando las encuestas y los resultados que pueden observarse en los centros de rehabilitación de Baja California, donde el propio funcionario asevera que si bien hay 288 centros detectados por el IPBC, menos de 200 cumplen con todos los requisitos para operar, pues la mayoría tiene problemas de hacinamiento, carecen de un programa para combatir las adicciones, entre otros factores.
“En las escuelas hacemos otra, en secundarias y preparatorias, los adolescentes han tenido contacto hasta 40 por ciento con el alcohol, tabaco; y un 2 por ciento con alguna droga de forma ilegal”, describió Rico.
Respecto a drogas como la cocaína, se ha reducido su consumo de manera importante, pues apenas se documenta un 5%, lo cual quiere decir que el fentanilo ya superó a la mayoría de las drogas. Consideró que el opioide que ha causado miles de muertes en Estados Unidos, ha sido mezclado con la metanfetamina para trasladar el consumo de uno a otro enervante; o bien, para volverla más adictiva.
Uno de los principales problemas de las adicciones, es que de cada 10 farmacodependientes, sólo uno logra salir de las adicciones sin recaer, mientras que el promedio es que sufran siete recaídas antes de considerarse personas libres de consumo.
CENTROS IRREGULARES
El director del IPBC advirtió a la ciudadanía que no hay evidencia comprobada que establezca que un costoso centro de rehabilitación de hasta 200 mil pesos mensuales, sea más efectivo que uno austero, todo depende de cómo se ajustan los tratamientos a cada persona.
“Los programas son muy diversos, hay más de 150 tipos de tratamiento para las adicciones, quiere decir que tampoco hay ninguno, sí tú te enfermas del apéndice, lo único es que se opera, si te enfermas de las adicciones, hay por lo menos 150 maneras de abordar, y de esas 150 no se ha visto una que sea totalmente específica, hasta con caballos, han atendido, pero a otros no les funciona. Debe ser muy a la medida, cada centro enseña su propio programa, pero debe tener un programa y basarse en evidencia”, refirió el funcionario.
No quiere decir que se deba brindar libertad absoluta de operación a los centros, pues muchos de éstos carecen de lo mínimo indispensable para operar.
Dos episodios han acaparado la atención de la atención del problema de las adicciones en la entidad. El primero ocurrió en Tijuana, cuando la conocida Patrulla Espiritual del centro cristiano Jireh, fue exhibida patrullando las calles con estrobos, como sí se tratara de una unidad oficial de seguridad, lo cual representa una violación al Código Penal, por lo que fueron detenidos por agentes preventivos cuando los vieron pasarse un alto.
Días después, la misma Patrulla Espiritual, que se hizo famosa por levantar contra su voluntad a supuestos consumidores -aunque no en todos los casos se pudo establecer que era así- para internarlos en sus centros cristianos.
Para empeorar el escenario, el secretario del Bienestar, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán, se reunió con Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como El Chiquilín, para anunciar becas para internar a sus familiares en dicho centro, por cuenta de la dependencia.
Jáuregui Santillán reconoció ante medios de comunicación que la organización Jireh cumplía con todos los requisitos como Asociación Civil para reconocer apoyos. Sin embargo, el secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, criticó el trabajo de ese centro y anunció que impediría que extiendan sus operaciones a Mexicali, además de emprender acciones administrativas y legales contra de estos centros que operan sin licencia de funcionamiento y carecen de cualquier tipo respaldo científico para atender adicciones.
De hecho, la certificación del Chiquilín no es para el tratamiento de las adicciones, sino una para ser tallerista, avalada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), no así por la Secretaría de Salud.
Hace una semana, el Poder Ejecutivo anunció la suspensión de estos inmuebles debido a que tenían hacinamiento, no contaban con personal capacitado ni un programa sustentado para atender adicciones.
