La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), informó, el 6 de febrero de 2025, que solicitó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el desafuero de Cuauhtémoc Blanco Bravo -gobernador morelense, desde el 1 de octubre de 2018 al 31 de agosto de 2024-, acusado del delito de violación en grado de tentativa, presentada por su media hermana, Nidia Fabiola “N”.
Uriel Carmona Gándara, titular de la institución de procuración de justicia estatal confirmó la solicitud de desafuero del actual diputado federal por el grupo legislativo de Morena -desde el 1 de septiembre de 2024-, ya que este sería un requisito constitucional para que el Ministerio Público pudiera “proceder” penalmente.
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“Acá en la Fiscalía de Morelos recibimos una denuncia por un delito grave, que es un delito sexual, de violación en grado de tentativa, que presentó la media hermana de Cuauhtémoc Blanco. Ha presentado pruebas, asistida por sus abogados […] y durante los últimos meses se ha integrado esta carpeta de investigación”, explicó Carmona Gándara.
“Y, hoy por hoy, dar a conocer que la Fiscalía de Morelos haya presentado ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la solicitud de desafuero en contra del ex gobernador Cuauhtémoc Blanco, como probable responsable de este delito”, señaló el titular de la institución de procuración de justicia estatal.
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El ex gobernador fue acusado por su media hermana de intento de violación, delito que supuestamente habría ocurrido en diciembre de 2023, en la Residencia Oficial del estado. La mujer también denunció al legislador federal por amenazas y hostigamiento laboral, cuando laboró en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo de Morelos, durante la Administración de Blanco Bravo.
En entrevista radiofónica, con la periodista Azucena Uresti Mireles, el titular de la institución de procuración de justicia estatal explicó que, sólo si el ex gobernador era desaforado, las investigaciones ministeriales de la Fiscalía morelense podrían continuar.
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“Eso es algo [solicitud de desafuero] que se presentó hoy, ya se enviaron las comunicaciones oficiales, donde se solicita que con motivo de esta denuncia, de este delito, se le practique, se le aplique el procedimiento constitucional al ex gobernador, para que pueda responder ante el juez penal, acá en Morelos”, dijo Carmona Gándara, quien confió en que dicha solicitud no repercutiera en alguna represalia “a nivel político” en su contra, del Ministerio Público que lleva el caso, o para la Fiscalía estatal.
Por su parte, el presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Hugo Eric Flores Cervantes, garantizó que la solicitud de desafuero promovida por la Fiscalía morelense contra el ex gobernador, sería desahogada de forma imparcial y habría garantías de debido proceso, pero sería la autoridad ministerial la que debería probar las acusaciones.
“Va a haber un debido proceso, se tienen que cumplir requisitos procedimentales, pues si lo hacen bien, insisto, nosotros sólo somos un trámite, ahí quien tendrá que probar responsabilidades no es la Cámara de Diputados, ésta sólo da oportunidad a que se investigue, no tengo más que asegurar que aquí en la Cámara para cualquier diputado, para cualquier legislador o cualquier funcionario público que tiene fuero, nosotros garantizamos debido proceso. Acá no somos fiscalía, no somos Ministerio Público”, añadió Flores Cervantes.
El también morelense y ex presidente del Partido Encuentro Social (PES) -mismo que llevó a Blanco Bravo a la gubernatura, pero después rompió con él-, prefirió no profundizar en las acusaciones contra el ahora diputado federal, para no quedar impedido para resolver el caso.
“Son públicos los desacuerdos que tuve con él, no me quiero inhabilitar” agregó el legislador, cuya comisión tendría la responsabilidad de dar entrada o no a la petición de la Fiscalía General del Estado de Morelos, para su análisis.
Flores Cervantes dijo que una vez que la institución de procuración de justicia estatal ratificara la solicitud, en la Secretaría General Mayor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el asunto sería turnado a la Comisión que él encabezaba, y, de ser el caso, sería convocada la Sección Instructora, responsable de desarrollar parte del procedimiento de desafuero, como realizar diligencias para que el Pleno de San Lázaro vote respecto a la procedencia del mismo o lo contrario.
