Un gran jurado de la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago, presentó una acusación formal contra Ceferino Espinoza Angulo, alias “El 14” o “El Koyote”, que según el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) era un “alto miembro” del Cártel de Sinaloa, por presuntamente fabricar y distribuir fentanilo, cocaína, heroína y otras drogas, importándolas ilegalmente a Estados Unidos.
Según documentos judiciales citados por el DOJ, Espinoza Angulo, de 43 años de edad, empleó a “docenas de sicarios” en México, para proteger y apoyar a “Los Chapitos”, “Los Menores” y/o “Los Chiquillos”, como se le conoce a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, “El Chapito”, y a sus hermanos, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Güero Moreno” y/o “El Alfredillo”, así como a Joaquín y Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, todos hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, estos últimos presos en Estados Unidos.
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Espinoza Angulo presuntamente conspiró para obtener precursores químicos del fentanilo y para fabricar, distribuir e importar hacia Estados Unidos, fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina y éxtasis. Asimismo, supuestamente poseía ilegalmente una ametralladora, “para promover su plan de tráfico de drogas”.
Según el DOJ, “El Koyote” estaba acusado de asociación delictiva para tráfico de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. “Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 30 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. Se cree que Espinoza Angulo reside en México y se ha emitido una orden de arresto en Estados Unidos”, detalló el Departamento de Justicia de EE. UU.
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“Como se alega, el acusado conspiró para traficar drogas peligrosas, incluido el fentanilo, a los Estados Unidos, y empleó a docenas de hombres armados para proteger su operación de tráfico de drogas y el liderazgo de la facción Guzmán del Cártel de Sinaloa”, dijo la funcionaria supervisora Antoinette T. Bacon, de la División Penal del Departamento de Justicia, citada en un comunicado.
“Impedir que los cárteles mexicanos envenenen nuestras comunidades con fentanilo y otros narcóticos es una prioridad máxima de esta Administración. La acusación formal de hoy demuestra que la División Penal es implacable en su persecución de los narcotraficantes que se benefician a expensas del pueblo estadounidense”, agregó Bacon.
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“La crisis del fentanilo en nuestro país ha devastado a personas y familias en el norte de Illinois y en todo el país. Nuestra oficina seguirá trabajando con nuestros socios en la aplicación de la ley para interrumpir la producción y el tráfico de fentanilo y otros narcóticos peligrosos antes de que puedan llegar a más víctimas”, indicó, por su parte, citado en el mismo comunicado, Morris Pasqual, fiscal federal interino para el Distrito Norte de Illinois.
“Desde San Diego hasta Chicago y Washington D.C., estamos unidos para acabar con los traficantes que introducen estos venenos en las comunidades estadounidenses. Estamos atacando en todos los niveles, desde los traficantes callejeros hasta los líderes de los cárteles”, comentó, por su parte, Tara McGrath, fiscal federal para el Distrito Sur de California.
“Esta acusación refuerza el compromiso inquebrantable del FBI de exigir responsabilidades a quienes ponen en peligro a nuestras comunidades y trafican con violencia y drogas a través de nuestras fronteras”, señaló Chad Yarbrough, subdirector de la División de Investigación Criminal del Buró Federal de Investigaciones.
“Que esto sirva como un mensaje claro: si participa en actividades de cártel, lo perseguiremos y lo llevaremos ante la justicia. Junto con nuestros socios en la aplicación de la ley en todos los niveles, seguimos plenamente comprometidos con la protección del pueblo estadounidense y con detener el flujo de estas peligrosas drogas hacia nuestra nación”, enfatizó el mismo funcionario federal.
“El FBI y el Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional investigaron el caso. La División de Operaciones Especiales de la DEA, la Unidad de Investigaciones Bilaterales y el Grupo de Trabajo de Interdicción de Áreas de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad de la Unidad de Narcóticos y Crimen Organizado de la Oficina de Policía de Portland, Oregón, brindaron valiosa asistencia”, reveló el DOJ.
El abogado litigante Kirk Handrich de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Penal, los fiscales federales adjuntos Michelle Parthum y Andrew C. Erskine para el Distrito Norte de Illinois y el fiscal federal adjunto Matthew Sutton para el Distrito Sur de California procesaron el caso.
“El caso es parte de una operación del Grupo de Trabajo Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés). El OCDETF identifica, desbarata y desmantela organizaciones de narcotráfico y otras redes criminales que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque multiinstitucional, impulsado por la inteligencia y dirigido por fiscales, que aprovecha las fortalezas de las agencias de aplicación de la ley federales, estatales y locales”, finalizó el Gobierno de EE. UU.