El segundo caso ocurrió a raíz de un hallazgo realizado por el IPBC sobre un posible episodio de violencia al interior de un CIDA en el Ejido Cuernavaca, en Mexicali. Autoridades administrativas notificaron del riesgo y la Fiscalía General del Estado (FGE) montó un operativo en el que liberó a cientos de personas, bajo el argumento de que todos estaban privados de su libertad y, sí no deseaban estar recluidos, podían tomar sus cosas y retirarse.
El operativo, a cargo del fiscal regional Efrén Ruiz Romo, terminó en fracaso, pues no se pudieron establecer responsables de violencia al interior, al grado que no hubo detenidos. Pero liberó a personas sin establecer criterio alguno para entregarlos a sus familiares, toda vez que se trata de pacientes e incluso consumidores aún sin concluir un proceso de rehabilitación.
Uno de los centros que cumple con todas las capacitaciones, cursos y certificaciones a nivel nacional en Mexicali, es CIAAD de Cananea, con varias instalaciones a lo largo de la región, una de éstas, dirigida por José Antonio Hernández Silva y Adán Pérez Arvizu, quienes fueron consumidores y ahora dedican su vida a atender a personas que cayeron en el problema de las adicciones.
Ellos mismos reconocen que el consumo de adicciones debe ser un tema sumamente especializado y por ello decidieron trabajar con agrupaciones y organismos para certificar sus procesos, instalaciones y medidas.
CIAAD de Cananea es un centro mixto en el que se brinda atención de ayuda mutua, pero también cuenta con medidas profesionales para la atención, como médicos, psiquiatras, psicólogos, áreas de dormitorios, comunes y recreativas.
“Para internar a una persona debe revisarlo el doctor, es un tratamiento residencial. El de Ayuda Mutua no puede tenerlo más que de manera voluntaria, nosotros lo evaluamos, son varios puntos que tenemos que cumplir para tener a una persona de manera involuntaria. Y todo es aprendido metiéndolo de lleno al CONASAMA (Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones)”.
Para ello se cuenta con un extenso protocolo que se aplica desde el momento que llega una persona, ya sea de manera voluntaria o forzosa ante su situación de salud. Deben revisar sí se encuentra intoxicado o con heridas y características específicas que motivan una atención especial.
“Si es una persona desintoxicada, sí, pero si es involuntaria debe revisarla el doctor.
Como nosotros trabajamos consejería en adicciones, una persona que está internada que es voluntario y se certifica como consejero en adicciones y él hace el acompañamiento, entonces, en el lapso del acompañamiento, cuando hace sus entrevistas, el usuario cambia de etapas de cambio, también dándole tareas; cuando llega el momento, cambia a ser voluntario”, refirió José, quien asegura, llevan un proceso de 90 días de preparación para que la persona adquiera las armas suficientes para evitar el consumo al salir de inmueble.
Por su parte, Adán afirmó que lo complicado no está durante el proceso de desintoxicación y primera atención, sino cuando salen del centro y se enfrentan a la vida diaria, pues en su entorno continúan los precursores para que la persona pueda recaer, por lo que deben definir un plan de trabajo de acompañamiento y visualización de riesgos, además de buscar actividades que los mantengan alejados de su antigua realidad.
Uno de los riesgos que analizan sobre los centros de rehabilitación que carecen de certificaciones, es que puedan cometerse medidas que no están avaladas o que atentan contra los Derechos Humanos y la dignidad de las personas. El otro riesgo es la criminalización de las personas que salen del internamiento.
Los inmuebles que no están regulados también pueden ser utilizados por grupos delictivos para el resguardo de personas buscadas por la justicia, incluso que el internamiento no sea necesario para una persona, pues han detectado casos de individuos que por consumir en una ocasión. los ingresan como una medida punitiva, cuando bien pudo aplicarse algún otro ejercicio.
ZETA solicitó a la Fiscalía General del Estado información sobre los trabajos que realizan al interior de centros de rehabilitación para revisar posibles actos delictivos, sin que hasta el cierre de edición, jueves 6 de febrero, hubiera respuesta. Sin embargo, el último operativo que se pudo identificar en Mexicali se realizó en 2017.