Por su parte, el mismo día, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal Ávila enfatizó que había motivos políticos en la acusación contra Blanco Bravo, aunque después matizó sus declaraciones.
”Ninguna de las partes que están en este momento en este litigio merece que se le descalifique. Morena apoya la ley y la justicia siempre y no adelanto vísperas porque entiendo bien los motivos que existen a veces de carácter político y a veces de carácter tergiversado” sostuvo el político zacatecano.
“Yo no prejuzgo, no, no lo hago y tampoco voy a, ninguna de las partes que están en este momento en este litigio merece que se le descalifique. No lo voy a hacer, lo que le puedo asegurar es que el grupo mayoritario actuará conforme a la ley y conforme a la justicia”, insistió Monreal Ávila.
El 6 de febrero de 2025, luego que la Fiscalía morelense anunció que procedería contra el ex gobernador Blanco Bravo, el Congreso de dicha entidad, con mayoría de Morena, sesionaría para votar la destitución de Carmona Gándara.
El Poder Ejecutivo estatal -encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia- envió un oficio al Congreso local para pedir la separación definitiva del titular de la FGEM.
El coordinador del grupo legislativo de Morena en el Congreso local, Rafael Reyes Reyes, anunció que estaban listos para modificar la Ley Orgánica para reducir el periodo de funciones del titular de la Fiscalía estatal.
“Estoy plenamente convencido que a la llegada de un nuevo gobernador, pues evidentemente se tendrían que nuevamente modificar las reglas del juego para que no haya un Fiscal que no camine más allá de la independencia […] Hoy estamos nosotros listos para hacer las modificaciones a la ley orgánica de la Fiscalía, sin lugar a dudas”, comentó Reyes Reyes, durante una conferencia de prensa.
El diputado de Morena indicó que la próxima semana se citaría a Carmona Gándara, para que compareciera ante el Congreso local, como estaba planeado desde el año pasado, en una audiencia pública, y que no dejarían sin revisar ningún detalle de su gestión.
“Habremos de abordar todos los asuntos que conciernen a la Fiscalía. No vamos a dejar un solo resquicio para poder señalar, inclusive consultar, cuestionar sobre los temas que tengan que ver con el trabajo que realiza el fiscal y la Fiscalía”, aseguró Reyes Reyes,
Con 12 votos a favor y 6 sufragios en contra, el Pleno del Congreso morelense aprobó, la madrugada del 14 de diciembre de 2023, la no homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de Uriel Carmona Gándara, titular de la FGEM, para mantenerlo en dicho cargo.
Con 230 votos a favor -de los grupos legislativos de Morena, así como de los partidos del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista Mexicano (PVEM)-, además de 22 sufragios en contra de Movimiento Ciudadano (MC) y 170 abstenciones -de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)-, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se erigió, el 13 de diciembre de 2023, como Jurado de Procedencia, para aprobar el desafuero de Carmona Gándara y que fuera procesado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante una sesión que se prolongó hasta la madrugada del jueves 14 de diciembre de 2023, el Poder Legislativo de Morelos determinó no poner a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF) a Carmona Gándara, por lo que la FGR o cualquier otra Fiscalía debería abstenerse de ejercer acción penal en su contra.
Además, el Congreso del Estado de Morelos resolvió no retirar la protección o inmunidad procesal penal a Carmona Gándara, que le concedían la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la morelense, así como la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
“Por lo que las autoridades ministeriales y policiales, tanto federales como locales, deberán abstenerse de iniciar o proseguir un procedimiento en su contra y menos aún ejecutar cualquier mandamiento de captura o privación de su libertad o de quererlo efectuar”, se indicó en el acuerdo parlamentario local.
