“El Mayo” no quiere juicio y podría declararse culpable si evita pena de muerte, asegura abogado en EU

Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, ex líder del Cártel de Sinaloa, estaría dispuesto a declararse culpable mediante un acuerdo con fiscales de Estados Unidos, si éste lo eximiera de enfrentarse a la pena de muerte, dijo, el 24 de febrero de 2025, el abogado Frank Pérez, a la agencia británica Reuters.

“El señor Zambada no quiere ir a juicio y está dispuesto a aceptar la responsabilidad de un cargo que no implica la pena de muerte”, dijo el litigante. “Un portavoz de la oficina del fiscal federal en Brooklyn, que presentó los cargos, se negó a hacer comentarios”, señaló Reuters.

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El juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, determinó, el 15 de enero de 2025, que Frank Pérez se quedaría como abogado del capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, que el caso era susceptible de pena de muerte y que existía la posible negociación de un acuerdo para que se evitara un juicio.

El cofundador del Cártel de Sinaloa podría afrontar la pena de muerte, a pesar de que fue abolida en el estado de Nueva York, en 2004, si el Gobierno de EE. UU. consideraba que por su participación en dicha organización delictiva trasnacional, clave en la crisis de sobredosis por fentanilo en Estados Unidos, incurrió en delitos federales graves, como asesinatos masivos o crímenes por terrorismo.

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Asimismo, Pérez seguiría al frente de la defensa de “El Mayo”, a pesar del conflicto de interés que representaba, al ser también abogado de Jesús Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, hijo del capo sinaloense, quien también era testigo colaborador del Gobierno de EE. UU. y potencial testigo en caso de un juicio en contra de su padre.

“Entiendo que mi abogado Frank Pérez me representa a mí y a mi hijo Vicente en el caso presentado en Estados Unidos […] no quiero tener un abogado diferente. Quiero que Frank Pérez me represente”, dijo Zambada García, en español, al juez Cogan, durante la audiencia llevada a cabo en sala 10-A Sur, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, quien convocó a las partes dentro de 90 días, a las 09:30 horas del 22 de abril de 2025 (tiempo local).

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“El Mayo” permanecía preso en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés). El 25 de julio de 2024 fue supuestamente privado de la libertad por Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno” -de 38 años de edad-, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

Zambada García estaba acusado en EE. UU. de 17 delitos, entre ellos, tráfico de fentanilo, metanfetaminas, mariguana, heroína, cargos por narcotráfico a gran escala. También de conspiración para cometer homicidios y dirección de una organización criminal.

La acusación contra Zambada García en Nueva York fue actualizada en febrero de 2024 y abarcaba un total de 17 cargos por narcotráfico a gran escala, de más de 250 toneladas de cocaína, exportada por cárteles colombianos como el del Valle Norte, el Cártel de Luis Caicedo “Don Lucho” y el de la familia Cifuentes Villa.

Además, el capo sinaloense estaba acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, de tráfico de fentanilo, metanfetaminas, mariguana, heroína, conspiración para cometer homicidios y dirección de una organización criminal, comenzando en 1989 hasta enero de 2024.

El mismo día, Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada García en México, dijo que la detención de “El Mayo” se trataba de un secuestro transfronterizo y su defensa legal exigía su repatriación a México desde Estados Unidos

El litigante explicó en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, que desde principios de la década de los 90 del Siglo XX, México y Estados Unidos firmaron el Tratado para Prohibir los Secuestros Transfronterizos, por lo que había pedido al Gobierno mexicano intervenir.

“Se toca el caso, casi hecho a la medida, del señor Ismael Zambada, porque una de las fracciones que maneja este tratado es que un particular no puede extraer por medio de la coerción o la fuerza, del territorio nacional de cualquiera de los Estados firmantes, a un individuo y ponerlo a disposición de la jurisdicción de otro país”, enfatizó el abogado.

Delgado González explicó que aún no tenían una respuesta oficial a la carta donde Zambada García pidió al Gobierno de México ser extraditado y juzgado en territorio mexicano, sin embargo, dijo que, de no obtener una contestación en un tiempo “razonable”, interpondrían un amparo para obligar a las autoridades a responder, ya que, según aseguró, se trataba de un derecho de “El Mayo” y concernía a la propia soberanía del país.

“Hablamos de un caso emblemático, de una persona que presuntamente es solicitada en ambos países por haber participado en la comisión de delitos, sin embargo, creo que esto atañe a más allá de una persona, a todos nosotros como mexicanos porque hablamos de un tema de soberanía, independencia y no intervencionismo”, sostuvo el litigante.

El abogado indicó que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos establecía que un Estado debería solicitar a otro la extradición de una persona en caso de ser acusada de un delito y cuando pudiera sancionarse el ilícito con pena de muerte, asegurar que esta no sería incluida en la condena o que no fuera aplicada, ya que, además, la pena de muerte estaba prohibida en el Artículo 22 de la Constitución mexicana.

“Existe una obligación por parte del Estado mexicano de solicitar al gobierno americano un compromiso redactado por el Poder Judicial de aquel país, que conforme a la Convención de Viena para relaciones diplomáticas es el único Poder que puede garantizar de manera suficiente que no se aplicaría esa pena de muerte”, insistió Delgado González.