Ante ello, las autoridades jurisdiccionales, tanto federales como locales, estarían obligadas a verificar que se agotó en contra de Carmona Gándara, el procedimiento de la declaración de procedencia por el Congreso del Estado, que también lo reconoció como titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, por lo que podría continuar ejerciendo dicho cargo, hasta su conclusión.
“En términos del Decreto número 2599, por el que se designa al Fiscal General del Estado de Morelos, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad número 5584 el 28 de febrero del 2018”, señaló el acuerdo parlamentario local.
En tanto que al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Francisco Erik Sánchez Zavala, se le otorgó la facultad de emprender toda acción necesaria, para la defensa de la soberanía de la entidad federativa, relacionadas con este asunto.
Asimismo, según las disposiciones transitorias, dicha declaratoria parlamentaria local surtiría efectos a partir de su aprobación y debería publicarse en la Gaceta Legislativa, así como en el periódico oficial del Gobierno estatal.
Asimismo, debería informarse a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la Fiscalía General de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a los centros de justicia penal del Poder Judicial de la Federación (PJF), a los poderes de la entidad, así como a Carmona Gándara.
“Congreso del Estado de Morelos aprueba Acuerdo Parlamentario con Declaratoria de No Homologación de la Declaración de Procedencia emitida por la Cámara de Diputados en el expediente SI/LXIV/DP/02/2020, contra Uriel Carmona, Fiscal General del Estado de Morelos”, indicó el Poder Legislativo estatal, en su cuenta de la red social X.
“Ha lugar a proceder penalmente en contra del C. Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del Estado de Morelos, como consecuencia del procedimiento de Declaración de Procedencia solicitado en su contra por el Agente del Ministerio Público de la Federación, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos Ejercicio Ilícito de Servicio Público, previsto en el artículo 214 fracción I, Código Penal Federal y Contra el Funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 139, fracción IV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, señaló el resolutivo presentado por la Sección Instructora de San Lázaro, el 13 de diciembre de 2023.
Según indicó el dictamen, con ello, quedó expedita la facultad del Ministerio Público de la Federación (MPF), para ejercer la acción penal correspondiente, en el momento en que lo determinara, contra Carmona Gándara. También señala que la declaración de procedencia se remitió al Congreso de Morelos para que, en ejercicio de sus atribuciones, procediera como correspondiera.
Sin embargo, ello sería “para el sólo efecto de que se ponga a disposición del Ministerio Público Federal al imputado, sin perjuicio de la facultad ya concedida en este dictamen a dicho órgano investigador, contenida en el resolutivo anterior”.
Por lo que no se reconoció el hecho de que el Congreso de Morelos ratificaría o no el desafuero del funcionario estatal, como sucedió con el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, proceso que fue avalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Carmona Gándara no se presentó en el Pleno de la Cámara baja del Congreso de la Unión, para realizar su defensa personal, sino que fue su abogado, Gabriel Alejandro Regino García quien habló. Mientras que en representación de la Fiscalía General de la República (FGR), el fiscal Juan Gabriel Morales Hernández expuso que el 7 de mayo de 2020, se recibió una denuncia anónima, en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la institución de procuración de justicia federal.
De tal denuncia anónima se derivó que el 8 de mayo de 2020 se generara la carpeta de investigación con nomenclatura FED/SEIDO/UEITA-MOR/0000286/2020, por los delitos de delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas contra la salud, en su modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra Carmona Gándara.
Posteriormente, Morales Hernández -acompañado de Emiliano Villa Caballero, fiscal de la Unidad Especializada en Investigaciones, Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la FGR-, detalló que el primero de octubre del año 2020, el ciudadano Óscar Daniel Álvarez Roja presentó otra denuncia contra Carmona Gándara, por no haber cumplido con los exámenes de control de confianza, cuando fue electo titular de la Fiscalía de Morelos, el 15 de febrero de 2018.
La FGR expuso que, siendo fiscal, Carmona Gándar hizo nombramientos a favor de Juan Jesús Salazar Núñez, Pérez Avilés Héctor David, Chávez Carmona José Alejandro, Lulo Juan Zaida Janeth, Toledo Camacho Norma, fiscal especializada en representación para grupos vulnerables y asistencia social, así como de Velázquez Luna Angélica Danaé, ex Secretaria Ejecutiva de la Fiscalía General del Estado de Morelos, sin que cumplieran con los exámenes de control de confianza.
“Es claro que Uriel Carmona Gándara, probablemente ejerció el cargo de Fiscal General del Estado de Morelos a partir del 15 de febrero de 2018 sin tener cubiertos todos los requisitos que la legislación exige para ocuparlo. Esto es, no contaba con la certificación para desempeñarlo”, explicó Morales Hernández a los legisladores, quien también dijo que al hacer dichos nombramientos a personal que tampoco cubría con los controles de confianza, Carmona Gándara cometió, presuntamente, el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
“Señoras y señores diputados federales, es claro que debe retirarse la inmunidad procesal con la que cuenta el señor Uriel Carmona Gándara, con la finalidad de que se pueda ejercitar la acción penal correspondiente”, solicitó el fiscal de la FGR.
Por su parte, Regino García aceptó que el Carmona Gándara no contaba con dicha certificación, al momento de asumir el cargo, así como los funcionarios nombrados por el fiscal de Morelos. Sin embargo, advirtió que no era requisito en la Constitución estatal y que todos los señalados, incluido el imputado, ya contaban con la certificación.
El abogado defensor argumentó que el desafuero era una “gran atrocidad” cometida contra Carmona Gándara, por ser titular de un órgano constitucional autónomo, perseguido, dijo, porque no se plegó a los designios del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Regino García recordó que desde el 2014, los gobiernos estatales habían hecho renunciar a 17 fiscales cuando se dio el cambio de Administración. Asimismo, enfatizó que desde el inicio de la Administración de Blanco Bravo, se le pidió a la Fiscalía estatal, proceder penalmente en contra la administración anterior de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.
“Han sido ya 17 fiscales a quienes los nuevos titulares del Poder Ejecutivo Estatal les han obligado a renunciar, con amenazas de denuncias disfrazadas de motivos personales, con lo cual, indirectamente se está violando un mandato constitucional […] Pero la investigación de un crimen no está basada única y exclusivamente en los ánimos políticos de venganza, sino en evidencias científicas y datos de prueba”, aseguró Regino García.
El abogado defensor manifestó que ello no fue casualidad, porque ante la negativa de la Fiscalía morelense a obedecer al Gobierno estatal, “de plegarse a un juego político que no le correspondía”, de repente surgieron las denuncias en la FGR contra Carmona Gándara.
Regino García expuso que ello se pidió “sin más pruebas que el simple ánimo de revancha o el cumplimiento de encomiendas indecibles”. E insistió en que no hubo delito, porque la Constitución de Morelos no exigía como requisito los controles de confianza. Agregó que, además, se le imputaba un delito que ya prescribió.
“Como no se le había podido doblegar, se le quiso imputar, como se ha hecho, la muerte desafortunada de una joven, sobre la que el Fiscal no tiene participación, ni responsabilidad alguna”, reclamó el abogado defensor.
“El fiscal del Estado de Morelos es inocente, no ha cometido ningún delito. Diputadas, diputados, en sus manos no solamente está su dignidad, sino la suerte que va a correr México en los siguientes años con fiscalías inclinadas e hincadas hacia el poder político y al poder punitivo”, puntualizó Regino García, quien también denunció que la FGR nunca citó a Carmona Gándra, para que conociera de la denuncia en su contra.
“¿Dónde quedan entonces los derechos constitucionales? ¿Dónde queda el derecho constitucional de poder defenderse ante el Ministerio Público? ¿Se va a anular o vamos a seguir procurando que cuando se trate de adversarios políticos hacer investigaciones en lo oscurito para de repente caerles con una orden de aprehensión? ¿Van a seguir autorizando esas mismas prácticas?”, planteó el abogado defensor, antes de la votación.
